Gregorio Ortega Molina
*Quien anoche o la madrugada de hoy haya sido declarado triunfador, debe dedicar su voluntad, de inmediato, a corregir el curso de esta guerra civil entre pillos, no tan pillos, autoridades y ciudadanos como víctimas
Alguna vez comentamos Malena Mijares, Ignacio Ortiz Monasterio y quien esto escribe, la perversa sensación que deja en el alma la empatía que se cultiva y crece por los villanos de las novelas y series televisivas, cuando -en la ficción y en la vida real- se descubre la desestructuración del Estado de derecho. Así inicia también la ambigüedad por las preferencias electorales.
Muchas de las instituciones nacionales -sobre todo las de procuración y administración de justicia- fueron arrasadas por el comportamiento de los mexicanos y las erradas políticas públicas, como la guerra calderoniana al narco, que consume vidas y dinero que debieron dedicarse a los programas de inclusión social, a garantizar la paz y evitar la impunidad.
Las carencias son muchas y las ganas por resolver los problemas nos parecen pocas. En un inquietante reportaje-entrevista de El País, en el que la informante prefiere el anonimato por su propia seguridad, se da cuenta a los lectores de todo lo que hace falta en Nayarit, como en otras entidades federativas, para garantizar la seguridad, la paz pública: patrullas, peritos, tecnología para rastrear un crimen. En Tepic hay registro de 35 mil cuerpos sin identificar.
¿Quién les va a dar nombre? ¿Cómo se les va a restituir desde el anonimato para que en sus familias se dé carpetazo a la incertidumbre? “Sólo en el primer bimestre de 2018, en Nayarit se hallaron 41 cadáveres no identificados en fosas clandestinas. Y se sumaron 41 muestras de ADN para preservar su identidad; a unos metros de la especialista, en una mesa del mismo laboratorio, reposa el fémur de una víctima, proveniente de esas fosas, al que la joven especialista ha serruchado una pequeña sección, cuidadosamente, para poder extraer muestras de la médula ósea, que algún día podría ser sometida a estudio en el <<secuenciador de ADN>>, aparato que hace un año dejó de funcionar por falta de mantenimiento y que permanece a un costado del refrigerador de cocina”.
Lo que narra El País refleja lo que ocurre en México con sus instituciones. Las desmantelaron por atender una guerra perdida de antemano, pero que consumió recursos que debieron dedicarse a todos los programas exigidos por una eficiente inclusión social.
Quien anoche o la madrugada de hoy haya sido declarado triunfador, debe dedicar su voluntad, de inmediato, a corregir el curso de esta guerra civil entre pillos, no tan pillos, autoridades y ciudadanos como víctimas. Algo ha de hacerse con la Iniciativa Mérida, con la Ley de Seguridad Interior, con la desbocada adquisición de armas por parte de las Fuerzas Armadas y la corrupción que todo lo permea y destruye.
Adquiere la obligación de poner orden y sujetarse a un mandato constitucional, o será que el caldo resultará más caro que las albóndigas. No adelantemos vísperas, por lo pronto atestigüemos cómo resuelve el clima poselectoral y qué propone para legitimar sus aspiraciones de gobernar 120 millones de mexicanos.
