Madre buscadora de Sonora exige seguridad a la FGR ante amenazas de muerte

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CIUDAD DE MÉXICO.— Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) garantizar su seguridad ante las amenazas de muerte que ha recibido en las últimas semanas a raíz de su activismo a favor de la búsqueda de desaparecidos.

La mañana de este martes, Cecilia Patricia acudió, acompañada de otros activistas como Bryan LeBaron, a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México para presentar una denuncia penal luego de que desde el penal estatal de Hermosillo, Sonora, salieran llamadas y mensajes intimidantes en su contra.

“No quiero morir sin encontrar a mis hijos, le han puesto precio a mi cabeza ofrecen 50 mil pesos por matarme. Tengo un botón de pánico que no nos protege, necesito seguridad permanente”, manifestó. “Nos llegó información de un penal de Hermosillo que me iban a matar”.

Cecilia Patricia aseguró que a pesar de las constantes amenazas de muerte no dejará de buscar a su hijo ni de apoyar a otras madres buscadoras. “Seguiré alzando la voz hasta ser escuchada y espero que no alce la voz tan fuerte y pise unas piezas tan sensibles y que acaben con mi vida”, expresó.

Enfatizó que las autoridades no han hecho nada y que no le pueden dar protección permanente porque no quiere dejar de buscar, “esa fue la orden de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López… que tengo que dejar de buscar y que ellos no pueden participar en la búsqueda”.

La madre buscadora calificó como lamentable vivir esta situación y expresó que tiene que permanecer en el monte, porque ahí sí tienen seguridad. Reiteró que está cansada de luchar, pero no se puede rendir porque tiene dos hijos que tienen que regresar a casa y miles de madres confían plenamente en ella para que sus hijos puedan ser localizados.

⇒ Marco Antonio, uno de sus dos hijos, desapareció en Bahía de Kino, Sonora, el 4 de mayo de 2019. También tiene extraviado a su hijo Alejandro desaparecido en Los Mochis, Sinaloa, en octubre de 2015.

Afirmó que no hay apoyo gubernamental para las organizaciones civiles dedicadas a buscar sitios en donde integrantes de la delincuencia organizada presuntamente inhumaron a sus víctimas, y que “las comisiones estatales de búsqueda no están funcionando, para sus funcionarios hay hasta camionetas de lujo, pero no participan en las acciones de búsqueda”.

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Redacción/dsc
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