sábado, diciembre 14, 2024

ESTADO DE LOS ESTADOS: Entrampados

Lilia Arellano

 

“El nuevo crecimiento económico tiene que ser

distribuido  con mayor equidad, con empleos

crecientes, con ingresos suficientes”: Colosio

 

  • Entrampados
  • TLCAN: presiones, incertidumbre y desacuerdos
  • Julio: alarma crecimiento histórico de la violencia
  • A Emilio Lozoya, ni “con los pétalos de una rosa”
  • INE: Agandalle millonario a los partidos políticos
  • Ya cuentan los narcotraficantes con la base social

 

 

Ciudad de México, 22 de agosto de 2017.- Si quien está dando la cara en la negociación del TLCAN ha mencionado dificultades, de nueva cuenta no está diciendo la verdad, no por lo menos completa y mucho menos presentado los renglones en donde la problemática para llegar a acuerdos generadores de beneficios para el país son prácticamente imposibles de lograr. A la paralización de los sectores productivos mexicanos por una y mil razones y, de entre ellas, la fuerte carga tributaria, razón por la cual no se puede competir con quienes se intenta “modernizar” el Tratado, se suma una cuestión sobre la cual mucho se está hablando: los salarios. Se quejan los pretendidos socios comerciales de no poder competir con México debido a pagar en este suelo salarios mínimos, lo cual les representa una desventaja. Pero, siendo así, ¿por qué no estamos saturados de maquiladoras, de industrias de esos países?

 

Se recuerda el tiempo de instalación de un buen número de maquiladoras en la frontera con esos salarios bajos y después la salida de la mayoría de ellas. Sobre esta desventaja alegada, no parece se asienten las justificaciones de encontrarse semivacíos los corredores industriales instalados en diversos estados. Es más, las armadoras de autos están emigrando con todo y las percepciones para los trabajadores en renglones tan ínfimos que en plena inauguración de una de ellas no faltaron los reclamos de los contratados en sendos cartelones nunca leídos por Peña Nieto. No es fácil advertir sobre la exigencia planteada para elevar el salario proveniente de Canadá y Estados Unidos.

 

En esos países los renglones tributarios son de diferentes porcentajes, existen los subsidios y apoyos, también tienen exenciones considerables cuando de propiciar el empleo se trata y en ello se inscriben las sucursales. Los impuestos son empleados para elevar el nivel de vida de los ciudadanos y su manejo se antoja infinitamente transparente si intentamos relacionarlo con el nuestro. Nada de eso se da en nuestro país. La carga tributaria es excesiva y a cambio poco o nada se recibe; lejos de propiciar el empleo se cierran empresas, comercios, pequeñas y medianas industrias. Son inexistentes los renglones y partidas presupuestales de apoyo al campo, a las áreas eminentemente productivas. Solamente a los gigantes de siempre se les hacen condonaciones y es tanta la diferencia en estos tratos que levanta voces de protesta.

 

Por lo tanto, pretender elevar los salarios conllevaría a una reforma fiscal a fin de liberar a los empresarios de tan enorme carga y darles oportunidad de incrementar los sueldos sin llegar a otro cierre masivo. Tendría que legislarse para mantener un control de precios a fin de lograr hacer de nuevo factible la aplicación de un aumento proporcionando un real poder adquisitivo. Ni que decir de las adecuaciones a una ley laboral en la cual no basta con un ingreso mayor sino el retorno de las prestaciones de orden social eliminadas. Solamente este tema representa un sinfín de modificaciones en beneficio, si se hicieran, de los ciudadanos, de los empresarios inclusive y para eso no está el gobierno actual, ni estuvieron los anteriores, ni siquiera se percibe en el presente hubiese sido ese el objetivo de la primera firma del TLC.

 

Con información no detallada ni ofrecida en su totalidad, el domingo concluyó la primera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en Washington. Los equipos de Canadá, Estados Unidos y México no reportaron ningún acuerdo -con lo cual permanecen las marcadas diferencias-, sólo que los trabajos “seguirán a un ritmo acelerado” durante 2017. La segunda ronda será en México del 1 al 5 de septiembre. A finales del mismo mes se realizará la tercera en Canadá. Los tres países destacaron la importancia de actualizar las reglas que gobiernan el área de libre comercio más grande del mundo Los alejados puntos de partida y el ajustado calendario complican las posibilidades de un pacto en el corto plazo.

Especialistas esperan un largo proceso que podría tomar entre dos y tres años para cerrarse bajo una gran cantidad de presión e incertidumbre. Entre otras habrán de anotarse las ligadas a las representaciones presidenciales. En México habrá proceso de cambio el próximo año y en Estados Unidos las críticas arrecian en contra de Donald Trump. Las expresiones vertidas señalando a una presidencia prácticamente liquidada aún siendo de la autoría de quien aparecía como responsable de las fuertes declaraciones y de algunas medidas extremas como las relacionadas con migrantes y muro, en el caso de nuestra frontera, se suman a las del New York Times, cuyos renglones y vocabulario hubiese sido inconcebible hasta hace poco tiempo. A ello se agrega la existencia de solamente seis votos de diferencia en el Senado para favorecer al magnate.

En esta primera ronda se trató sólo de un round de sombra, en cual se marcó el ritmo, los plazos y las áreas a debatir. Los temas más controvertidos sobre los que no se alcanzó consenso fueron el alto déficit comercial que EU mantiene con México y las reglas de origen para que la cadena productiva esté fundamentalmente en Norteamérica. El arranque estuvo marcado por el posicionamiento de EU, con un tono de confrontación, condicionando las negociaciones al cumplimiento de las promesas electorales de Trump. Los negociadores de EU subrayaron: “el pacto ha fallado a muchos estadounidenses” y aseguraron no es suficiente con que sea “retocado”. México y Canadá manejaron mensajes más conciliadores.

Juan Carlos Baker Pineda, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, afirmó que México no permitirá imposiciones. “Tenemos líneas rojas que no queremos cruzar”, dijo y mencionó la parte de volver a introducir aranceles, reintroducir cuotas y volver a poner restricciones al comercio. Incluso mencionó entre los planes de contingencia diseñados por el gobierno de Peña Nieto el retirarse del acuerdo ante el intento de los estadounidenses de “quitarle derechos” ya establecidos en el acuerdo comercial.

Con las negociaciones, Washington pretende reducir el déficit comercial con México, el cual alcanzó 64 mil millones de dólares en 2016. Intenta también forzar mayores regulaciones medioambientales y laborales en México, con lo cual logrará equilibrar algo más el campo de juego al encarecer los costes de producción en el vecino país. El sector automotriz es uno de los sectores centrales del acuerdo. La Casa Blanca quiere renegociar las llamadas normas de origen, las cuales exigen que los vehículos que se venden en Norteamérica exentos de aranceles aduaneros, contengan un 62.5% de componentes producidos en la región. Este es uno de los temas más complicados, junto con el del sistema de arbitraje de conflictos.

“El acuerdo debe contar con mecanismos sobre manipulación monetaria, de solución de disputas comerciales que deben acoplarse y respetar nuestros intereses de seguridad nacional, soberanía y proceso democrático”, dijo Lighthizer el pasado miércoles 16 cuando inauguró la llamada renegociación del TLCAN. En las 28 mesas de negociación instaladas en Washington para la primera ronda, se presentaron únicamente las posiciones de los tres países. Trump insistió en sus condiciones, como la eliminación del Capítulo 19 sobre la resolución de controversias, algo que Canadá considera como motivo para salir del TLCAN. México también piensa no debe desaparecer ese capítulo.

De acuerdo con el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, el gobierno de México no dará a conocer detalles sobre los avances preliminares de la renegociación, porque “nada está acordado hasta que todo está acordado”, además de que “por estrategia de interés nacional, el margen de la negociación debe ser suficientemente amplio para lograr objetivos específicos”. Este oscuro manejo no crea confianza y siendo los temas a tratar de relevante importancia y en los cuales la opinión y la perspectiva de los sectores que en ellos confluyen están apuntando a una rebeldía que en estos días podría comenzar por la industrial, empresarial y si en realidad se contara con líderes sindicales verdaderos, con el área laboral.

VIOLENCIA E INEFICIENCIA OFICIAL

El resultado más palpable de las estrategias federales “focalizadas” es un crecimiento histórico de la violencia en el país. El primer semestre de 2017 fue el más violento de las últimas dos décadas en México. Los homicidios dolosos rebasan incluso los registrados en el mismo periodo de 2011, cuando estaba en su apogeo la “guerra” de Felipe Calderón contra los cárteles del narcotráfico. El repunte de la violencia contrasta con el subejercicio de los recursos destinados al fortalecimiento de las instituciones policiales estatales. En los últimos tres años, los estados han subejercido 3 mil 255.3 millones de pesos.

Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelan en este año: los ministerios públicos del fuero común han tomado conocimiento de 3 mil 49 asesinatos más respecto a de los 11 mil 141 del mismo periodo del 2016. Es decir, 14 casos adicionales por día, respecto del primer semestre de 2016. En el primer semestre de 2011 sumaron 13 mil 517 indagatorias por ese delito.

A pesar de las estrategias “focalizadas” implementadas por el gobierno federal y el despliegue del Ejército y la Marina en tareas de seguridad, se generó un violento repunte. Hace casi un año, el 30 de agosto de 2016, ante el incremento del homicidio doloso en los meses previos, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una estrategia especial para atender la violencia e instruyó la puesta en marcha de un plan en los 50 municipios más violentos.

Adicionalmente, la Secretaría de Gobernación lanzó este año una estrategia en las 50 localidades denominadas Municipio de Atención Prioritaria con Perspectiva de Prevención (MAPPP), seleccionados con base en tres criterios: homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica,  los cuales fueron apoyados con recursos federales para combatir los asesinatos. Pero han sido todas ellas estrategias literalmente fallidas, sin resultados favorables sino todo lo contrario, con el registro de alarmantes aumentos y las consecuencias en todos los ámbitos, incluyendo el económico, no se han hecho esperar.

El pasado mes de julio se ubicó como uno de los meses más violentos en las últimas dos décadas, con 2 mil 29 asesinatos. Durante los primeros siete meses del año, las entidades con mayor número de homicidios son: Guerrero, con mil 352; Estado de México, con mil 174; y Baja California, con mil 98. En tasa por cada 100 mil habitantes, los punteros son Colima, con 53.2; Guerrero, con 37.4; y Baja California, con 30.6. El secuestro es otro delito del fuero común que ha repuntado. Este año se iniciaron 683 carpetas de investigación entre enero y julio, mientras que el año pasado fueron 627.

Y, SI DE JUSTICIA SE TRATA…

Cual si el asunto fuera menor, la PGR insiste en culpar a sus pares en Brasil de no proporcionarle información para poder iniciar una investigación sobre los sobornos a funcionarios de Pemex. Se supone existe una autonomía de acción y reacción de cada Fiscalía o Procuraduría o como se denomine al órgano encargado de investigar presuntos delitos en cada país, pero solamente el nuestro parece supeditado a que sean otros los hacedores del trabajo bajo su responsabilidad. La posición del procurador no está alejada de los compromisos tantas veces denunciados. Se recordará su desempeño en tareas partidistas en el mismo tiempo que el señor Emilio Lozoya, lo cual convierte en imposible sean aclarados a satisfacción los señalamientos sobre apoyos a la campaña de EPN.

Con una gran simpleza se aborda una pretendida inocencia al señalarse no existen pruebas para involucrar directamente a Lozoya Austin en la recepción y distribución de dinero entregado, transferido, depositado por Odebrecht. ¿Esperaban una cuenta bancaria a nombre de don Emilio? ¿Acaso también supusieron firmaría los retiros? ¿Para caer de manera directa se inventaron las empresas registradas en paraísos fiscales, de esas de muy difícil localización? Es infantil manejar ese tipo de versiones, sobre todo cuando se sabe de la deshonestidad durante décadas reinante en la petrolera.

Si a lo anterior se le suma el “suicidio” de un informante cuando se realizaban investigaciones sobre las acusaciones vertidas por el testigo protegido de apodo El Pitufo –seguramente surgido el sobrenombre por estar al servicio del sexenio de Calderón-, en las cuales involucraba a funcionarios, policías, militares y revelaba escondites de narcotraficantes y sus ligas con todo el sistema de gobierno mexicano, ya puede deducirse hasta qué grado han llegado quienes saben las consecuencias de manejar esa información en tiempos ya considerados como preelectorales.

Se habla de la aportación de José Salvador Puga Quintanilla para poder aclarar no menos de 400 casos y de lo caro que dicen le salió a la PGR hacerle cirugía plástica, quitarle lo gordo con un by-pass gástrico, mantenerlo bajo tratamiento médico, escoltado, a bordo de vehículos blindados y, cuando iba a soltar toda la sopa… se mató. Curiosamente fue Marisela Morales, la ex procuradora, quien lo reclutó desde el 2008 y su muerte se supone fue ya hace más de medio año. Otro asunto a las calladas

Sumemos los acontecimientos de corrupción en las Aduanas, los casos de abusos en Migración y las cuotas de polleros y prostitutas a punto de convertirse en legales a cambio de pagar impuestos y entonces si sabremos lo que es estar plenamente lucidos.

MILLONADA A PARTIDOS POLÍTICOS

Mientras la pobreza en el país crece a un ritmo de 1 millón más cada año en esta administración federal, lo cual se ha intentado ocultar en el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a los partidos políticos, con toda irresponsabilidad, les otorgarán el próximo año 6 mil 788 millones de pesos para los gastos de campaña, de acuerdo con lo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Se trata de la cifra más alta de recursos para un  proceso electoral aprobado en México, a lo cual deberán sumarse otros seis mil millones de pesos más para financiar las campañas locales que también tendrán lugar en 2018. Según el INE, los poderes fácticos intentan influir en el poder político, por lo cual debe mantenerse el financiamiento público a fin de evitar sobornos del crimen organizado o grupos económicos y corrupción con recursos de programas sociales o del presupuesto. Este argumento está más que sobado y su infantilismo raya en la ofensa al saberse de las cantidades fuera de todo control recibidas por los candidatos y provenientes de la IP o de la delincuencia dentro y fuera del gobierno.

En tanto, los legisladores federales han rechazo o metido a la congeladora iniciativas para reducir o suprimir el financiamiento público a los partidos políticos. Durante la actual legislatura, la Cámara de Diputados y el Senado han recibido al menos 23 propuestas orientadas a modificar el Artículo 41 de la Constitución, el cual establece la fórmula que el INE deberá utilizar para calcular los recursos que recibirán los partidos. Dicho modelo consiste en multiplicar el número de inscritos en el padrón electoral por 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) .

Además, en años con elecciones federales, a ese monto se le suma 50 por ciento más. Con base en esa fórmula es que el Consejo General del IHNE aprobó el viernes pasado solicitar 6 mil 788 millones de pesos para los partido en 2018. Las propuestas sobre otras fórmulas fueron desechadas más rápidamente que su presentación, la cual se conoció en todo el país bajo entregas por votos, no por ilusorios padrones no comprobados.

NARCO CON BASE SOCIAL

Actitudes ciudadanas han llamado la atención de los analistas. Tal es el caso del periodista Gregorio Ortega Molina, quien tituló una de sus colaboraciones con el tema: “Por el momento están inmersos en la disputa por la silla del águila, y mientras la contienda se desarrolla, la base social del narco crece, porque son como los minions, buscarán otro villano al cual servir, con tal de recibir de él hálito de vida, que el Estado dejó de proveerles. Mientras crece la pugna por el poder carente de ideas y sin reglas del juego -si el INE propone piso parejo la batean-, se hace público el elemento que nos faltaba para considerar a los barones de la droga una fuerza a la que es necesario tomar en cuenta.

“Ocurrió durante el sepelio público de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos: aplausos, llanto, muestras de orfandad nunca despertadas por ninguno de los líderes sociales o políticos, salvo Pedro Infante y Juan Gabriel, como vernáculos, y Jaime Sabines como intelectual. Es inaudita la ausencia de percepción del verdadero problema creado por la fallida guerra contra el narcotráfico: le dieron base social a los barones de la droga. Se profundiza, entonces, el corrimiento de los factores de poder y se fortalece esa idea de que los narcotraficantes de cuello blanco se constituyen, ya, en uno de esos poderes que hoy mangonean en México, llamados fácticos.

“Curiosamente el sepelio de El Ojos sirvió para mostrarnos que durante ese acto se cerró con llave -que de inmediato tiraron al desagüe- la puerta de la cripta de la lucha contra el narcotráfico, fracasada por la ineptitud y la corrupción de las autoridades, de todos los niveles y laya. ¿Por qué lo despidieron con llanto y aplausos? Muy sencillo de explicar, El Ojos sustituyó al gobierno local y federal en esos ámbitos de los cuales los políticos abdicaron hace mucho: políticas de bienestar con empleo y salud. ¿Cómo restablecerán los niveles de la economía que les proporcionaba su narcopatrón, más venerado que Judas Tadeo, más respetado que Norberto Rivera, más venerado que el Poder Ejecutivo o cualquiera de los representantes populares o empresariales?

“Desconozco lo que representó, en toda su dimensión, Pablo Escobar Gaviria para esos sectores de desposeídos y precaristas beneficiados por él. Ahora, los habitantes de la CdMx, el gobernador Mancera, los marinos en patrullaje, las policías acantonadas en Tláhuac y los servicios de inteligencia de Estados Unidos y México, podrán sentir las consecuencias de la orfandad en que se quedaron miles de habitantes de la zona, porque de alguna manera tratarán de sustituir un ingreso por ellos considerado seguro, que nadie les va a dar, porque por el momento están inmersos en la disputa por la silla del águila, y mientras la contienda se desarrolla, la base social del narco crece, porque son como los minions, buscarán otro villano al cual servir, con tal de recibir de él hálito de vida.

“Todo parece conspirar en contra del modelo presidencial mexicano, pero ha de reconocerse que los conjurados son los integrantes de los Tres Poderes de la Unión, en su mayoría, porque cierran los ojos a una realidad en la que se acomodaron: la del río revuelto”.

DE LOS PASILLOS

Curioso, por decir lo menos, resultan algunos antecedentes de los cuales obligadamente nos enteramos. Seguramente pocos saben de la gran amistad de tres padres de tres tristes tigres -hoy nada tristes ante las perspectivas futuras-, el de José Antonio Meade con el del gobernador Carlos Mendoza y el de Jesús Silva-Herzog Márquez. Según revela en su colaboración para la Agencia de Noticias Al Momento, Ramón Ojeda Mestre, este trío hizo un pacto para lograr ligar a sus hijos fraternalmente durante tanto tiempo que tal vez ellos ya ni lo pudieran seguir viendo. Los del pacto fueron funcionarios de primer nivel: el de Meade, subsecretario de Gobernación; el de Mendoza, gobernador de Baja California Sur y subsecretario de Hacienda y Silva-Herzog, titular. La reflexión: pensaron en el enfrentamiento entre un AM y otro AM…

Con una mala leche sólo vista entre los políticos mexicanos, dedican mucho tiempo perredistas, priístas y panistas en vaticinar la salida de Ricardo Monreal de Morena si no es llevado como candidato de ese partido al gobierno de la Ciudad de México. Nada más falso. Los resultados de la consulta llevada acabo se conocerán hasta la noche del miércoles o posiblemente hasta el jueves y cada uno de los aspirantes, Monreal, la Sheinbaum y Batres hicieron su tarea en tiempo y forma. Cómo el ejercicio democrático despertó mucho ánimo en los ciudadanos, el objetivo ahora no es igualarlos sino combatirlos hablando de propiciar desunión en esas filas.

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