CIUDAD DE MÉXICO.- Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social, PRD y PVEM, fijaron sus posiciones en torno al dictamen a la minuta por el que se resuelve sobre la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular presentada por el Presidente de la República, y se expide la Convocatoria a ese proceso.
De Morena, el diputado César Agustín Hernández Pérez afirmó que la Consulta Popular es constitucional toda vez que cumple con el requisito de trascendencia nacional y la pregunta para llevarla a cabo ya ha sido aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enfatizó que es inobjetable la pertinencia de hacer efectivos los instrumentos de la democracia directa y para México es fundamental hacer justicia.
El diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) sostuvo que la ley no se consulta, se aplica. Resaltó que en Acción Nacional están a favor de que se sancione a cualquier persona que haya cometido un delito en el pasado y en el presente, “y si hay pruebas contra cualquier
Del PRI, el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez señaló que la justicia no se consulta, se aplica, ya que la Constitución establece que cualquier ciudadano puede presentar las pruebas para que se ejerza, por lo que esta Consulta Popular se está volviendo una bandera partidista y electoral. “Sus participantes serían un tribunal popular hecho a modo”.
Del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña aseguró que la corrupción no puede terminar sin acabar con la impunidad y señaló que el máximo símbolo de esta práctica son los expresidentes de la República, lo cual desde 1988 a 2018 se ha mostrado, no obstante que las pruebas están a la vista, pero son intocables. “No tengan miedo a la voz del pueblo, la consulta se hará y nuestro movimiento volverá a tener mayoría”.
El diputado Tonatiuh Bravo Padilla (MC) expresó que por ser un atentado a la división de poderes y por las violaciones constitucionales que contiene, Movimiento Ciudadano votará en contra del dictamen y se pronuncia por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes que de ella emanan. “En una Consulta Popular no se puede someter a escrutinio el cumplimiento de las leyes”.
De Encuentro Social, el diputado Ernesto Vargas Contreras afirmó que la consulta es el pleno ejercicio de los derechos sociales de la gente y el mecanismo idóneo de inclusión entre sociedad y Gobierno. “Consultar significa tomar la ruta del todo y no de unos cuantos. Votaciones como esta son socialmente correctas y generan confianza”.
La diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) consideró que la consulta pone en riesgo los derechos de las y los mexicanos como víctimas, “porque si se cometieron delitos contra el Estado, las autoridades deben restituirlos” y no corresponde a la sociedad decidir si se deben investigar esos delitos porque es responsabilidad de las instituciones.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM), dijo que votaría a favor porque este ejercicio no interferirá con el proceso electoral, garantizando con ello la emisión de un voto libre. Además, la pregunta de la consulta no personaliza ni viola garantías, y tiene que ver con la búsqueda de la verdad sobre el actuar de servidores públicos.
Al hablar en contra, el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) expresó que la pregunta está vacía de sentido y es inocua, por lo tanto carece de la fundamentación que ordena la Constitución. Se gastarán recursos multimillonarios para plantear una pregunta ininteligible; la consulta no es necesaria ni pertinente y el cuestionamiento está cargado de demagogia.
La diputada Alma Delia Navarrete Rivera (Morena) afirmó que existe la posibilidad de transitar hacia un verdadero ejercicio de participación democrática y no está a discusión la viabilidad jurídica de la consulta, ya que ello lo resolvió la SCJN. “Las y los mexicanos podrán participar, opinar, evaluar y decidir sobre las acciones que debe adoptar el Estado mexicano; sólo nos corresponde calificar la trascendencia nacional del tema a llevarse a cabo en la consulta”.
La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) manifestó su voto en contra porque la consulta no tendrá como resultado un acto de justicia por las decisiones tomadas en otras administraciones ni será un mecanismo para empoderar a la sociedad frente a las decisiones del Gobierno. Consideró que “es una farsa”, no es vinculatoria para el Gobierno y “la crisis económica tampoco es idónea para soportar un gasto de esta magnitud”.
El diputado Azael Santiago Chepi (Morena) dijo que esta consulta sentará un precedente en el combate a la impunidad y la corrupción. Se pronunció a favor por hacer historia y avalar la solicitud de consulta para destruir “el muro de la histórica impunidad”, y defender la democracia participativa y al pueblo en busca de la justicia y el respeto a la opinión popular.
La diputada Carmen Julia Prudencio González (MC) dijo que están en contra del dictamen porque no serán parte de un proceso que afecta de manera tendenciosa a los derechos humanos y busca utilizar la Consulta Popular como un instrumento público de carácter faccioso con el ánimo de afectar las contiendas electorales, anteponiendo y lastimando a las instituciones.
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) comentó que la Corte resolvió que la materia de la consulta es constitucional y modificó la pregunta para evitar que tuviera rasgos tendenciosos. “La Constitución señala que cuando la participación total de la consulta sea de 40 por ciento o más de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes federales Ejecutivo, Legislativo y autoridades competentes”.
La diputada del PAN, Adriana Dávila Fernández, declaró que la consulta es una farsa, debido a que su propósito nada tiene que ver con la justicia, porque su fin es la evasión de la realidad y la elección del 2021. “Por supuesto que toda acción contraria a la ley debe sancionarse; para ello, a este país le ha costado muchos años la construcción de instituciones y leyes, por lo que invito a presentar la denuncia y seguir los cauces institucionales”.
La diputada de Morena, Beatriz Dominga Pérez López subrayó que México merece dejar atrás los gobiernos corruptos y ciegos, por lo que con la aprobación de este dictamen se está dando un paso hacia la consolidación de la democracia y el Estado de derecho. “La consulta popular es un derecho humano y se hará realidad la participación ciudadana en temas fundamentales para la nación”.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) sostuvo que su grupo parlamentario no está en contra de la Consulta Popular; “en lo que estamos en contra es en que se pretenda utilizar este mecanismo legal de participación ciudadana para un fin estrictamente político”.
La diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (Morena) señaló que “hoy la consulta no se consulta a los mandos políticos como se acostumbraba”, sino al pueblo de México porque son ellos quienes toman las decisiones también de nuestro país. Sostuvo que el pueblo dice que los expresidentes sean enjuiciados.
Por el PAN, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez expresó que si realmente se quiere enjuiciar, solamente el Gobierno tiene que llamar a la Fiscalía General de la República o a la Secretaría de Seguridad Publica. “No se atreven a enjuiciar directamente a los ex funcionarios; quieren que el pueblo lo haga”.
El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) precisó que el país viene de un sistema de impunidades y la consulta es sobre la gestión del Gobierno y dicho juicio es “para que responda el pueblo y diga basta, pero sobre todo que la justicia sea obligatoria y se aplique, porque ha sido exigida por las y los ciudadanos”.
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