MÉRIDA.— Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará si ordena al estado de Yucatán legalizar el matrimonio igualitario, una medida que abriría la puerta a juicios similares en otras partes del país. Esta decisión es producto de un amparo presentado en abril de 2019.
En 2015, máximo tribunal de México declaró que era inconstitucional prohibir el matrimonio a parejas del mismo sexo por ir en contra del principio de no discriminación, por lo que la única solución era que los congresos locales modifiquen su legislación.
Sin embargo, hay 11 Congresos locales, entre ellos el de Yucatán, que se han negado a corregir sus códigos civiles y familiares. Por lo que las parejas del mismo sexo que desean casarse en estas entidades solo tienen como opción el tramitar un amparo para que un juez federal ordene el matrimonio, caso por caso.
En 2019, el Congreso de Yucatán rechazó una iniciativa que permitía el matrimonio igualitario; ante ello, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) presentó una demanda de amparo por ir en contra de lo señalado por la Suprema Corte y por incumplir su deber de adecuar su legislación.
https://twitter.com/ColectivoPTFYuc/status/1364568659369295873?s=20
Corresponderá a la Primera Sala de SCJN decidir si aprueban el proyecto de sentencia redactado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el cual se declara que los Congresos locales no pueden emitir normas que la jurisprudencia del Máximo Tribunal ya declaró incompatibles con la Constitución por discriminar a ciertos grupos históricamente excluidos.
Por otra parte, alrededor de 45 organizaciones en favor de los derechos de la comunidad LGBT+ se unieron para exhortar a los ministros a votar a favor del proyecto de del González Alcántara Carrancá. “Los Congresos locales no pueden arbitrariamente decidir que en sus entidades el alcance del derecho a la no discriminación será menor al que dicta la Constitución“, señalaron.
“Es importante que esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación marque un precedente para evitar que las autoridades continúen incumpliendo lo que ya ha sido delimitado por la jurisprudencia temática de nuestro Máximo Tribunal, afectando los derechos humanos de las personas (…). Confiamos en qué como en otras cosas esta corporación estará a la altura del debate constitucional y fortalecerá“, apuntaron.
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AM.MX/Dsc
