Lilia Arellano.
“Leyes mezquinas engendran grandes crímenes”: María Louise Ramé
- Militarización
- Aprueban Ley de Seguridad Interior en San Lázaro
- “Muy preocupante” el modelo de seguridad: ONU
- Amenazas a las garantías básicas, alerta la CNDH
- Amplia la ventaja de AMLO sobre Meade y Anaya
- Por “incertidumbre”, FMI amplía crédito a México
Ciudad de México, 01 de diciembre de 2017.- Dentro de la armadura de impunidad construida en su entorno, el presidente Enrique Peña Nieto empujó la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados, la cual legaliza la militarización de México, atenta contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contraviene tratados internacionales, hace explícita la violación a los derechos humanos y promueve la ilegalidad. También entierra las promesas del entonces candidato presidencial del PRI en 2012, de implementar un plan paulatino de retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad, y el fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno.
Durante la inauguración de las instalaciones de la undécima Brigada de Policía Militar, en San Pedro de las Colonias, Coahuila, Peña Nieto impulsó dicha ley: disponer de una Ley de Seguridad Interior en el país pasó de ser una valiosa propuesta para convertirse en una “imperiosa necesidad”, declaró y llamó al Poder Legislativo a aprobar un marco jurídico para la actuación de las fuerzas armadas en tareas de combate a la delincuencia. Insistió: “hace falta un marco jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad pública” y para ello se requiere una ley por la cual “con absoluta claridad” se definan los medios y alcances del respaldo solidario que hoy proporcionan las fuerzas armadas en diversos estados y municipios.
El llamado del presidente fue atendido de inmediato en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Por la mañana del jueves y tras dos horas de posicionamientos, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, la cual regula la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad y combate al crimen, con el aval de 18 votos a favor del PRI, PVEM, Panal y uno del PAN, y 13 en contra del PAN, PRD, Morena y MC. El ordenamiento permitirá a las Fuerzas Armadas Federales (Ejército y Marina) actuar contra la delincuencia de manera permanente, y al Ejecutivo emitir la declaración de Seguridad Interior en determinadas zonas geográficas. La discusión en el Pleno iniciLa ley señala: las autoridades que participen mente hacer la declaracise haraisladores esta madrugada. clamaron falta de claridao con la dispensa de trámites, a fin de que los diputados aprobarán la nueva ley. Su aprobación se preveía asegurada pues en el salón de sesiones el PRI logra conjuntar el 50 más uno por ciento de los votos totales requeridos, pues al no ser constitucional, sólo necesita mayoría simple.
Panistas, morenistas, perredistas y Movimiento Ciudadano expusieron se podía estar cometiendo “una de las irresponsabilidades históricas en el proceso de construir instituciones sólidas; no se regula la Seguridad Interior, está hecha a la medida en términos de la intervención, en Seguridad Pública, de las Fuerzas Armadas; mejor reconozcamos que estamos en guerra”, apuntaron.
Pero con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, fue aprobada en lo general la Ley de Seguridad Interior, mediante la cual se da certeza jurídica a las tareas de las fuerzas armadas contra el crimen organizado. Así, las fuerzas armadas podrán actuar contra la delincuencia organizada de manera permanente, y el Ejecutivo federal emitir la declaratoria de Seguridad Interior en determinadas zonas geográficas.
Al arrancar la discusión, diputados del PRD y Morena exhibieron mantas: “Ley de seguridad interior atenta contra derechos humanos. ¡No a la militarización del país! #SeguridadSinGuerra”, señalaba la leyenda desplegada debajo de la tribuna, cuando los del Sol Azteca, morenistas y del MC pretendían detener el debate. En la zona de curules de Morena fueron colocadas dos cartulinas, en las cuales se indicaba: “1161 días que nos faltan + de 43”; “Ayotzinapan 3 años, 2 meses, 4 días que nos faltan + de 43”.
Pero no lograron detener el debate. Se logró la aprobación en lo general. Todos los artículos de la Ley de Seguridad Interior fueron reservados por partidos de oposición. Un total de 44 oradores, principalmente del PAN, PRD, MC y Morena desahogaron 101 reservas, en donde reclamaron falta de claridad en las definiciones contenidas en la ley como la de “amenaza” y “seguridad nacional”. “Esta ley se hizo al vapor”, reclamó en la primera reserva el diputado David García, del PRD, al señalar el dictamen votado en lo general lo recibieron los legisladores esta madrugada.
En la discusión de las reservas a artículos específicos, las observaciones de los opositores simplemente fueron rechazados y tiradas al basurero parlamentario. La mayoría se impuso: con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones fue aprobada en lo particular la Ley de Seguridad Interior, por lo cual ésta pasa al Senado de la República para su análisis y, en su caso, modificación o aprobación.
La nueva legislación permite a las fuerzas armadas participar en las tareas de combate al crimen organizado cuando las autoridades civiles se vean rebasadas. El Presidente de la República podrá, por sí o a petición de las legislaturas estatales o de los gobernadores, ordenar la actuación de las fuerzas armadas en un territorio y tiempo determinados. Esto se hará a través de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual debe ser sometida a la consideración del Consejo de Seguridad Nacional, notificada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
No obstante, ante una emergencia, el Presidente puede ordenar la reacción inmediata de las fuerzas armadas y posteriormente hacer la declaración. La ley señala: las autoridades que participen en función de la propia norma, están obligadas en todo momento a respetar los derechos humanos y garantías constitucionales. “Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior”, aclara.
“MUY PREOCUPANTE”, MODELO DE SEGURIDAD: ONU
Sobre el dictamen de Ley de Seguridad Interior, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, aseguró: desde la perspectiva de las garantías fundamentales, el actual modelo de seguridad en México –con el uso de las fuerzas armadas- “es muy preocupante”.
El funcionario de la ONU planteó: “la posición de la Oficina del Alto Comisionado es bien conocida. Se necesita una reflexión inclusiva, honesta, pública, sobre lo que funcionó y lo que no en el modelo de seguridad actual. A partir de 2006 –cuando inició la guerra contra el crimen organizado- se multiplicaron las graves violaciones de derechos humanos, entonces desde esta perspectiva el modelo actual de seguridad evidentemente es muy preocupante”.
Jarab destacó: “entre 2004 y 2006 los homicidios en México estaban en su nivel más bajo históricamente, y ustedes saben cómo estamos hoy, con las cifras de este delito en lo más alto, siendo el mes de octubre de este año el máximo histórico de asesinatos en el país… Nos parece se necesita una reflexión sobre una posible salida de este paradigma y dar más fuerza a las policías a varios niveles, pero también se necesita dar mucho más enfoque en la dimensión preventiva, en la seguridad ciudadana, entonces privilegiar la protección de las vidas humanas y eso sí es algo que vamos a continuar impulsando cualquiera que sea el resultado de la votación en el Congreso… El problema no se resuelve al legislar (elementos) que petrifiquen el status quo”.
En lugar de legalizar las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, recomendó se haga un regreso gradual de los militares a sus cuarteles. Además de emprenderse políticas públicas las cuales abonen en la prevención y no en la represión, éstas van desde el combate a la pobreza y el impulso de la economía, entre otras.
AMENAZA A GARANTÍAS BÁSICAS: CNDH
Desde antes de iniciarse en comisiones de la Cámara baja la discusión en torno a la Ley de Seguridad Interior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió de los potenciales riesgos en el ámbito del reconocimiento, respeto y protección a las garantías individuales. El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez anotó: “una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”. La probación de dicha ley permite siga relegándose a las policías civiles a una papel marginal dentro de las políticas públicas inherentes a la seguridad de las personas, las cuales dan prioridad a la acción de las fuerzas armadas.
Hace más de una década, la falta de capacidades y recursos en las instituciones policiales, la nula o deficiente planeación y coordinación entre las mismas, así como su posible infiltración por parte de organizaciones criminales, propiciaron se tomara la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en las acciones de seguridad, medida que era excepcional y de carácter emergente y temporal. Ahora esto continúa ante “la falta de acciones efectiva e integrales para el fortalecimiento de las policías en los distintos órdenes y niveles de gobierno”, destacó la CNDH.
Los riesgos implícitos en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior son múltiples y de diversa gravedad: “van desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la seguridad nacional con la seguridad interior, una definición sumamente amplia y ambigua de esta última permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica; la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia; la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las fuerzas armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la transgresión a los derechos de reserva a favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en ese ámbito”, subrayó la CNDH.
MILITARIZAN A MÉXICO: WOLA
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Robert F. Kennedy Human Rights manifestaron su preocupación ante el avance de la Ley de Seguridad Interior en México, la cual, sostuvieron, “militarizaría” al país.
Once organismos extranjeros, liderados por los mencionados, señalaron la Ley de Seguridad Interior sienta un precedente negativo en América Latina, pues pone en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos aprobadas recientemente en el país. “Durante décadas nuestras organizaciones han documentado las afectaciones a los derechos humanos a consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso continuo de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país. En el contexto de dicha estrategia hemos comprobado los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad, incluyendo grupos militares, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos”, destacaron en un pronunciamiento conjunto.
AMLO CON AMPLIA DELANTERA
La más reciente encuesta de un diario de circulación nacional confirma: al arrancar el proceso electoral hacia el 2018, “Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se posiciona como el puntero de la contienda”. El aspirante presidencial de Morena concentra un tercio de la intención del voto (31%) al momento de levantar el sondeo, seguido por Ricardo Anaya, de consolidarse el Frente Ciudadano por México con PAN-PRD-MC, con 19%, mientras el aspirante priísta, José Antonio Meade, registró 17%.
De no consolidarse el FCM, Anaya y Meade registran 16% de la intención del voto, mientras López Obrador sube a 32 por ciento. En todos los posibles escenarios, el tabasqueño encabeza ampliamente la intención del voto rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, a pesar del enorme despliegue propagandístico desplegado para posicionar al ex secretario de Hacienda.
De acuerdo a la opinión de López Obrador a José Antonio Meade, aspirante presidencial del PRI, le falta honestidad y carisma, ya que, pese a la ayuda, está en tercer lugar en la carrera por la Presidencia de la República. “Ni con la abrumadora campaña mediática del destape la mafia del poder pudo colocar a Meade en segundo lugar. Además de honestidad, le falta carisma”, publicó en su cuenta de Facebook.
AMLO ha calificado a Meade como “señoritingo” y “títere” y ahora también le atribuyó una mentalidad señoril, sin atracción entre los mexicanos. “Don Daniel Cosío Villegas, en 1946, decía que los panistas de entonces no tenían “sex-appel para el pueblo mexicano” y se distinguían por su “mentalidad señoril”, escribió el dirigente opositor.
Por su parte, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, aseguró el Frente Ciudadano por México será invencible, de concretarse. En la recta final para saber el futuro del Frente, el mandatario capitalino explicó no está obsesionado por ser el candidato y pidió despojarse de vanidades.
Ex gobernadores, ex legisladores y un grupo de activistas recomendó al Frente Ciudadano por México definir mediante entrevistas, debates y encuestas el método para elegir a su candidato a la Presidencia. El posicionamiento presenta a los dirigentes del PAN, PRD y MC una propuesta para seleccionar candidaturas con inclusión, igualdad de condiciones, transparencia y máxima publicidad.
“Conminamos a los líderes de los partidos que han constituido el Frente Ciudadano por México, a definir el método de selección antes de que se cumpla la fecha límite para la inscripción de los precandidatos, pues sólo así se generará confianza entre los diversos aspirantes, para participar en la contienda interna”, señala el posicionamiento firmado por la ex senadora Marta Tagle, el ex diputado Fernando Belaunzarán, los ex gobernadores panistas Carlos Medina Plascencia y Patricio Patrón Laviada, el ex diputado Calos Arce y el ex portavoz presidencial Rubén Aguilar Valenzuela.
CUENTA REGRESIVA
Hoy se registra el día de la cuenta regresiva. El siguiente primero de diciembre habrá un nuevo rostro ejecutando la promesa de cumplir y hacer cumplir los mandatos constitucionales, culminando con: “si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”. Y si tal juramento se cumpliera a cabalidad, otro gallo nos cantaría. Sin embargo, lo primero en salir a la luz es que una vez portando la Banda Presidencial, la Nación consideran son ellos, es de ellos, serán ellos quienes determinarán el rumbo a seguir de más de 125 millones de mexicanos y su voz será orden, mucho más firme y obligada a cumplirse que las expresadas durante Siglos por los monarcas, los zares. El gran Tlatoani surge aplastante sobre sus gobernados.
¿En qué momento perdemos la memoria? Porque a la forma en la cual se publicita el aspirante a candidato –así lo manejan en el argot partidista oficial- del tricolor; a todo lo ya referido y ejecutado a su paso por las secretarías ocupadas durante sexenios panistas y priistas, se une lo puesto de nuevo sobre el escritorio expresado por Jorge Castañeda, persona a la cual mucho le tienen que agradecer los ciudadanos en lucha por la candidatura como independientes: “Meade es un personaje que ocupó cargos de gran importancia en los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, ambos corruptos y sanguinarios en lo que no podía no saber lo que sucedía”.
Recordó la gran estafa maestra, la denunciada sin que hasta ahora se hubiese registrado movimiento alguno en contra de quienes llevaron a cabo semejantes desvíos. Y esto se llevó a cabo durante el 2012 y 2013, cuando Meade Kuribreña tenía la responsabilidad del manejo de esos fondos. Las cantidades entregadas a Josefina Vázquez Mota, mil millones de pesos para su fundación protectora de migrantes fantasma, se llevó a cabo durante la titularidad de JAMK en Relaciones Exteriores. Durante este año puede señalársele con índice de fuego por el dinero de las arcas públicas desviado para la campaña suntuosa de Alfredo del Mazo. Él mismo acudió al Estado de México para entregar dádivas no autorizadas en ningún presupuesto.
De pesos y centavos don José Antonio sabe y mucho. De los recaudados y nunca ingresados, de los desviados, de los aplicados en renglones ajenos totalmente al gasto gubernamental. Es causante de una falta homologación del IVA en las fronteras. Se le acusa de haber provocado el cierre de cientos, miles de pequeñas y medianas empresas, de todas las tienditas y changarros cuyos impuestos merecían tasa fija y en los cuales no pudo soportarse la paga de un contador, de quien manejara las computadoras. Igual daño causó con los pequeños productores del campo a los cuales los bodegueros les cobran por las facturas expedidas para poder adquirir sus productos. Eso sí, es bueno para retornar a los viejos dichos o a las expresiones taurinas: “voy a cortar rabo y orejas”..
“Ni hablar, mujer traes puñal”, le diría su tocayo “Pepe El toro”.
DE LOS PASILLOS
México sigue enfrentando “una significativa incertidumbre” en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “que podría pesar sobre el crecimiento”, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo cual acordó renovar por dos años una línea de crédito no condicionado al gobierno mexicano. El país tendrá a su disposición por otros dos años y por un monto de 88 mil millones de dólares la llamada Línea de Crédito Flexible (LCF), un mecanismos que pone a disposición de un reducido grupo de países financiamiento, sin necesidad de que deban asumir compromisos de política económica con el FMI…
Al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, diputados de oposición le reclamaron la inseguridad resentida en la entidad, durante su comparecencia por su Primer Informe de Gobierno. Durante los primeros 10 meses de la administración del panista, el crimen y la violencia en la entidad se dispararon. Los homicidios y secuestros aumentaron 39 y 37 por ciento, respectivamente. Armando Malpica, coordinador de los diputados de Morena en la entidad, destacó el fracaso de la seguridad en el Estado. “Hay un fracaso en materia de seguridad pública e incremento de la criminalidad. Preservar la vida y el patrimonio de los veracruzanos es la primera e ineludible responsabilidad de los gobernantes, a tal grado que se puede afirmar que gobierno que no sirve de preservar la vida de sus ciudadanos, no sirve para gobernar”, sentenció.
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