CIUDAD DE MÉXICO, 16 de agosto (AlmomentoMX).- El Instituto Nacional Electoral endureció sus políticas de propaganda para los aspirantes electorales al prohibir que éstos puedan comprarla en medios de comunicación, redes sociales y vía pública; así como impedirá a los servidores públicos con este tipo de aspiraciones asistir a eventos donde se entreguen programas sociales o se difundan logros de gobierno, medida que ha sido impugnada por la Presidencia de la República.
El acuerdo que, incluso plantea contabilizar como gastos electorales las erogaciones de quienes compren este tipo de espacios, también fue impugnado por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, el ex coordinador de los diputados federales y también mexiquense, César Camacho, y las consejerías jurídicas del Estado de México y Oaxaca.
También impugnaron panistas como el alcalde de Boca del Río, Veracruz, Miguel Yunes Márquez, y Luisa María Calderón, senadora panista y cuñada de la aspirante presidencial, Margarita Zavala.
“Hoy (ayer) termina la posibilidad de que se impugne el acuerdo de cancha pareja y las últimas cifras dicen que ha habido 105 impugnaciones provenientes de los más diversos actores: desde legisladores federales y locales hasta presidentes municipales, partidos políticos, medios de comunicación e, incluso, las consejerías jurídicas de dos estados y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República”, reveló el presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante su participación en el foro Integridad Electoral en América Latina.
Córdova Vianello aseguró que las decisiones del INE “no gustan” porque “afectan intereses” de algunos.
Pese a ello, anunció que se mantiene firme en su decisión de emitir, este mes, nuevos lineamientos para evitar el uso de programas sociales con fines electorales o la distribución de tarjetas con la promesa de fondearlas si un candidato gana una elección.
“Hemos decidido emitir reglas para evitar la tentación del uso electoral de los programas sociales antes de que las elecciones comiencen para que la sociedad civil, los medios y las universidades puedan auditar el ciclo presupuestario de esos programas”, indicó.
Los lineamientos aprobados por el INE el 20 julio prohíben además la difusión de propaganda personalizada, realizar informes de labores una vez iniciado el proceso electoral y, si es necesario hacerlo por mandato de ley, su difusión no podrá contener nombre, imagen y voz del servidor público.
Entre sus impugnantes también destacan legisladores priistas, entre ellos, la mexiquense, Carolina Monroy; Yulma Rocha, quien es la vocera del CEN priista y Martha Hilda González, ex alcaldesa de Toluca, Edomex, entre otros.
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