CANCÚN, Q. R.- Pese a la captura de Florian Tudor, cuya extradición a Rumania ha sido obstaculizada por sus abogados defensores mediante maniobras legaloides, la banda de la Riviera Maya continúa operando en el Caribe Mexicano y en otros destinos turísticos de México, con lo que la presencia de la mafia rumana sigue siendo más que evidente en nuestro país, en perjuicio de miles de turistas nacionales y extranjeros que, sorpresiva y repentinamente, ven que sus cuentas bancarias han sido vaciadas.
Así lo confirmaron a Grupo Sol Corporativo fuentes de la Fiscalía General de la República cercanas a la investigación del grupo internacional de estafadores que, al menos desde hace ocho años, se aposentó en México para cometer diversos delitos, principalmente la clonación de tarjetas y apoderarse de los recursos de miles de turistas.
Tras su captura, Rumania presentó la petición formal de extradición de Tudor por ser la cabeza de un grupo delictivo organizado, instigación al chantaje, chantaje e instigación a la tentativa de homicidio agravado, ilícitos que fueron homologados a la legislación mexicana como delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio.
La presencia del grupo delictivo sigue siendo tan evidente que apenas a principios de diciembre pasado, cinco meses después de la captura de Florian Tudor, el gobierno de los Estados Unidos alertó de la peligrosidad de la mafia rumana en México que seguía operando a todo vapor.
Ese señalamiento se confirmaría a mediados de ese mismo mes, al detener a los rumanos Mihai Ghiata y Iulia Iancu, durante un cateo en Cabo San Lucas, Baja California Sur, por su presunta participación en el robo, clonación de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas, hackeo de cuentas y su relación con el líder de la mafia rumana en México.
Los detenidos manejaban un esquema de hackeo y blanqueo de capital muy sofisticado con criptomonedas y fraude electrónico denominado phishing, una estrategia para engañar a las personas y hacer que compartan contraseñas, números de tarjetas bancarias e información confidencial mediante correos electrónicos o llamadas.
En los inmuebles donde se les aprehendió, se aseguraron equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento, numerario, narcóticos, lectores de bandas magnéticas, teléfonos celulares y servidores de red; implementos para la clonación de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y hackeo de cuentas identificadas en la investigación.
Contra uno de los detenidos, Mihai Ghiata, había la ficha roja de Interpol por ser plenamente identificado como miembro de un grupo delictivo dedicado al fraude y falsificación de medios de pago electrónicos en diversos países de Europa.
Otra captura que corroboraría la advertencia del gobierno estadounidense, fue la de otro ciudadano rumano, cuya identidad se reservaron las autoridades, detenido en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, el cual era buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por su participación en varios crímenes cometidos en la ciudad de Nueva York entre los años 2014 y 2019.
El cruce de información entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Rumania, demostró que también participó en la instalación de dispositivos para clonar tarjetas en cajeros automáticos de sucursales bancarias en diversos países.
También se estableció que su participación con el grupo delictivo de Florian Tudor no se limitaba solamente a la clonación de tarjetas y saqueo de los cajeros automáticos, sino a la ejecución de enemigos del grupo e incluso de miembros desertores del mismo que pretendían erigirse como una banda rival.
Esas detenciones y los reportes de autoridades norteamericanas revelaron que Tudor y su grupo infiltraron a policías y agentes ministeriales a los que les pagaban 2 mil dólares mensuales para obtener protección y los alertaran de operativos en su contra.
Uno de los informes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) alertó que la mafia rumana también se vinculó y financió a políticos ligados al Partido Verde Ecologista, como José Luis Jonathan Yong, secretario general del PVEM y exsecretario de Seguridad Pública de Cancún, que resultó uno de los principales operadores de Florian Tudor.
Con antelación, el FBI solicitó la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para bloquear las cuentas bancarias de 79 personas físicas y morales relacionadas con la mafia rumana, varias de ellas de empresarios y exfuncionarios de Gobierno.
En base a testimonios de colaboradores de Florian Tudor que solicitaron protección y asilo en los Estados Unidos, fue posible conocer su relación con el crimen organizado y detalles de las operaciones de la mafia rumana al aportar datos sobre los puntos de operación con tarjetas de créditos, así como pormenores de los agentes infiltrados y sus vínculos con el crimen organizado.
Así, se descubrió que Héctor Flores Vidal y/o Héctor Flores Aceves, alias “El 15”, es señalado por colaboradores de Tudor como el principal enlace de los rumanos con integrantes del Cártel de Bonfil, quien sostuvo disputas con Carlos Omar Torres Jáquez, alias “El 12” o “El Chore”, asesinado en julio del pasado año.
Tanto Héctor como Carlos, ambos integrantes de la mafia rumana, fueron relacionados con extorsiones, secuestros, cobro de piso y distribuidores de droga en la Riviera Maya.
Asimismo, desde hace siete años, en abril de 2015, el diario británico Daily Mail reveló los primeros indicios de un grupo criminal extranjero dedicado a la clonación de tarjetas a través de cajeros automáticos en Quintana Roo y en otras zonas turísticas del país.
La investigación, hecha por el experto en ciberseguridad Brian Krebs, señaló que por lo menos 19 cajeros automáticos ubicados en la Riviera Maya estaban intervenidos con dispositivos de Bluetooth que permitían el robo de los datos bancarios.
La información robada era vendida con el fin de clonar tarjetas y efectuar compras por internet. Con este sistema, los criminales obtuvieron millones de dólares mensuales.
Los dispositivos colocados podían almacenar los datos de hasta 32 mil personas y se encontraban en cajeros de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, los sitios más visitados de Quintana Roo.
En junio de 2020, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), presentó una investigación en la que reveló que la organización criminal originaria de Rumania, llegó a México desde marzo de 2014 y se extendió a otros estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y a otras entidades con importante afluencia turística.
En principio la mafia rumana se estableció en México como la empresa Top Life Servicios y firmó un contrato con el banco Multiva para instalar cajeros automáticos en diversos puntos turísticos. Fue a través de esos cajeros que efectuaron el robo de datos durante años y las tarjetas clonadas eran utilizadas para sacar dinero en otros países como Indonesia, India, Barbados, Paraguay, Japón, Estados Unidos y Taiwán.
Desde entonces a la fecha, según las investigaciones, la organización criminal ha robado más de mil 300 millones de dólares a través de cajeros automáticos instalados en diversas naciones.
Florian Tudor fue detenido la primera vez a mediados de 2019 en Quintana Roo pero fue liberado horas después al no encontrar sustento para retenerlo.
A inicios de febrero 2021, el caso de la mafia rumana retomó importancia luego de que decenas de ciudadanos de Rumania, que dijeron ser turistas, fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún.
Las autoridades mexicanas confiscaron sus documentos y argumentaron que realizaron esta acción porque las personas de origen rumano no pudieron comprobar los motivos de su viaje.
El Instituto Nacional de Migración señaló que tras la revisión de documentos descubrieron que algunas personas contaban con alerta de viaje, es decir con señalamientos de irregularidades. Luego de tres días las autoridades mexicanas permitieron la entrada a nuestro país de 136 turistas rumanos, mientras que cuatro fueron repatriados.
Posteriormente, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que habían sido bloqueadas las cuentas de 79 personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y rumana, “que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”.
Y se conocieron nombres de algunas de las personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, entre ellas José de la Peña Ruíz de Chávez, diputado local de Q. Roo por el partido Verde; José Luis Jonathan Yong, exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez; Jonathan Medina Nava, exfiscal del fuero común en el Estado, y Adrián Nicolae Cosmin, socio del empresario Florian Tudor.
Otro de los nombres que circuló como unos de los políticos con cuentas bloqueadas fue el de René Juvenal Bejarano Martínez, esposo de la morenista, Dolores Padierna Luna, quien también lo negó.
Una investigación de la organización internacional Insigth Crime, sobre el grupo criminal de rumanos radicados en México, reveló detalles sobre el modus operandi del grupo, lo que incluye una red de alianzas políticas y se descubrió la posible alianza con los exgobernadores quintanarroenses Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, así como legisladores y alcaldes de la misma entidad.
La organización señala que varias organizaciones criminales europeas han tenido presencia durante mucho tiempo en América Latina, incluidos grupos de mafiosos italianos, albaneses y serbios, pero su presencia ha sido a través de intermediarios y operadores que establecen asociaciones criminales con organizaciones latinoamericanas.
El grupo de Tudor actúa de manera diferente. Con base de operaciones en México conformó alianzas con otros grupos criminales y con diversos políticos a fin de operar sin obstáculos, pues además ha sido vinculada con el tráfico sexual y la extorsión.
Su líder Tudor, se mudó de Rumania a Cancún antes de 2014 y le siguieron amigos y familiares que establecieron un cerrado círculo conformado por ciudadanos rumanos, el cual ha sido difícil de infiltrar por las unidades de inteligencia.
Algunos de los miembros del grupo, conocidos como “pullers” eran desplegados para retirar dinero con tarjetas clonadas e instalar dispositivos en más de 100 cajeros automáticos en Cabo San Lucas, Playa del Carmen, Cozumel, Acapulco, Zipolite, Manzanillo, Puerto Vallarta y otros sitios turísticos.
Se dice que la banda creó múltiples compañías fachada, mediante las cuales invirtieron millones de dólares en bienes raíces, adquisición de tierras, casinos y artículos de lujo en México, incluida una propiedad de lujo de varios pisos que era utilizada como su sede principal en Cancún.
Una investigación sobre la banda, realizada por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP), señala que, en 2015, el hermanastro de Tudor, Adrian Enachescu, también creó una empresa ubicada en Delaware, Estados Unidos, con oficinas en Nueva York y San Francisco, que era utilizada para enviar dinero de cuentas bancarias estadounidenses a miembros de la organización en México y Rumania.
Craiova, la ciudad natal de Tudor, es un centro de grupos del crimen organizado rumanos, que son apoyados por la corrupción local, lo cual se puede evidenciar por sus lujosos apartamentos en el centro de la ciudad, adquiridos con dinero enviado desde México y Estados Unidos. La ciudad fue el lugar de origen de las operaciones de desfalco de cajeros automáticos en países como Suiza, Italia, Francia y Estados Unidos.
Desde que fue descubierta la organización, las autoridades estadounidenses, mexicanas y rumanas han llevado a cabo múltiples detenciones para desmantelar la organización y repatriarlo a Rumania, pero el estrecho círculo de Florian Tudor y sus contactos políticos han obstruido la tarea y se mantiene casi intacta.
De acuerdo a informes de inteligencia del FBI y de investigaciones de la FGR, el sucesor de Florian Tudor sería su socio, Chakib Naif Ifram, quien quedó al frente de la organización criminal y es el encargado de continuar con las operaciones.
AM.MX/fm
