Lilia Arellano/
- EPN, sepulturero del neoliberalismo
- Resiente México daños de las políticas salinistas
- #LeyGolpista revela riesgos de la militarización
- Más violencia y violación de derechos humanos
- Ley de Seguridad Interior, innecesaria: Valadés
- Art. 29: urge reglamentar el Estado de excepción
Ciudad de México, 15 de febrero de 2017.- Conforme avanza el tiempo el panorama se recrudece y disminuyen las alternativas para retornar a las etapas de equilibrio. Para algunos analistas los sucesos registrados en el mundo marcan el fin del neoliberalismo y, en algunos años, la desaparición del imperio norteamericano. Advierten, es Donald Trump quien está apresurando esa etapa y, en México, Enrique Peña Nieto emerge como el sepulturero del proyecto económico iniciado con Miguel de la Madrid al momento de permitir fuera Carlos Salinas de Gortari quien marcara las directrices a seguir, mismas materializadas en su totalidad a su llegada al poder presidencial.
En una revisión muy por encima, podemos percatarnos de todos los daños generados, los cuales lejos de ingresarnos a una estadía de vida superior arruinaron la de millones de mexicanos. Sobre el renglón salud muy poco bueno puede señalarse. Según últimos reportes, las cartillas de vacunación de los menores están completas solamente en un 60 por ciento, es decir, el 40 por ciento restante no cuenta ni siquiera con esa protección. Los inmuebles destinados a este sector no sólo son insuficientes sino ya acusan ruina. Ni que decir de la nula investigación, de adquisiciones de medicamentos de dudosa procedencia y fórmula. La explotación laboral de médicos y enfermeras impide una satisfactoria realización de su profesión. Las carencias de material y equipo son de sobra conocidas al igual que la corrupción.
Nada se ha avanzado y, como se dijo en su momento, el gran fraude a los ciudadanos fue la venta del Seguro Popular, tan limitado como inservible para la inmensa mayoría. En otro aspecto de los más importantes está la educación la cual también está en situación desastrosa. Los edificios, el 90 por ciento de las escuelas están dañadas en su estructura y apariencia. Las carencias se ven desde todos los ángulos. No existe, porque la erradicaron, la formación correcta de valores cívicos, además de no contar con un plan de enseñanza en el cual no se contemplen sexenios, sino de la manera más simple se hagan adaptaciones de acuerdo a los avances tecnológicos que, poco o nada tienen que ver con la historia de los pueblos, con los conocimientos básicos intemporales.
La vivienda es cada día más costosa y su construcción pésima. Se autorizaron espacios en los cuales aumentaron lo que pretendían eliminar: hacinamiento y promiscuidad. Además de los vicios ocultos, de la utilización de materiales de muy mala calidad, las áreas ofrecidas para parques, escuelas, centros comerciales, quedaron en promesas y sobre ellas siguieron multiplicando las casas. Dicen los empresarios del ramo, la causa de imponer precios altos es derivada del pago de IVA realizado a todos los materiales utilizados, a lo cual se agrega costo e intereses del financiamiento. Ningún punto de vista es contemplado por una autoridad interesada en recibir su comisión a costo de dar todas las autorizaciones necesarias y de hacerse de la vista gorda para eternizar la entrega de los financiamientos.
Empresarios, industriales y comerciantes medianos y pequeños enfrentan grandes incertidumbres y viven acosados por las autoridades hacendarias. Quiebras y cierres se hacen por decenas cada 24 horas. Desconocen cuanto tiempo le llevará a quienes manejan economía y finanzas nacionales percatarse de las malas políticas aplicadas mismas causantes de la parálisis existente. Frente a los beneficios recibidos por los gigantes, los de la macro economía tan lucidora en los discursos, están los padecimientos de quienes hacen esfuerzos diarios por mantenerse a flote.
Los trabajadores, la sociedad en su conjunto, se ve permanentemente amenazada. Los bajos salarios, la pérdida del valor adquisitivo, la certeza de la existencia de gobiernos corruptos y derrochadores generadores de pobreza y miseria, conforma un panorama nada halagador en donde pretenden incrustar al recién llegado a la Casa Blanca de los Estados Unidos como el culpable. Ya se vio y muy claramente con la ausencia de los millones de mexicanos disgustados con las acciones y decisiones adoptadas por el gobierno en el presente, no son digeribles estos argumentos. El enemigo está en casa, duerme en una mansión pagada con nuestros impuestos y su promesa de defender con el alma y con el cuerpo a México queda muy corta ante la negrura del alma demostrada al no mostrar ninguna acción benéfica para el pueblo y con una estatura muy chaparra para poder enfrentar a cualquiera que mida un centímetro más.
Ahora que, si como dicen es el fin del neoliberalismo y la oportunidad de recobrar muchos objetivos eliminados por los “niños de Harvard” y los “Chicago boys”, ¿a partir de cuál base puede lanzarse una nueva etapa? El petróleo ya no es considerado patrimonio, y su manejo no será a través de quienes podrían darle un sentido correcto, lo eliminaron como estratégico para dejarlo como prioritario y esto último requiere de una jerarquización hecha a manera de quien tenga el mayor poder. Para terminarla de amolar, han rematado las áreas generadoras de ingresos necesarios y suficientes. La energía eléctrica, su generación y en poco tiempo su distribución, también estará en manos extranjeras.
Se generaron los cambios para hacer del campo otro negocio en manos de particulares y no de aquellos durante años ciertos de que “la tierra es de quien la trabaja”. Las costas están en un punto crítico de autorizarse la escrituración de extranjeros en esos puntos y en las fronteras. Para los abusadores queda todavía por ser explotada la mano de obra y esa es la que parecen estar dispuestos a darle también salida a través de remate, o mejor dicho se la han dado al dejar a los trabajadores sin prestaciones sociales como obligación patronal, para ello crearon las Afores y el Seguro Popular, para poner el cierre total alteraron la Ley Laboral y las liquidaciones han pasado a quedar en el olvido.
Sin embargo, demostrado está, los mexicanos hemos sorteado un sin fin de retos, se ha logrado salir avante en las situaciones mas difíciles y no ha faltado la imaginación y el esfuerzo para lograrlo. Hace falta, sin duda, un liderazgo, pero mientras se toma ese tipo de decisiones seremos nosotros quienes tomemos el toro por los cuernos y lo que se tenga que enfrentar se hará y no precisamente a través de las redes sociales, ¿o si?
#LEYGOLPISTA
La estrategia implementada desde el gobierno de Felipe Calderón de incorporar al Ejercito y la Marina a las labores de las autoridades civiles para recuperar territorios perdidos ante la delincuencia organizada ha fallado estrepitosamente. Así lo demuestran los datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, de diversas ONGs, así como las denuncias de decenas de miles de familias por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. A pesar de todo, diversos sectores del gobierno federal insisten en legalizar su permanencia en esas labores, pero “por seis meses”, mediante la emisión de una “ley de seguridad interior”, la cual facultaría a las fuerzas armadas a realizar labores de investigación y detención de posibles delincuentes, profundizaría la participación castrense en tareas ajenas a su vocación y evitaría en un futuro pudieran los uniformados ser llevados a juicio por violación de derechos humanos.
De aprobarse la #LeyGolpista existe el riesgo de incremento de los hechos de violencia y violación de derechos humanos en lugar de desaparecerlos. Pretenden legitimar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública –las cuales les corresponden a las autoridades civiles- además de que se debilitarían los contrapesos del Poder Legislativo y Judicial para vigilar y controlar la ejecución de sus tareas. Las condiciones de irregularidad de la vida institucional mexicana no pueden perpetuarse indefinidamente sin que se ponga en crisis la vida misma de la democracia, advierte el constitucionalista Diego Valadés Ríos.
La presencia de las Fuerzas Armadas aumenta la violencia, en vez de reducirla. Una investigación realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) destaca: durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se registraron altos índices de letalidad durante los enfrentamientos con participación de las Fuerzas Armadas, en los cuales siempre hubo más muertos que heridos. En el sexenio pasado se reportaron 3 mil 327 combates en los cuales estuvieron involucrados integrantes de las Fuerzas Armadas: cuatro de cada diez combates fueron “eventos de letalidad perfecta”, o sea, enfrentamientos en los cuales sólo se registraron muertos y ningún herido.
Para el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ex diputado federal y ex procurador general de la República, Diego Valadés Ríos, la “ley de seguridad interior” que buscan los militares es innecesaria. No sólo pretenden legalizar lo que han hecho, sino también hacer permanente lo que debe ser temporal. Civiles y militares han reconocido que lo que está ocurriendo en la intervención de los militares no tiene fundamento constitucional ni legal, y lo que se está haciendo con la elaboración de una Ley de Seguridad Interior es la legalización ex post facto de lo que está ocurriendo ante facto; es decir, lo que está dándose en la realidad”, señaló en entrevista.
El constitucionalista asegura la intervención de los militares en el combate al narcotráfico debió haberse visto y resuelto hace mucho tiempo: “yo planteé hace 10 años, desde 2006, que se aplicara el artículo 29 constitucional”, el cual autoriza los estados de excepción. “Existen los instrumentos y las bases constitucionales del Estado de excepción que permitían tomar eso: medidas de excepción, tales como darles intervención a las Fuerzas Armadas en carácter de policía. No se hizo, habiéndose tenido los instrumentos”, sostiene y lamenta: la salida ha sido contraproducente: “como no hemos puesto en práctica las leyes que prevén la excepcionalidad, hemos establecido la excepcionalidad por la peor de las vías: la vía de hecho”.
Las ventajas de la declaración de estados de excepción es que el Congreso le da al gobierno la facultad de intervenir para dar seguimiento a la medida, además de que le impone la obligación de informar periódicamente acerca del uso de las facultades excepciones. En ese sentido no es necesaria una “ley de seguridad interior”, basta con aplicar lo que ya existe. Sí es necesaria una ley reglamentaria del artículo 29 y se puede hacer esa ley. “La gran diferencia es que una ley de seguridad interior convierte en permanente lo que desde mi punto de vista debe ser excepcional. La intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad debe ser excepcional, y por eso debe ser regulada conforme al 29; sólo mientras duren las condiciones de excepción y no de manera permanente, porque lo que se va hacer con esa ley es convertir en permanente lo que debe ser transitorio.
PRESIONAN EJÉRCITO Y ARMADA
La semana pasada los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, general Salvador Cienfuegos y almirante Vidal Francisco Soberón, respectivamente, se reunieron por dos horas con legisladores federales, para presionar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, también conocida como #LeyGolpista, cuya finalidad es regular la función del Ejército para preservar la seguridad interior, el Estado de derecho y los derechos humanos, aunque el fin último es evitar en el futuro puedan los militares ser llevados a juicio por violación a derechos humanos. Los legisladores del PRI adelantaron que la Cámara de Diputados aprobará dicha ley antes del 30 de abril.
La Ley de Seguridad Interior significaría entregarle a las Fuerzas Armadas facultades para investigar y perseguir delitos, funciones para las cuales no están capacitadas. A las operaciones militares de rutina –como patrullajes, custodia de instalaciones estratégicas y asistencia a la población en casos de desastre- se le sumarían “otras que pueden ser necesarias”. Según su promotor, César Camacho Quiroz, se deben definir los límites de las Fuerzas Armadas y “otorgar certeza jurídica a los ciudadanos sobre la actuación del Ejército y la Marina en las calles”. Pero la iniciativa carece de mecanismos efectivos de control por parte del Congreso mismo y de rendición de cuentas por parte de los militares.
Empantanado en la guerra contra el narcotráfico, la cual “vamos ganando”, dicen, el Ejército mexicano reclama a los legisladores un marco legal que dé sustento a su participación en labores de combate a la delincuencia. Enfrenta señalamientos de diversos sectores de la sociedad y organismos internacionales, de cometer violaciones graves a los derechos humanos. Amplias capas de la población reclaman al gobierno de Enrique Peña Nieto el regreso de la milicia sus cuarteles, como lo prometió durante la campaña presidencial.
Dos días después de la reunión de los titulares del Ejército y Marina con los legisladores federales, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del PRI de una ley de seguridad interior, la cual regula la intervención de las fuerzas armadas en operativos ante amenazas de la seguridad pública. A favor votaron PRI, PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano, en contra se pronunciaron PRD y Morena.
Una “Ley de Seguridad Interior” sería inconstitucional porque el artículo 73 de la Carta Magna no faculta a diputados y senadores a legislar sobre esta materia por más que se afirme que la seguridad interior es una vertiente de la seguridad nacional en cuyo caso, debiera primero reformarse la Ley correspondiente, sin dejar de subrayar las limitaciones que establecen los artículos 21 y 129 de la Constitución sobre el papel de las Fuerzas Armas en tiempos de paz, destacó Jesús Zambrano, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en los regímenes autoritarios “el concepto de seguridad está asociado a conceptos como el de “seguridad interior”… en referencia a la seguridad del Estado y no de las personas. Una ley así tendría serios problemas de inconvencionalidad, por ser contraria a los compromisos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos.
En un clima de frágil estabilidad social, no vale la pena una polémica ley con vigencia de seis meses. En su lugar debe legislarse sobre el mando mixto policíaco y lograr un compromiso claro y tajante en el seno del Consejo Nacional de Seguridad el cual fije plazos a los gobiernos locales para tener policías profesionales. “Ante la reiterada amenaza del envío de tropas estadounidenses, como en Colombia, esquema en el cual el Ejército mexicano quedaría subordinado a los marines gringos, tajantemente hay que oponernos. Y en caso de que sucediera, las Fuerzas Armadas mexicanas deben ser declaradas en estado de emergencia ante una amenaza evidente a nuestra soberanía nacional”, dijo Zambrano.
Este miércoles habrá de fijarse la ruta de discusión de la Ley de Seguridad Interior, junto con el tema del mando mixto policial y la reglamentación al “estado de excepción a que se refiere el artículo 29 de la Constitución”. Francisco Martínez Nery, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reclamó en una conferencia de prensa el posible albazo en la Comisión de Gobernación y sostuvo sería “un grave error aprobar en fast track”, por lo cual demandó una “amplia revisión del tema”.
Al cierre de estas líneas solo se conocía del desayuno organizado para César Camacho. Todo lo demás… puede esperar.
DE LOS PASILLOS
Los empresarios ya se quejaron de las nuevas tasas de interés; dicen son ya un costo para las empresas, según las declaraciones de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Durante una entrevista en la Universidad Anáhuac del Sur, el líder empresarial señaló: el incremento a las tasas de interés son para mantener una estabilidad en la moneda mexicana, pero para las empresas representa un encarecimiento de los proyectos de inversión… Siguen los golpes bajos hacia los terrenos en los cuales se producen quiebras, tragedias y paralización…
El senador Armando Ríos Piter renunció ayer al PRD y anunció la formación del Movimiento Jaguar. “La esencia de este movimiento al que hoy convocamos descansa sobre tres pilares: primero el gasto mínimo de dinero, es inmoral el modelo actual de financiamiento a partidos. Los partidos políticos son negocios grupales disfrazados y subsidiados por el esfuerzo de los mexicanos”. El segundo pilar, dijo, es el espíritu colectivo. “Y el tercer pilar es la acción disruptiva, tenemos que emprender acciones nuevas pensadas fuera de caja hay que aspirar a lo imposible”, explicó. Y hay quienes todavía creen en la necesidad de más agrupaciones cuyos líderes terminan disfrutando de los mismos lodos…
Para Diego Valadez, el gobierno mexicano se ha equivocado de todas, todas, en sus argumentos sobre el muro. ¿Quién lo debe pagar? Simple: el que lo manda levantar. México no puede pagar lo que no debe… sencillito…
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