jueves, marzo 28, 2024

Roberto Borge, en la mira de la justicia estadounidense

CHETUMAL, QUINTANA ROO, 21 de diciembre (AlmomentoMX).- Tras las declaraciones de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada Garcia, hermano de Ismael “Mayo” Zambada, como testigo colaborador en el proceso contra Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, ex líder del Cártel de Sinaloa, salieron a relucir diversos nombres de gobernadores mexicanos involucrados en el narcotráfico, dos de ellos fueron los de Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, ex mandatarios de Quintana Roo, por lo que van a ser llevados al banquillo de los acusados, para declarar en el llamado “Juicio del Siglo”.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, Zambada reveló ante el juez Brian Cogan, de la Corte de Brooklyn, Nueva York, los millonarios sobornos que hacia el narcotraficante a gobernadores de 10 estados; Entre ellos a los de Quintana Roo, donde operaba libre e impunemente el Cartel de Sinaloa, a través de Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”; una ex agente de la desaparecida Policia Federal que se convirtió en la jefa del Cártel de Cancún, incluso eran vecinos en Cancún en un complejo departamental.

“El Rey” Zambada habló sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa, bajo el mando de Guzmán Loera y de su hermano, Ismael “El Mayo” Zambada García, señalando que la estrategia era el pago de millonarios sobornos a funcionarios, militares, policías y a gobernantes.

En el juicio se mencionó que había políticos en Quintana Roo, a los que sobornaban para que los dejaran trabajar y quien era la jefa de la célula del Cártel de Sinaloa que operaba en Cancún, era Leticia Rodríguez Lara “Doña Lety”, quien está vinculada a proceso por delitos contra la salud, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La mujer fue la líder de lo que denominó “El Cártel de Cancún” y comenzó a operar desde 2005, cuando Félix Arturo González Canto asumió el poder y se prolongó hasta 2016, luego de que Roberto Borge Angulo sucedió al anterior.

Su bastión fue la localidad de Alfredo V. Bonfil, pero se extendió a los municipios de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Tulúm y no hubo quien la molestara mientras duraron las gestiones de González Canto y Borge Angulo.

SOBORNOS MILLONARIOS

De acuerdo con lo declarado por el testigo colaborador, los sobornos a los más altos niveles los manejaban directamente “El Chapo” y “El Mayo”, llegando a pagar desde 100 mil, 500 mil y hasta un millón de dólares; los pagos incluían lo mismo a gobernadores que a comandantes de la PGR, de la Policía Federal de Caminos, la Policía Ministerial, la del Distrito Federal y hasta de la Interpol.

Con las declaraciones del “Rey” Zambada, solamente se confirmó lo que siempre había sido un secreto a voces en Quintana Roo, que González Canto y Borge Angulo, habrían figurado en la nómina del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, tras la derrota electoral que sufrió Borge en el 2016 y luego del arribo del nuevo gobierno, ya no pudieron cumplir con lo pactado y en consecuencia se desataron los actos de extrema violencia, como el ataque a la Vice Fiscalia del estado y las múltiples ejecuciones, balaceras y “levantamientos” y la aparición de narcomantas y narcomensajes.

La protección al cártel del “Chapo” se rompió en 2016, cuando Mauricio Góngora Escalante, ex secretario de Finanzas, ex presidente municipal de Playa del Carmen, ex candidato del PRI a la gubernatura y uno de los personajes más allegados a los ex gobernantes González Canto y Borge Angulo, ya no pudo seguir las indicaciones de sus ex jefes.

Tiempo después de la detención de Roberto Borge Angulo, Góngora Escalante sería detenido y sujeto a proceso por los delitos de desempeño irregular de la función pública y peculado.

En lo referente a las investigaciones de la Procuraduría General de la República y la SEIDO, se estima que los ex gobernadores priístas de Quintana Roo, González Canto y Borge Angulo, vendieron dos veces la plaza a organizaciones rivales: el Cártel de Sinaloa y a “Los Zetas”.

A raíz de la captura en Panamá de Borge Angulo,  comenzó a destaparse la cloaca que se gestó desde que González Canto asumiera la gubernatura, en abril de 2005, al entablar relaciones simultáneamente con el Cartel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, cuyos sicarios, “Los Pelones” y “Los Zetas” y otros grupos, apéndices de los mismos, han mantenido una cruenta guerra durante más de dos sexenios por el control del territorio.

De esa manera, lo menos hace 12 años, Quintana Roo se convirtió en santuario del narcotráfico, en centro de operaciones de bandas de narcotraficantes, de tráfico de personas, en refugio de capos de las drogas y en paraíso fiscal para el blanqueo de capitales, además de que sigue siendo “El Pasillo del Narco” para la entrada de droga que llega a territorio mexicano por la frontera sur, tanto por aire, como por mar y tierra.

Fue evidente que se permitió que pasaran los cárteles de la droga,

pues el objetivo de ambos ex gobernantes era administrar el crimen y no combatirlo, lo que originó que en menos de 15 años Quintana Roo ocupara uno de los primeros lugares en narcotráfico, pederastia, trata de personas, prostitución, extorsión, lavado de dinero, corrupción e impunidad.

La dupla Félix-Roberto descubrió y explotó tres grandes fuentes de corrupción para dejar un estado en decadencia: el dinero robado al erario (los desvíos), los sobornos del narco por dejarlo operar y las millonarias sumas por el apoderamiento de tierras de la reserva de Quintana Roo y el “remate” a precios irrisorios a familiares, amigos e incondicionales.

Cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal, precisan que a lo largo del gobierno de Félix González Canto el consumo interno de las drogas alcanzó su nivel más alto.

En 2006, Quintana Roo registró un total de 798 casos de delitos contra la salud, la inmensa mayoría, es decir 703 fueron por posesión, de lo que se infiere el incremento del consumo de enervantes entre los quintanarroenses y al año siguiente alcanzó la cifra de mil 43 casos por delitos contra la salud, de los cuales, 992 fueron por posesión y los restantes por “narcomenudeo”.

A lo largo de su mandato, González Canto sostuvo nexos con el clan de los Carrillo Fuentes, concretamente con Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, quien se ostentaba como empresario de la construcción.

Bajo esa fachada el “empresario” hizo millonarios negocios con Gozález Canto quien le otorgó la concesión para la construcción de la cárcel de Cancún, pero al descubrirse su relación las obras tuvieron que suspenderse.

González Canto había otorgado el contrato a un narco para la ampliación de la cárcel municipal de Cancún, a través de la empresa SAFIE de Quintana Roo, SA de CV., cuyos planos contemplaban inclusive la construcción de pasadizos secretos para eventuales fugas.

Pero esa obra no fue la única, hubo muchas otras concretadas mediante licitaciones sin concurso, otorgadas por el gobierno, pese a que ya era conocido que Ricardo y Alfredo, hermanos de Luis Carlos Carrillo Cano, eran relacionados por la Drug Enforcement Administration (DEA), como presuntos responsables de tráfico de drogas, “lavado” de dinero, extorsión y homicidio.

Ese parentesco y los vínculos con la delincuencia organizada, quedarían confirmados  una tarde de octubre de 2011, cuando el empresario, amigo personal de González Canto, fue ejecutado en una de las principales avenidas de Cancún.

Junto al cuerpo fue dejado una cartulina con el siguiente mensaje: “Saludos, ya sabemos que están aquí y que los protege el cerdo del gobernador, pero ni con él nos van a frenar”.

El narcomensaje fue adjudicado al grupo de “Los Zetas”, con los que han mantenido y sostienen una rivalidad a muerte.

Otro vínculo más de Canto y Borge con el crimen organizado, fueron los nexos que mantuvieron con Raúl Martins, conocido en Quintana Roo como “El zar de la trata de Blancas”, de quien se dice que apoyó la campaña de Borge Angulo por indicaciones de González Canto, ambos relacionados con miembros del Cártel de Juárez, del llamado “Señor de los cielos”.

En otro punto, tanto

González Canto como Borge Angulo, protegieron al ex banquero Roberto Hernández Ramírez, para que los desembarcos de cargamentos de cocaína procedentes de Colombia, se siguieran llevando a cabo en Punta Pájaros, propiedad costera del magnate, que se localiza en el centro de la Biosfera de Sian Ka´an.

González Canto, incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, con acciones que van desde el usufructo de concesiones de placas de taxis, hasta aeronaves ejecutivas, pasando por una amplia lista de propiedades en bienes inmuebles y negocios.

 Los nexos del senador Félix González Canto con los cárteles del narcotráfico y la venta infame de la reserva territorial de Quintana Roo, explicarían el origen de su fortuna.

Durante el sexenio de González Canto (2006 al 2012), el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo (IPAE), vendió 877 predios a particulares. De esos terrenos se localizan en Playa del Carmen y pasaron de ser patrimonio del estado a ser propiedad privada; en Cozumel, además de que vendió otros 176 predios en Cancún y 169 en Chetumal.

Esas reservas territoriales, fueron vendidas a particulares a precios “preferenciales”, muy por debajo de su valor comercial real; además de que los beneficiarios de la venta fueron amigos, empresarios, familiares y políticos, con lo que se conformó la estrategia ideal para el “lavado” de miles de millones de pesos.

Esa “escuela” fue asimilada por Borge Angulo, quien vendió más de 9 mil hectáreas de tierra de la reserva protegida del estado, a familiares y amigos a precios muy por debajo de su valor.

Pero además, esa cadena de actividades ilícitas dio paso a una imparable ola de violencia, de tal manera que puntos turísticos como Cancún, principalmente la zona hotelera; Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel, cuyo principal atractivo era la tranquilidad, pasaron a ser verdaderos focos rojos del crimen organizado.

Así, se convirtieron en zonas de alto riesgo por la inseguridad, donde los secuestros, extorsiones, robos a mano armada, “levantones”, cobros por derecho de piso  y ejecuciones, han estado a la orden del día y las víctimas son lo mismo ciudadanos comunes que turistas y empresarios, por lo que muchos hombres de empresa decidieron abandonar el estado ante la falta de garantías.

A la infiltración del narco en las instituciones públicas, se suma la impunidad que hizo estragos en los dos sexenios, protegiendo lo mismo a peligrosos delincuentes que a funcionarios coludidos con el hampa y a celebridades o “juniors” delincuentes.

Uno de los hechos que reveló la doble venta de la plaza de Quintana Roo, fue que el jefe de escoltas de Borge Angulo, Héctor Cacique Fernández, fue acusado de ser un mando del grupo “Los Zetas” y de haber sido el autor intelectual del atentado al bar “La Sirenita”, situado en la Región 233, en Cancún, donde fueron asesinadas siete personas y varias más resultaron heridas.

Se estableció que tanto las personas fallecidas como quienes resultaron heridas, pertenecían a una agrupación de taxistas, presumiblemente a la “Andrés Quintana Roo”, cuyos integrantes han sido señalados como distribuidores de droga de “Doña Lety”, bajo la modalidad de narcomenudeo.

Dos de los sobrevivientes, identificados como Carlos Aguilar y Miguel Díaz, taxistas, declararon que estaban conviviendo con varios compañeros de trabajo cuando escucharon detonaciones de arma de fuego y se tiraron al piso.

Ambos se negaron a presentar su denuncia e incluso a proporcionar mayor información, pues dijeron temer a las represalias.

Héctor Cacique fue detenido días después, acusado de la autoría intelectual de la masacre y le fue dictado el auto de formal prisión.

En principio, Cacique Fernández admitió ante el Ministerio Público su responsabilidad, pero una vez ante el juez, se retractó y dijo que el jefe de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola, ordenó que lo torturaran y le fabricaran el delito.

El escolta de Borge Angulo, al igual que su ex jefe, se encuentra en prisión.

Por otra parte, con la captura de Leticia Rodríguez Lara, jefa del Cártel de Cancún, que por más de una década fue la líder principal del narcotráfico en el pasillo del Caribe Mexicano, quedó al descubierto que Roberto Borge Angulo mantuvo nexos directos con “Doña Lety”, de tal manera que la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), inició una indagatoria paralela a la que enfrenta el ex gobernador por peculado, lavado de dinero y desvío de fondos públicos, ahora por delitos contra la salud.

Ello como resultado de sendos cateos a inmuebles de la ex agente judicial federal convertida en jefa del Cártel de Cancún, donde fueron encontradas cajas con archivos pertenecientes a “Doña Lety” o “La 40”, dos de ellas rotuladas con el nombre de Manuel Eligio Marrufo Trejo, ex secretario privado de Roberto Borge.

GOBIERNO BORGISTA Y NARCO, EN LA MISMA MESA

Conforme a investigaciones periodísticas, desde el inicio del gobierno de Borge Angulo, la mafia y el gobierno estuvieron sentados a la misma mesa, pues luego de obtener el triunfo en las elecciones en 2011, Borge se reunió, por espacio de tres días, en un conocido hotel de Cozumel, con jefes del Cartel de Sinaloa, organización para la que operaba Leticia Rodríguez Lara.

Fuentes federales, comentan que también pudieron darse ese tipo de reuniones con “Doña Lety”, en las que se acordó que sería ella la que se encargara de mantener el equilibrio en el estado, sobre todo en la zona hotelera de Cancún, pero la interminable y permanente guerra con “Los Zetas” provocó que la situación se saliera de control y continuara la ola de criminalidad y violencia.

Durante la gestión de Borge Angulo, se puso de moda el residir en Villa Magna, donde edificó su mansión el ahora ex mandatario, lo mismo que el ex vocero de Félix González Canto, Jorge Eugenio Acevedo Marín e incluso la propia “Doña Lety”, quien montó su residencia y su cuartel de operaciones en el mismo lugar, aunque las autoridades “nunca se dieron cuenta” de la presencia de la mujer.

CAJAS DE SEGURIDAD, ENORME DECOMISO

Coincidentemente, Borge y muchos de sus ex colaboradores, guardaron su dinero y documentos en las mismas cajas de seguridad de la empresa donde “Doña Lety” tenía sus joyas, dinero y documentación, en la que vinculan al secretario privado del ex mandatario y a Mariana Zorrilla, ex esposa de Borge, con el crimen organizado.

Ahora, tras las declaraciones del “Rey” Zambada, Borge Angulo debe ser  llamado a declarar en el “Juicio del Siglo” y no se descarta que conformen sigan los testimonios de los demás testigos de cargo que faltan por declarar contra Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, pudiera surgir nuevamente el nombre de Félix Arturo González Canto y con ello, sea llamado también a comparecer.

AM.MX/fm

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