CIUDAD DE MÉXICO, 30 de noviembre (AlmomentoMX/SemMéxico).- La violencia sigue siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, y mientras aumenta la participación de las mujeres en política, también aumenta la violencia en su contra, consideró la diputada María Lucero Saldaña Pérez.
La legisladora de la fracción parlamentaria del PRI, agregó que el tema de violencia política en razón de género, es una asignatura pendiente, que, si bien se encuentra en un proceso legislativo vigente, la realidad nos indica que se trata de un tema eminentemente impostergable y de urgente resolución.
Por lo anterior, presentó la iniciativa que adiciona el artículo 7 Bis a la Ley General en materia de Delitos Electorales, la cual se turnó a la Comisión de Gobernación y Población, que señala que quien obstaculice el acceso del ejercicio de uno o varios derechos políticos o electorales, o inherentes a su empleo, cargo u omisión a una mujer por razones de género se le impondrá una multa de 400 días y prisión de tres a siete años. Además de que especifica las diversas razones de género.
Destacó que no obstante que, en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, existen doscientos tipos penales, no se encuentra tipificado el delito de violencia política en razón de género.
Recordó el proceso electoral del 2017-2018 como uno de los más violentos en la historia de México para las mujeres, ya que del 8 de septiembre del 2017 al 12 de junio de 2018 se registraron un total de 417 agresiones, de los cuales 106 fueron en contra de mujeres.
Estos 106 ataques en contra de mujeres políticas y candidatas abarcaron un total de 22 entidades y 84 municipios del país. Se registraron eventos de tal violencia que implicaron 16 homicidios de mujeres.
Asimismo, son seis las entidades de mayor riesgo para la actividad política de las mujeres, pues 65 % de las agresiones se concentraron en las entidades de Guerrero, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz y Michoacán. Situación que tuvo importantes repercusiones en la seguridad de candidatas a puestos de elección de los tres niveles de gobierno. De las 106 mujeres políticas y candidatas agredidas, 59 por ciento pertenecían al ámbito municipal, 29 por ciento al nivel estatal y 12 por ciento al nivel federal.
Los datos corresponden al Primer Informe de Violencia Política contra Mujeres en México 2018. Etellekt Consultores.
También la Cámara de Senadores conoció la iniciativa del senador Juan Manuel Zepeda Hernández de la fracción parlamentaria del PRD para adicionar la fracción VII al Artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales para crear un tipo penal que sancione la conducta de violencia política contra las mujeres.
Aplicable a quien realice actos simbólicos, verbales, patrimoniales, físicos, económicos, físicos, sexuales o psicológicos dirigidos a una mujer en razón de género con el objeto de menoscabar o afectar el goce y ejercicio de sus derechos político-electorales o en el ejercicio de algún cargo público colocándola en desventaja.
El senador perredista consideró que la violencia política contra las mujeres en razón de género comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas y les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.
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