Teresa Gil
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Treinta y séis años se cumplen del alevoso asesinato del columnista Manuel Buendía ocurrido el 30 de mayo de 1984. Ante las graves denuncias a la complicidad del poder con organismos interventores como la CIA y grupos criminales, la respuesta plenamente organizada desde ese poder, fue la muerte. Una réplica al revés, de un periodista que denunciaba agravios. El sistema, colmado de silencios, solo culpó a uno: José Antonio Zorrilla Pérez. La conmemoración de ese hecho brutal, se da cuando hay una efervescencia de los trabajadores de los medios de comunicación en las diferentes posiciones y corrientes, que están tratando de definir el papel que les toca jugar en este momento. Son alrededor de 40 mil periodistas en el país que están en estado de alerta, con posiciones encontradas, disímbolas. Frente a los que trabajan y se apegan a las línea de los medios poderosos y se subsumen como beligerantes opositores, están los intermedios que exhiben la posición de “perro no come perro” para guardar silencio ante esos congéneres, fea frase que denigra no solo a los canes, sino a ellos mismos. Y por último los más numerosos, periodistas que ven el momento del despegue en la definición de un periodismo ante el desarrollo de los países y la sociedad. Una definición, expresada de muchas maneras en artículos, comentarios y conferencias, que por una parte reconoce el valor de usar una libertad de expresión que es de todos y al mismo tiempo la responsabilidad que tienen frente a esa sociedad y el estado mismo. Ante la llana postura de los que creen que ser comunicador es ser crítico a destajo, -neutralizada fácilmente por los que cobran-, analizan, algunos con dudas, si los medios, la información que es derecho constitucional, la noticia, la libertad de expresión también constitucional, son aportaciones particulares, de uso personal, y si el destino de un país, un estado, un gobierno, deben de estar siempre en la iniquidad de la ofensa. O hay batallas, en ciertos casos, que pueden enfrentar juntos, sin menoscabo. En otros países y aconteceres se ha dado.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE RÉPLICA SON DE TODOS; NO OLVIDARLO
Con el Covid-19 se ha violado la libertad de expresión que tiene limitantes y con más razón, el derecho de réplica. Los medios tienen responsabilidad porque permiten todo tipo de generalidades y denuncias falsas. No se diga las redes. Si a eso añadimos que los llamados delitos contra el honor ya no se tipifican, cierta ciudadanía se da vuelo para sacar la espada. Es bueno que se permita el desahogo personal, más en tiempos de encierro, en los que la gente guarda resquemores que tiene que expresar. Pero todo tiene su límite. Al derecho de réplica los medios lo ven como especie de pegoste y muy pocos lo respetan o lo aplican cercenado. El derecho que tenemos a replicar informes falsos, que se extiende a todos, -incluidos funcionarios públicos-, ya es una entelequia en momentos en que los medios cayeron en manos de capitales y la libertad de expresión, que convive con el derecho de réplica en el artículo sexto constitucional, ha relegado a éste a segundón. Cuando se da, no se aplica de acuerdo a la ley y suele pasar que alguien que exige aclaración se topa con comunicadores que se ensañan en la respuestas ante la cual el replicante no tiene opción. Solo se la permiten una vez. La réplica debe publicarse en el mismo lugar y espacio del agravio cometido, pero pocas veces se hace. Se suelen usar secciones de respuestas de muy poco alcance. Por otro lado la Suprema Corte en sus tesis esquilma ese derecho y lo refunde con una serie de limitaciones, que dan risa. Pedir réplica, aunque esté de por medio el mismo interés vital, (¿y que tal el nacional si la pide un funcionario público?) es clamar en el vacío o recibir respuestas abusivas.
LA MUERTE DE BUENDÍA, UN SILENCIO APLICADO A OTRAS MUERTES DE PERIODISTAS
Cinco años y 12 días tuvieron que pasar para que el sistema soltara a la presa que tenía detenida y la lanzara para lavar sus culpas. Fuera de Zorrilla Pérez y los que intervinieron directamente en el crimen, un sobrino nieto del ex presidente Ávila Camacho, Juan Rafael Moro Ávila, entre ellos, ninguno del poder fue procesado. La pregunta se repite todos los años y el sexenio de Miguel de la Madrid guarda la incógnita de la muerte del destacado columnista de Red privada. Menos de cinco meses le bastaron a Rogelio Hernández López, periodista reconocido, miembro entonces de la Unión de Periodistas Democráticos (UPD), para detallar todos los pormenores de ese crimen y hacer señalamientos que han quedado solo impresos; en un libro, Zorrilla el imperio del crimen ( Planeta, noviembre 1989). El crimen lo pagó un tipo, ex Director Federal de Seguridad, al que iba a entrevistar Julio Scherer y lo encontraba regando rosas en un pequeño jardín. Esas son las muertes que venimos arrastrando, como las de decenas y decenas de periodistas, parte de un pasado que les molesta a algunos que se señale pero que ahí está. El ser humano no puede huir de su pasado, decía Oscar Wilde. Al cumplirse los 36 años de aquella muerte, analistas y comunicadores diversos se reunieron en línea para analizar esa y otras muertes y yo de paso quisiera preguntar si los que en este momento agreden diariamente en columnas y de palabra a un gobierno que critica su postura, lo hicieron contra los que planearon y escondieron esos crímenes e hicieron verdadero daño. Y los han dejado, como cómplices, que pasen muy campantes por la historia
