TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 21 de diciembre (AlmomentoMX).- El Grupo Parlamentario de Morena, a través del diputado Faustino de la Cruz Pérez, propuso reformas para establecer que cuando los concesionarios de proyectos de comunicación vial de jurisdicción local recuperen la inversión y el rendimiento pactado en el título correspondiente, esa concesión terminará automáticamente y los bienes afectos revertirán al Estado, sin costo y libres de gravamen.
Remitida a la Comisión de Comunicaciones y Transportes propone reformas a la fracción IV del artículo 17.43 del Código Administrativo de la entidad y con ello dar marcha atrás a la reforma a la misma fracción impulsada por el gobierno estatal el 12 de enero de 2015 ante la 58 Legislatura.
El legislador explicó que actualmente la fracción referida indica que la Secretaría de Comunicaciones determina si el concesionario, una vez recuperada su inversión y la tasa de retorno, continúa o no con la titularidad de la concesión hasta el plazo convenido en el título de concesión, siempre y cuando se acuerde una nueva contraprestación para el Estado que signifique mayores ingresos y que justifique el beneficio en condiciones de mercado frente a otras posibles propuestas.
Asimismo, que demuestre las ventajas que representa mantener la modalidad de concesión sobre la posibilidad de operación directa y se asegure la prestación del servicio en mejores condiciones para los usuarios.
El diputado lamentó que no se conozcan las propuestas alternativas de concesionarios porque no se lleva a cabo un procedimiento de licitación pública, tal como lo marca el artículo 134 de la Constitución Política del país.
Criticó que esa reforma se basó en “una consideración evidentemente falsa”, ya que el plazo que se ha otorgado en concesión a una autopista debe reducirse al momento en que se acredite que el concesionario recuperó la inversión, lo cual implica que el Estado debe hacerse cargo de la operación, administración, supervisión y mantenimiento, y que resulta en una carga financiera que supone recursos humanos, materiales y financieros.
“Esto, es necesario decirlo claramente, es una invitación abierta a la corrupción. No debemos olvidar que se trata de concesiones en las que el concesionario pudo recuperar su inversión más el rendimiento convenido antes incluso de lo previsto; es decir, que pudo hacer un buen negocio, mejor de lo esperado, por lo que no se entiende cómo ese mismo proyecto pueda representar una carga financiera para el Estado”, subrayó.
La actual legislación, estableció, beneficia a la empresa OHL México, S.A.B. de C.V. (actualmente Aleatica, S.A.B. de C.V.) y a su subsidiaria Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. en el sistema carretero del oriente de la entidad Circuito Exterior Mexiquense, razón por la cual la reforma es conocida coloquialmente como la ‘Ley OHL’.
Antes de señalar que se tiene la oportunidad y la responsabilidad de impedir que los grandes proyectos de infraestructura carretera en la entidad se manejen arbitrariamente y desde la oscuridad para beneficio indebido de unos cuantos, el legislador agradeció que varios diputados se pronunciaran por esclarecer los manejos de las concesiones de OHL y el Gobierno estatal.
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