Por José Luis Camacho López
La iniciativa de crear fuerzas intervencionistas en los países a partir del narcotráfico o por las corrientes migratorias o por situaciones políticas de divergencias no es novedosa. Tiene toda una historia en las relaciones entre América Latina, el Caribe y el imperio del norte. Trump, por más que se enmascare, un día es el perfecto adulador y otro no. Usa el ardid de Damocles, sobre todo cuando dice que “todo va bien” con el nuevo gobierno mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo expresó en Davos y nuestra mandataria se siente satisfecha haberlo escuchado en una de sus mañaneras.
Trumb y su espada bajo el brazo aprovecha todos los momentos sosegados como dicta el proverbio de Damocles. No renunciará a someter a cualquier gobierno lo hará con una Doctrina Monroe más afinada, hablando quedito y con el palo dando. Sueña con una fuerza policiaca y militar para combatir extraterritorialmente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Por ahora la droga de su agenda es el fentanilo y México es el objetivo inmediato donde según la visión de su Departamento de Estado en nuestro territorio se produce esa letal droga, usando para probarlo al The New York Times, un diario que cumple misiones geopolíticas más que de simple periodismo.
Desde el asesinato del agente de la DEA, (Administración para el Control de Drogas) Enrique “Kiki” Camarena, en 1985 en Jalisco, se puso en evidencia la presencia del Departamento de Estado norteamericano en territorio mexicano. Infiltrado en uno de los cárteles de Jalisco, Camarena había usado su origen latino para hacerse pasar como un agricultor. Al ser descubierto fue cruelmente asesinado.
El que fuera un marine antes que agente de la DEA había comprobado los vínculos entre los narcos mexicanos con agentes mexicanos del espionaje oficial de la Dirección Federal de Seguridad con jefes de narcotráfico e incluso con la CIA, la agencia de la inteligencia estadunidense. Uno de sus mayores hallazgos fue reportar a la DEA un enorme plantío de marihuana en Chihuahua que obligó al gobierno mexicano del entonces presidente Miguel de la Madrid a destruirlo con fuerzas del ejército mexicano.
Su crimen desató la ira de funcionarios de la DEA y del propio presidente Ronald Reagan. En sus represalias llegaron al extremo de secuestrar al médico mexicano Humberto Álvarez Machain y procesarlo en California, ya que presuntamente asistía los interrogatorios y torturas al agente “Kiki” Camarena.
En 2013 se conoció por la revista Proceso y la cadena estadounidense Fox News la versión de tres exagentes federales estadounidenses adscritos a la CIA y la DEA de que el asesinato del agente de la DEA estuvo relacionado con el descubrimiento de que su propio gobierno colaboraba y utilizaba el narcotráfico y sus ganancias de drogas para proporcionar financiamiento a la contra terrorista nicaragüense, que desde el territorio de Honduras asolaba en la década de los ochenta a la joven revolución sandinista. Toda una historia de turbiedades del Irán-contra fraguada en la misma Casa Blanca.
La intervención de ese cuerpo policiaco en México creo toda una serie de reacciones nacionalistas en periódicos y medios políticos opositores o no, censurando la intervención de esa agencia en asuntos mexicanos de seguridad nacional. Los agentes de la DEA actuaban a la sombra de las autoridades mexicanas sin que se conocieran los tratos entre el gobierno de Miguel de la Madrid y el Departamento de Estado del gobierno de Ronald Reagan. Este mismo caso se repitió en los gobiernos siguientes de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hasta que Andrés Manuel López Obrador decidió romper con la presencia de los agentes de esa corporación policiaca de intervención y aparentemente correrlos.
Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en México ha sido la caja negra de las relaciones con México. No sabemos si aún persiste la, presencia disfrazada de los agentes de la persecución de las drogas o de inteligencia. No sabemos si con anuencia o no del gobierno mexicano, funcionarios de esa embajada asisten a los forenses de los estados para identificar los muertos por fentanilo. Sin esa asesoría, según un funcionario mexicano de esa embajada, no se podrían saber cuántas víctimas de esa droga ocurren en México, Hace unos días un forense de Baja California difundió la información de que en un 16 por ciento de los cadáveres en el Servicio México Forense de Tijuana y Mexicali encontraron rastros de fentanilo.
De la impunidad que protege a las organizaciones del narcotráfico en Estados Unidos sabemos poco, como alguna vez denunció Eduardo Valle, quien fue asesor del entonces Procurador General de la República, Jorge Carpizo, en la era del presidente Salinas, tampoco de la impunidad de la introducción diaria de las dos mil armas de distintos calibres por las fronteras del norte del país, hasta por las mismas garitas de uno y otro lado.
Desde los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush se ha mantenido oscura la iniciativa de crear una fuerza militar capaz de ser el instrumento perfecto de intervención en países como México, Colombia, Bolivia o Perú con el pretexto de ser productores de drogas y exportarlas a la Unión Americana. Durante el gobierno de Bush padre se proponía crear una fuerza multinacional que legalizara sus ambiciones de intervención. Todavía en esa época Washington expedía certificados a los países que cumplían con sus exigencias de combatir al narcotráfico de acuerdo con las normas fijadas por su Departamento de Estado.
Panamá en diciembre de 1989 fue el primer experimento de Washington. Vinculaba al narcotráfico con un gobierno adverso a los intereses de dominación. Uso su fuerza militar estacionada en el Canal de Panamá para invadir territorio panameño, derribar su gobierno, detener su presidente que había sido reelecto, Manuel Antonio Noriega y ser procesado y encarcelado en Miami por cargos de narcotráfico.
Por esos años de los ochenta y principios de los noventa, el narcotráfico asumía ser el tercer motivo de intervención en los asuntos internos de los países al sur del río Bravo. Bush se jactaba de ver a México como su traspatio al grado de llegar a intentar colocar en la frontera con México tres basureros de sus desperdicios nucleares en las zonas texanas de Sierra Blanca, Spofford y Dryden.
El presidente que cayó en el garlito de crear una fuerza multinacional militar interamericana fue el argentino Carlos Nemem. Lo propuso en la IX Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política efectuada en marzo de 1992 en la ciudad de Buenos Aires. El pretexto era contrarrestar los golpes de Estado en la región. Aún no se descaraba la intención abiertamente de incluir el narcotráfico como pretexto de injerencia que ya estaba al alza en México, Colombia y Perú.
Dos periódicos estadunidenses se sumaron a esa propuesta: The New York Times y Miami Herald. Ambos diarios de importante influencia en la opinión pública de su país la consideraban conveniente ante las inestabilidades en Haití. The New Times abogaba por esa fuerza multinacional para poner orden en esa isla del Caribe; y en Venezuela por los militares nacionalistas y en Perú por el grupo pro chino de Sendero Luminoso. Miami Herald argumentaba con esa fuerza multinacional militar interamericana impediría golpes de estado como el que derribó en Haití al presidente Jean Bertrand Aristide.
La iniciativa de legitimar una fuerza militar norteamericana en el continente en este siglo se ha ido recuperando a partir del crecimiento del narcotráfico. El arribo de Trumb en su segundo periodo presidencial volverá a darle mayor dimensión usando a esta peste del siglo XXI como un más acabado instrumento de presión a gobiernos como el de México, que por ejemplo en Sinaloa, por más esfuerzos y tropas de la Guardia Nacional no ha logrado desarmar, desarticular y detener a dos de los grupos más violentos en el país dedicados a los acabados de drogas como el fentanilo y a su transportación a los Estados Unidos.
El narcotráfico, al que se agregan la extorsión, el secuestro, el robo y asaltos con violencia, es uno de los factores de las fuentes de la percepción de inseguridad pública que permea la vida cotidiana de la población mexicana. De acuerdo con las encuestas nacionales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)en diciembre de 2024 el 61.7 por ciento de la población mayor de 18 años consideraba “más inseguro vivir en su ciudad”. Es una percepción de inseguridad que ha ido creciendo si en septiembre de 2024 era de 58.6 por ciento y en diciembre de 2023 era de 59.1 por ciento. Un aumento en las cifras de percepción de inseguridad con todo y cambio de gobierno.
Esta percepción de inseguridad en aumento en la población tiene probabilidades de ser un componente que favorezca en el país e influya en las percepciones de inseguridad de la población mexicana, si la eventual iniciativa del gobierno de Donald Trumb de una fuerza policiaca-militar extraterritorial prospera para combatir y detener las bandas organizadas del narcotráfico. Es un peligro mayor que a su vez infiera en un debilitamiento político del gobierno de Claudia Sheinbaum, no obstante sus altas calificaciones por su gestión de los cien días, y muy a pesar de sus esfuerzos de una relación entre iguales con respeto a nuestra soberanía.
El leguleyo de Trump trae la espada de Damocles.
Durante los gobiernos del largo régimen priista y hasta del panismo se terminaron doblando las espaldas por más que tocaban las campanas de Dolores. Esperemos que no sea este el caso.
