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Pablo Cabañas Díaz
Después del terremoto, el Gobierno anunció que daría préstamos y apoyos económicos para la adquisición de materiales de construcción y mano de obra a los afectados. Este dinero sería costeado por el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en un 75% y con un 25% de recursos estatales. Según la web destinada a monitorear estos fondos, se han entregado más de 8 mil millones de pesos a más de 165 mil damnificados a fecha de siete de septiembre. Esto es más de la mitad de los damnificados totales, que ascendieron a 250 mil personas y se estima que 180 mil viviendas sufrieron daños con los dos terremotos de septiembre del año pasado. De esas, 50.610 tuvieron daños totales.
La  falta de respuestas de las autoridades a los problemas derivados de los sismos de 1985 y 2017 mostraron una vez más  la corrupción y evidenciaron la fragilidad del PRI-gobierno que meses después perdió la elección presidencial. En la segunda mitad del siglo XX mexicano, el 19 de septiembre de 1985, después del terremoto, los habitantes de la capital se dieron cuenta de que no podían dejarle al gobierno el control de los asuntos más importantes de sus vidas. No se puede olvidar que fue la sociedad civil la que en 1985 y 2017 encabezó las brigadas para buscar sobrevivientes, así como para remover cadáveres. Estudiantes, profesionistas, empresarios, trabajadores, amas de casa participaron  en esas  labores. La reacción por parte del gobierno no fue la esperada. Miguel de la Madrid tardó tres días para dirigirse a la nación. Peña Nieto en su  Sexto informe de gobierno  revela que, en todo el país, existen apenas “12 mil 916 instalaciones para resguardo de 2 millones 383 mil 121 damnificados”.
La incapacidad  para apoyar a la población en casos desastre es evidente si tomamos en cuenta que el propio gobierno federal calculó en más de 12 millones de personas las damnificadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. El problema se  percibe a un año con mayor fuerza en 400 municipios de las entidades afectadas (Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Estado de México).
El censo de los poco más de 12 mil albergues se obtuvo, indica el Informe de Peña, con información de las 32 entidades federativas, a partir de la cual “se conformó el Catálogo nacional de refugios temporales, los cuales están georreferenciados para una localización precisa”. En caso de ocurrir un gran desastre o emergencia, el albergue disponible para apenas 2.3 millones de personas sería, otra vez, insuficiente como lo fue en septiembre del año pasado. Desde 1985 siguen las fallas estructurales en la prevención y atención de desastres y emergencias.  Fue evidente en 30 años que el mal manejo de los recursos públicos, sea por corrupción, fraude o negligencia fue el común denominador que prevaleció en los gobiernos del PRI. 1985, las certezas del poder se empezaron a colapsar,  hoy como hace 32 años,  la investidura presidencial se percibe devaluada, sin liderazgo, sin argumentos frente a los damnificados.

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