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COZUMEL, Q.R.- A dos años y nueve meses del auto atentado suscitado en uno de los barcos de la desaparecida empresa naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S. A. de C.V., mejor conocida como “Barcos Caribe”, las investigaciones están estancadas.

El hecho se suscitó el 21 de febrero de 2018 y de acuerdo con investigaciones realizadas por Sol Quintana Roo, el autoatentado fue perpetrado por Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador Roberto Borge Angulo, quien continúa libre.

De acuerdo con información obtenida, el padre del ex gobernador Roberto Borge Angulo, fue el autor intelectual y el fin era desviar las investigaciones en torno al lavado de dinero que se hacía desde la empresa naviera. La explosión arrojó un saldo de 26 personas heridas, entre ellas cinco turistas estadounidenses, como resultado de la explosión.

Por tal hecho se integraron tres carpetas de investigación, una estatal y dos federales, que a la fecha no han servido para esclarecer el caso y detener a los responsables.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, las investigaciones levantaron las sospechas de que los propietarios de la naviera eran los ex gobernadores Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, respectivamente, que se valieron de prestanombres, entre amigos, colaboradores y hasta familiares para ocultar su identidad.

Las indagatorias de las autoridades estrecharon un cerco en torno a la naviera, como uno de los principales puntos utilizados para el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas y entonces los dueños urdieron diferentes maniobras para intentar desviar las investigaciones.

Una de ellas fue simular un ataque de la delincuencia organizada o incluso terrorismo, versión que caería por su propio peso al descubrir ciertos movimientos del progenitor del ex gobernante (Roberto Borge Martín).

El día de los hechos, el miércoles 21 de febrero, Sol Quintana Roo dio cuenta pormenorizada del estallido suscitado al filo del mediodía, el cual originó la presencia de bomberos, cuerpos de emergencia médicos, rescatistas y personal de seguridad, que acudieron al Muelle Fiscal de la Terminal Marítima de Playa del Carmen.

Fueron 26 los lesionados, entre ellos cinco turistas norteamericanos, por lo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI), solicitó intervenir de inmediato, a la vez que el gobierno estadounidense ordenó la cancelación de cruceros hacia Quintana Roo y que se dieran alertas de viaje para los turistas provenientes de Canadá y Reino Unido.

La Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación 18/2018, pero se declararía incompetente “por razones de jurisdicción y materia”, por lo que la Subdelegación de la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, inició la carpeta de investigación FED/QR/PC/0000140/2018.

Posteriormente, se acumularía otra carpeta de investigación, luego de que una persona se presentara una semana después, el 1 de marzo en la Estación Naval de Cozumel, con un objeto de PVC, cilíndrico, blanco, con unos tubos conectados en su interior a una caja de color negro.

Se trataba de un artefacto explosivo similar al que había sido utilizado en la explosión del Caribe I y entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), ante las anomalías, ordenó el cese de operaciones de la naviera.

En una grabación se observó a Borge Martín cuando abordaba la nave en Cozumel y detrás un sujeto, no identificado, que sube con una mochila a la espalda. En la misma grabación se ve cuando el padre del ex gobernador baja de la nave, en Playa del Carmen, y al individuo que, sin valija, también desciende de la misma.

El desconocido baja de manera precipitada y se aleja rápidamente del lugar, mientras que Borge Martín se queda en el muelle, observando el ferry del que descendió y ahí permanece durante 15 minutos hasta que se da el momento del estallido.

Tras la explosión, a Borge Martín se le observa tranquilo, sin mostrar nerviosismo o angustia al ver que se quemaba uno de los barcos de la empresa de la que era uno de los principales accionistas y después, tranquilamente, se retira a paso lento del lugar y sube a otro barco.

Ese mismo día, luego de la resolución de la SCyT que ordenó el cierre de operaciones se dio la marcha, pero al conocerse el video proporcionado por la agencia extranjera, Borge Martín desapareció de la escena pública y desde entonces las autoridades no lo han vuelto a ver por lo que las autoridades lo consideran un “fugitivo”; aunque todo mundo sabe dónde anda.

Aun así, sabiendo la existencia de la filmación, todavía la familia Borge se declaró como “perseguida política”, con el objeto de dar una imagen de inseguridad e inestabilidad en el Estado y para cobrar un seguro de varios millones de dólares en los que estaba asegurada la nave siniestrada.
AM.MX/fm

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