CIUDAD DE MÉXICO, 19 de diciembre, (AlmomentoMX).- Con menos estrépito, en comparación con la reciente aprobación del Senado sobre la Ley de Seguridad Interior, el viernes pasado el Senado aprobó la Nueva Ley General de Biodiversidad.
En el cierre del periodo de sesiones del Senado, se aprobó nuevamente de manera acelerada esta iniciativa ley, con cambios que responden algunas inquietudes de ambientalistas y académicos, pero sin la prohibición expresa a explotaciones mineras y de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas (ANP).
Se aprobó sin que los senadores, que llevaban casi 24 horas sesionando, conocieran el dictamen. La aprobaron con 88 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones.
Una mayoría rechazó también la reserva de la senadora Silvia Garza, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, para incluir el impedimento expreso de proyectos mineros en las ANP.
La propuesta se realizó por parte de la senadora Ninfa Salinas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien es además directiva de Grupo Salinas.
La organización Greenpeace rechazó esta iniciativa, así como también otras organizaciones civiles.
Para esta organización, dicha aprobación se llevó a cabo de manera sorpresiva y sin la amplia consulta exigida por la sociedad, tal como lo mandatan los estándares de derechos humanos.
La iniciativa fue presentada originalmente para ser aprobada de forma expedita en el marco de la COP13 del Convenio sobre Diversidad Biológica en diciembre de 2016 en Cancún, sin embargo, dadas sus deficiencias fue frenada en aquel momento.
La aprobación de la nueva propuesta de Ley se llevó a cabo sin la consulta de un sector amplio y representativo de la sociedad civil y sin el aporte de quienes se verán afectados por su aplicación, principalmente las comunidades y los pueblos indígenas.
De esta manera se vulneran los derechos a la consulta previa y al consentimiento libre e informado establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
Tanto Greenpeace como otras organizaciones externaron su preocupación sobre los siguientes puntos:
1.-La escasa protección de los recursos genéticos y su mercantilización, que podría agudizar conflictos asociados al acceso y reparto de beneficios a comunidades locales o pueblos indígenas.
2.-La falta de claridad en materia de consulta y participación ciudadana, pues los espacios que se proponen en este sentido están mal diseñados y no cumplen la función de ser mecanismos reales de deliberación.
3.-Que en sus artículos transitorios se establecen excepciones que abren la posibilidad al uso comercial de mamíferos marinos.
4.-Además, no se establece la prohibición de actividades de alto impacto, como la minería y la generación eléctrica, en áreas naturales protegidas, con lo que la nueva Ley en lugar de proteger a la biodiversidad protege los intereses de sus proponentes.
Greenpeace, así como diversas organizaciones y personas exigieron a través de una carta, la cual fue enviada a la Cámara de Diputados, para que sea discutida en el marco de un proceso de Parlamento Abierto. También se pidió que se garantice el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado ante esta medida legislativa que tiene importantes implicaciones para los mismos.
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