CIUDAD DE MÉXICO, 8 de diciembre (AlmomentoMX).- La senadora Dolores Padierna Luna advirtió que en vísperas de un proceso electoral complicado y polarizado como el de 2018, La ley de Seguridad Interior solo beneficia una situación de miedo y precariedad en nuestro país. “No alienta la democratización, sino la militarización del país. Es una clara claudicación del Estado de derecho”.
Recordó que nunca antes una ley como la de Seguridad Interior había generado tantas reacciones negativas nacionales e internacionales: un colectivo de 270 organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos ha considerado esta ley como ‘golpista’ y contraproducente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su oposición. La Coparmex demandó frenar la promulgación de esta ley. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas envió al gobierno mexicano un documento de 14 puntos y le pidió que frenara esta legislación.
“Expertos en derecho constitucional señalaron que esta ley no sólo agudiza el problema de la violencia y la impunidad. También es contraria a los artículos 1, en materia de derechos humanos, 16, 18, 21, 29, 89 y 73 de nuestra Carta Magna. En otras palabras, de aprobarse y promulgarse hay altas probabilidades de que termine en una controversia o acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia”, afirmó.
A consideración de la también integrante de la Comisión de Gobernación, lo más grave de esta ley es su insistencia en continuar con una receta que ha fracasado a todas luces. “Desde el gobierno de Felipe Calderón el Ejército y los integrantes de la Marina han realizado labores policiacas en varias entidades del país y la violencia y la inseguridad pública no han disminuido. Por el contrario, el ejercicio arbitrario del poder de la fuerza ha generado más víctimas, más expedientes y más dolor para miles de familias”.
Refirió que en el gobierno de Calderón se iniciaron los operativos en Michoacán, en enero de 2007. Luego se sumaron otras siete entidades: Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa. En estas 8 entidades los índices de violencia se incrementaron con la participación de las Fuerzas Armadas. Esto conllevó al debilitamiento de las estructuras de seguridad pública estatal y municipal, pues los recursos económicos y materiales se destinaron al fortalecimiento de las instancias federales, olvidando a los cuerpos policiacos estatales y municipales.
De acuerdo con las propias cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló la senadora, el gobierno de Calderón nos heredó un total de 120 mil 935 homicidios dolosos. El gobierno de Peña Nieto, hasta octubre de 2017, ya sumaba un total de 114 mil 61 asesinatos; es decir, lleva 94.31 por ciento del total de homicidios registrados en el sexenio anterior. El sexenio del retorno del PRI a la presidencia de la República está a sólo seis mil 874 homicidios de alcanzar el nivel récord. Octubre de 2017 fue el mes más violento en los últimos 20 años, y hasta el Congreso de Estados Unidos destacó que de nada ha servido la detención de más de 115 de los cabecillas de los cárteles, porque la violencia en sus regiones de influencia no ha disminuido.
“En este sexenio las ejecuciones extrajudiciales han creado escándalos internacionales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que 15 de los 22 muertos en Tlatlaya, Estado de México, fueron ejecutados por las fuerzas federales, a pesar de estar rendidas. Y en el caso de la represión en Nochixtlán, Oaxaca, elementos de la llamada Gendarmería Nacional, adscrita a la Policía Federal, son sospechosos de haber disparado a población civil desarmada”, concluyó.
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