CIUDAD DE MÉXICO.— La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), oficializó la revocación definitiva del Certificado de Operador de Servicios Aéreos a la empresa Grupo Aéreo Monterrey, operadora de la aerolínea Magnicharters. Con esta resolución, ejecutada el pasado 29 de junio, la compañía queda imposibilitada para ofrecer servicios de transporte de pasajeros en el país.
La drástica medida es el desenlace de un proceso formal de supervisión que comenzó a principios de año. Del 12 al 16 de enero, las autoridades aeronáuticas realizaron una Verificación Mayor Extraordinaria en la que se detectaron múltiples incumplimientos graves a la normativa vigente, así como deficiencias financieras en la firma de origen regiomontano.
Pese a los requerimientos oficiales para solventar los hallazgos, la aerolínea no acreditó las acciones correctivas exigidas. Esto derivó en que el 14 de abril, la Agencia Federal de Aviación Civil ordenara la suspensión temporal preventiva de sus operaciones comerciales. Aunque el periodo posterior abrió un plazo legal para el desahogo de pruebas y el ejercicio del derecho de audiencia, la documentación presentada por la empresa fue catalogada como insuficiente por el organismo regulador.
La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/BqA1lSpyKw
— AFAC (@AFAC_mx) July 2, 2026
La caída de Magnicharters consolida una prolongada crisis operativa que ya se reflejaba en sus métricas de mercado. Mientras que en 2021 la aerolínea transportó a unos 425 mil pasajeros, durante el primer bimestre de 2026 la cifra se desplomó a poco más de 20 mil viajeros. Asimismo, la parálisis de su flota comercial detonó una avalancha masiva de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
El impacto más severo recae sobre la fuerza laboral de la compañía, estimada en cerca de mil empleados que se han quedado formalmente sin sustento económico. Hasta el momento, los trabajadores enfrentan un panorama de total incertidumbre, debido a que la autoridad laboral no ha acompañado de manera activa el caso ni se han asegurado precautoriamente los bienes de la aerolínea para garantizar sus respectivas liquidaciones.
En un comunicado oficial, la AFAC y la SICT enfatizaron que todas las determinaciones se rigieron bajo un estricto sustento técnico y jurídico con la meta inquebrantable de salvaguardar el sistema aeronáutico nacional y la integridad de los usuarios. “La seguridad aérea no es negociable; cada decisión se adopta con base en evidencia técnica, dentro del marco legal y respetando el debido proceso”, reiteró.
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AM.MX/Dsc
