José Dávalos*
La reforma laboral que va a reglamentar la reciente modificación de la Constitución sobre la justicia del trabajo, de 24 de febrero de este año, no es suficiente que la preparen y la comenten las cúspides empresariales; es una exigencia de la población que el proyecto se conozca y se discuta oportunamente por todos los sectores interesados de los medios de la producción, y por los sectores académicos del país.
Que con la nueva reforma no ocurra lo mismo que con otras reformas que el Congreso de la Unión ha aprobado en un abrir y cerrar de ojos. Esta reforma tiene que ver con el paso de las funciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales del Poder Judicial Federal y Locales; con la creación de los organismos que conocerán del registro de los sindicatos y del depósito de los contratos colectivos de trabajo, y de la conciliación de los conflictos laborales. Son cuestiones de gran trascendencia para la impartición de la justicia del trabajo.
Fue ejemplar el procedimiento de elaboración y de discusión de la Ley de 1970, cuya solidez ha beneficiado y dado brillo a México. La Comisión redactora de la Ley la decidió el presidente Adolfo López Mateos; la integraron las personalidades siguientes: Salomón González Blanco, Secretario del Trabajo y Previsión Social; Cristina Salmorán de Tamayo, presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; Ramiro Lozano, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del entonces Distrito Federal; Mario de la Cueva, ex Rector de la UNAM, ex Director de la Facultad de Derecho y maestro emérito de la propia UNAM; y, Alfonso López Aparicio, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
La segunda etapa fue en la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien ratificó a la Comisión y a sus integrantes. El proyecto se divulgó entre los representantes de los trabajadores y de los patrones para que lo estudiaran y vertieran sus opiniones.
A iniciativa del Presidente de la República los representantes de las clases sociales intercambiaron impresiones y puntos de vista para la mejor elaboración del proyecto de ley. Los medios académicos aportaron sus opiniones.
La participación de gente conocedora de la disciplina del trabajo va de acuerdo con la seriedad de la ley o la reforma que se pretende realizar. Entonces no hubo peros para la Comisión redactora de la Ley de 1970. Participaron todos los sectores que tenían qué decir sobre la Ley. Fue un magnífico trabajo.
