Por José Cruz Delgado
*Otro político michoacano asesinado.
Es muy lamentable y condenable el homicidio del delegado del PT en Apatzingán, Agustín Solorio Martínez, que de manera vil y cobarde le arrebataron la vida tras varios días de estar desaparecido.
Hoy le tocó al PT, y con justa razón demanda justicia, y ojalá ahora sí alcen la voz por todas las demás víctimas de la violencia y exijan al gobernador que haga su trabajo en lugar de aplaudirle, en una palabra, que dejen de arrastrarse.
La desaparición de Solorio Martínez generado indignación alarma y enojo entre la población apatzinguenses, mientras la morenistas presidenta municipal Fanny Arreola, guarda absoluto silencio. Por cierto, la alcaldesa llegó a la alcaldía con el apoyo del petismo.
JUSTICIA PARA BERNARDO BRAVO…….Y ya que tocamos el tema de Apatzingán, parece que la justicia no ha llegado para Bernardo Bravo, ex presidente de los citricultores del Valle quien fue asesinado por exigir a las autoridades el cese de la violencia y las extorsiones.
Su esposa, Amelie Gissel Navarro Lepe, pidió reforzar las indagatorias respecto a su asesinato, hechos reportados hace casi dos meses. Señala que
debido al activismo del ex líder, el caso debe ser tratado bajo un estándar de protección reforzada.
Dice que la justicia para su esposo debe ser integral, abarcando no solo a los responsables, sino también medidas de satisfacción, reparación y no repetición.
Señaló ola justicia no debe depender de influencias externas, sino de la obligación legal del Estado.
Efectivamente, Bernardo Bravo no solo era un empresario del sector limón, sino un activista social y líder que defendía los derechos económicos y sociales de los productores de la región.
“Cuando defiendes los intereses de una colectividad, defiendes derechos humanos. Bernardo era un defensor de derechos humanos, económicos y sociales del gremio limonero… es una obligación de las autoridades tener en cuenta la calidad de su actividad”, afirmó Navarro Lepe.
Exigió que las autoridades realicen el trabajo que les corresponde con la debida diligencia y sin caer en la omisión, asegurando que el legado de Bernardo en la lucha por los derechos colectivos del campo no debe quedar impune ni silenciado.
