CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el Senado de la República aprobó la Ley de Amnistía y, el Gobierno Federal así como la mayoría de los gobiernos estatales, revisan el cambio de la medida cautelar para que las personas privadas de su libertad que están procesadas o purgan sentencia por delitos no graves puedan abandonar los centros penitenciarios, la Fiscalía del estado de Chiapas encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca, en coordinación con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, lucran con la libertad, la salud y la vida de cientos de personas recluidas en cárceles chiapanecas.
Luego de hacer pública esta denuncia, el vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, Jesús Gutiérrez Valencia, señaló al Gobernador y al Fiscal del estado de Chiapas de proponer a las personas privadas de su libertad que acepten el procedimiento abreviado (admitir los hechos delictivos que se le imputan) para que puedan salir libres y preservar en las mejores condiciones posibles su salud y su vida ante la pandemia derivada del COVID-19.
Apoyado por 33 Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, 45 organizaciones sociales y 3 Instituciones educativas, la CNPA-MN exigió al gobernador y al Fiscal General del estado de Chiapas, dejar de lucrar con la libertad, la vida y la salud de las personas privadas de su libertad y revisar los cambios de medidas cautelares respetando su dignidad humana y sus derechos al debido proceso y la defensa adecuada.
Dejó en claro, Jesús Gutiérrez Valencia, que cientos de personas, ante la disyuntiva de resguardarse en su hogar o enfrentar la pandemia en las deplorables condiciones que existen en los Centros de Readaptación Social del Estado, se ven en la extrema necesidad de aceptar las deshonrosas condiciones que les proponen las autoridades de la entidad.
Calificó el vocero de la CNPA-MN, “estamos en el tiempo de canallas, a los cuales tarde o temprano la historia juzgará”.
AM.MX/fm
