CARACAS, VENEZUELA, 31 de marzo (AlmomentoMX).- Un gesto: el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges (PJ-Miranda), parado en las escalinatas del Parlamento, con las gigantografías de Simón Bolívar en el fondo, rompe en pedazos la sentencia 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la arroja al piso.
Un calificativo: “Esta sentencia es basura. La desconocemos”.
Así reaccionó la junta directiva y la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional al contenido y pretensiones de los siete abogados que integran la referida Sala: Juan Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez, quienes utilizando una interpretación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, determinaron que mientras continúe el “desacato” de la AN, ellos asumirán las competencias de los 167 diputados elegidos en diciembre de 2015 por casi 14 millones de personas.
“Es un golpe de Estado. Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. Estas sentencias (155 y 156) le otorgan todo el poder a Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, firmar los contratos que le dé la gana, endeudar al país como le dé la gana y perseguir a los venezolanos como le dé la gana. Es un golpe de Estado con todas sus letras, es una dictadura y el mundo tiene que ayudar a Venezuela en su decisión de cambiar esta dictadura con el voto”, dijo Borges.
Ante tal escenario, el dirigente afirmó que no abandonarán sus curules y que su rebelión contra el dictamen será seguir ejerciendo sus competencias: “Los 112 diputados de la Unidad dejan claro que este Parlamento se rebela y desconoce esta sentencia. ¡Esta Asamblea Nacional ni se rinde ni se entrega!”.
Solidaridad. El presidente del Parlamento afirmó que la sola decisión justifica las acciones emprendidas por la Organización de Estados Americanos y pidió a la comunidad regional mantener la presión “para materializar este año elecciones generales para salir del caos de la dictadura”.
Contó que desde ayer en la madrugada fue contactado por 2 presidentes, 3 cancilleres, representantes de todos los Parlamentos e incluso se mantuvo en contacto con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
“Fuera de Venezuela hay claridad prístina de que aquí hubo un golpe de Estado. Todos los que nos han llamado están a la orden del pueblo para acompañarlo en la presión para realizar elecciones”, indicó.
Rehenes. Borges instó a la Fuerza Armada a “no seguir silente” frente a la ruptura del orden constitucional y a convertirse “en parte de la solución de la democracia y nunca en el obstáculo”.
A los magistrados les advirtió: “No van a salir impunes de esto. Vamos a hacer la demanda en Fiscalía y luego vamos a las instancias internacionales. Están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Hoy, mañana o pasado mañana los va a alcanzar la justicia, porque han criminalizado la democracia”.
El presidente de la AN dijo que hasta los diputados del PSUV se avergüenzan de los desmanes del gobierno: “Cuando vienen aquí se desmarcan de la locura. Ellos no comparten el caos ni la destrucción, pero lamentablemente se han convertido en rehenes”.
Además de la respuesta institucional, Borges también prometió acciones de calle, la primera de las cuales será convocada para mañana. “Esperamos que el pueblo nos acompañe. Este sábado convocaremos una protesta y la próxima semana también, para que junto a la protesta por el hambre también haya protesta por la falta de democracia”, instó.
Entretanto, el ex presidente de la AN, Henry Ramos (AD-DC), acusó a los abogados que integran la Sala Constitucional del TSJ de “interpretar la Constitución contra su propio texto”. En entrevista en el circuito radial Éxitos FM confirmó que los diputados seguirán acudiendo a las sesiones del Parlamento. “Nadie nos dio un título de diputados, sino que fuimos elegidos por el pueblo. Hay que asumir con responsabilidad y con coraje, sin retroceder ni un milímetro ante ese peligro”, dijo.
A tener en cuenta. A petición del TSJ, el pasado 9 de enero la AN sometió a votación la desincorporación de los diputados de Amazonas, supuesto escollo para declarar el cese del desacato. Pero el TSJ respondió que la votación debía conducirla la anterior directiva, lo cual es reglamentariamente inviable, han dicho abogados y diputados.
Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, denunció que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia evidencian una violación del orden constitucional y desconocen el modelo de Estado consagrado en la Constitución.
La funcionaria exhortó este viernes a los actores políticos a tomar los caminos democráticos y respetar las diferencias.
“Sentencias constituyen una ruptura del orden constitucional (…) Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, respetando las diferencias”, expresó durante el balance de la gestión del Ministerio Público de 2016.
La funcionaria detalló que el año pasado hubo 2.441 funcionarios imputados por la presunta violación de derechos humanos.
AM.MX/fm
