CIUDAD DE MÉXICO.— La defensa de Genaro García Luna apeló formalmente el juicio y la sentencia que se le impuso de 38 años de prisión, bajo el argumento de que su derecho a un debido proceso fue violado, entre otras cosas, por haberse utilizado declaraciones presuntamente falsas de testigos en su contra y por el ocultamiento de pruebas que lo beneficiaban.
En un documento de 78 páginas, acompañado de 22 apéndices con casi cuatro mil 600 hojas, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib desglosan en cinco grandes ejes las razones por las cuales consideran que el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública ha quedado “irremediablemente contaminado” y, por lo tanto, debe ser cancelado o al menos reiniciado.
⇒ La defensa de García Luna presentó formalmente los argumentos de la apelación este 18 de diciembre, fecha en que vencía la última prorroga que se había concedido al exfuncionario, luego de varios obstáculos que los abogados enfrentaron para poder presentar la apelación, entre otras cosas, por un constante cambio de penales e incomunicación a la que estuvo sometido el exfuncionario.
Lo que sigue ahora es que los fiscales revisen los argumentos desglosados por los abogados y contesten cada uno de ellos en otro escrito que también será enviado a la Corte. Posteriormente, la defensa tendrá una última oportunidad para replicar y, a partir de la información recibida, la corte de Apelaciones tomará una determinación.
César de Castro, abogado de Genaro García Luna, presentó la apelación de su caso, donde indica cinco aspectos:
1. La Corte abusó de su discreción al denegar audiencia para nuevo juicio.
2. Se acusa de no permitir a la defensa contrainterrogar a testigos clave.
3. Supuesto abuso… pic.twitter.com/57OLXiy7Ur— Jesús García 🐦 (@JesusGar) December 19, 2025
En febrero de 2024 un jurado declaró culpable a Genaro García Luna de cinco cargos de narcotráfico tras un juicio de poco más de un mes que se llevó a cabo en la corte federal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn. Seis meses después, el juez Brian Cogan le impuso una pena de 38 años de prisión y el pago de una multa de dos millones de dólares.
“La condena impuesta a García Luna fue irrazonable en procedimiento como sustancialmente ya que dependió sobre información errónea y fue sorprendentemente mayor de la necesaria para satisfacer las metas de la sentencia”, concluye la apelación.
Tanto el resultado del juicio, así como la condena impuesta por el juez, han sido objeto de la apelación presentada por el ex funcionario. La defensa de García Luna destacó que el juicio fue manchado por “testimonios falsos” de por lo menos dos testigos críticos y que los fiscales no presentaron evidencia relevante al caso. Afirmó que el juez negó una audiencia para presentar nueva evidencia y otras pruebas descubiertas después del juicio.
Otro de los puntos centrales de la apelación es que los fiscales estadunidenses, indebidamente, ocultaron documentos y evidencias que eran favorables para García Luna y que en suma eran exculpatorias de varias de las afirmaciones que se hicieron en su contra o que generaban dudas de su trayectoria.
#ÚltimaHora | Defensa de Genaro García Luna presenta apelación a la sentencia en su contra en Nueva York y pide que el juicio sea desechado o reabierto, por haberse violado el debido proceso. Argumentan que se aceptaron en su contra declaraciones falsas de testigos y se ocultaron… pic.twitter.com/xJv4nMQJqo
— NMás (@nmas) December 19, 2025
Otra violación grave, de acuerdo con la apelación, es que el juez Cogan no permitió el contrainterrogatorio a dos testigos cooperantes de la fiscalía, Sergio Villarreal‑Barragán y Harold Poveda‑Ortega, sobre conductas de violencia engañosa y de índole sexual al considerar que eran hechos de otra naturaleza que no tenían que ver con el caso.
La defensa también cuestionó que el juez permitiera a los fiscales introducir múltiples fotografías de una casa blanca, un acuario y otros bienes supuestamente asociados a García Luna, sin ninguna prueba de que fueran producto de los delitos imputados. Se destacó que esto violó los principios de la Regla 403 de evidencia federal, que establece que la prueba de riqueza no vinculada al delito carece de valor probatorio y es altamente prejuiciosa, invitando al jurado a inferir culpabilidad por ostentación económica.
La apelación también cuestiona que, más allá del juicio y veredicto, la sentencia de 28 años de prisión impuesta por el juez y el pago de dos millones de dólares de multa son desproporcionados. La defensa comparó la pena con la de otros exmandatarios o funcionarios de alto nivel condenados por delitos de narcotráfico, señalando que varios recibieron entre 16 y 24 años.
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AM.MX/dsc
