Lilia Arellano
“El criminal peligroso es el criminal
culto”: Gilberth Keith Chersterton
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Oceanografía y Libertad, claves del entramado
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Junior´s de políticos implicados en redes criminales
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Emilio Salinas O. y las esclavas sexuales de “Nxivm”
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Oro Negro: Gonzalo Gil White y José A Cañedo White
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Jorge y Manuel Bribiesca Sahagún con Oceanografía
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Casinos Big Bola y la extensa red criminal bajo lupa
Ciudad de México, 19 de Julio de 2019.- Desde la instauración del neoliberalismo en México, el país fue gobernado por una casta de tecnócratas educados en universidades extranjeras, específicamente en Estados Unidos, cuyos principales representantes hicieron todo lo posible por enganchar la economía mexicana a la de su vecino del norte. Pero también se dedicaron a saquear impunemente los recursos, especialmente los energéticos, para consolidar fortunas explicables por las redes criminales formadas para tal efecto. En éstas, los hijos de políticos y empresarios beneficiados por el régimen en las últimas tres décadas tuvieron una participación protagónica, las cuales se han ido revelando en las últimas semanas en el curso de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al abogado Juan Collado.
Emilio Salinas Ocelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, está implicado en una secta la cual esclavizaba mujeres en Estados Unidos -el juicio se le sigue en Nueva York al líder de Nxivm, Keith Raniere- y puede ser acusado penalmente en breve tiempo; Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda del ex presidente Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, cuenta con una orden de aprehensión por un fraude de más de 750 millones de pesos, operado desde la empresa Oro Negro, emblemática de la reforma energética de Enrique Peña Nieto; Jorge y Manuel Bribiesca Sahagún, hijastros del ex presidente Vicente Fox y Martita Sahagún, y sus fraudulentas operaciones por más de 5 mil millones de pesos a Citigroup con Oceanografía y Pemex, salieron a relucir en las investigaciones en torno al abogado Juan Collado y la Caja Libertad realizadas por la Fiscalía General de la República; en este último caso de lavado de dinero también volvieron a salir a flote Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, propietarios de los casinos Big Bola, quienes cuentan con orden de aprehensión.
EMILIO SALINAS OCELLI Y LAS ESCLAVAS SEXUALES
Hace poco más de un mes, el jueves 13 de junio, fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York, presentaron documentos según los cuales Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, presuntamente intentó obtener, de manera ilegal, registros financieros de jueces federales, abogados y políticos en Estados Unidos, a fin de desacreditar a los potenciales enemigos del culto Nxivm al cual pertenecía, famoso penalmente por ser una sexta que esclavizaba sexualmente a mujeres y las ponía al servicio de su líder Keith Raniere.
Al margen de lo anterior, Emiliano Salinas Ocelli se entregó de lleno a participar en una organización con “un programa destructivo que tenía el potencial de causar daño a más personas”, de acuerdo con un análisis del psiquiatra John Hochmann, de la Universidad de California en Los Ángeles.
Aunque hasta el momento no ha sido acusado, las revelaciones de presuntos delitos cometidos por Salinas Ocelli durante su labor como miembro de alto rango del culto Nxivm aumentan la posibilidad de que el hijo del ex mandatario y Cecilia Ocelli enfrente cargos criminales en Estados Unidos, a menos que las relaciones de su padre con los poderos clanes políticos de los Bush o las relaciones establecidas con aliados del actual presidente Donald Trump lo puedan hacer eludir a la justicia estadounidense.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía neoyorkina, dada a conocer en México por la revista Proceso, las ilegales pesquisas a las cuales contribuyó Salinas tenían la intención de formar una carpeta sobre colaboradores, críticos y posibles enemigos de Nxivm de Keith Raniere, quien enfrenta cargos en Nueva York por tráfico humano, esclavitud y crimen organizado, entre otros delitos. Los vastos tentáculos de este culto el cual utilizaba el sistema judicial para intimidar a sus críticos, fue revelado en una serie de documentos confiscados en la casa de la segunda al mando de Nxvim, Nancy Salzman.
La cuenta de correo electrónico de Emiliano Salinas, beacon2009@gmail.com, fue confiscada mediante una orden judicial, como parte de la investigación contra Raniere. Kristien Keffe, ex directora de asuntos legales de Nxivm, encabezó con el hijo de Salinas de Gortari la recolección ilegal de información financiera, de acuerdo con la Fiscalía. “La posición del gobierno es que estas cuentas de correo (de Salinas y Keeffe) son completamente criminales y demuestran la naturaleza de la empresa”, asentó la fiscal Moira Kim Penza el pasado 14 de mayo. Ese mismo día, indicó la fiscalía consideraba a Salinas “cómplice” en los delitos imputados a Raniere.
Salinas y Keeffe, de acuerdo con la fiscalía, administraban la información financiera que obtuvieron en 2009 de la firma de investigadores privados Conaprobe. Esos registros correspondían a los propios abogados de Nxivm, a jueces que llevaban casos de este culto en Estados Unidos, críticos, políticos como Steve Pigeon e incluso Roger Stone, aliado del presidente Donald Trump.
GONZALO GIL WHITE Y EL ORO NEGRO
La madrugada del miércoles de esta semana, en la Unidad de Gestión Judicial número 12 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un juez penal giró una orden de aprehensión contra Gonzalo Gil White –hijo del ex secretario de Hacienda del ex presidente Vicente Fox, Francisco Gil Díaz- por los delitos de abuso de confianza y administración fraudulenta de más de 750 millones de pesos de Oro Negro, empresa emblemática de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El juez también solicitó la captura de otros directivos de la firma, como Alonso del Val Echeverría, Carlos Enrique Williamson Naso, José Antonio Cañedo White –sobrino de Francisco Gil Díaz- y Miguel Ángel Villegas Vargas, quienes son buscados por policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia.
Los presuntos implicados desviaron recursos del fideicomiso F-695 de Deutsche Bank e hicieron disposiciones ilegales por más de 750 millones de pesos, por conducto de sus empresas Perforadora Oro Negro SA de CV e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro SAPI de CV. Estos hijos de conocidos políticos mexicanos controlaban mediante cargos directivos y de administración a ambas empresas, por lo cual realizaron esos movimientos sin problemas en detrimento de sus inversionistas extranjeros, a quienes no pagaron las deudas contraídas.
Gil Withe era director general y Cañedo White –hijo del cofundador de Televisa, Guillermo Cañedo- era presidente del consejo de administración. Como presidente del comité ejecutivo y miembro del consejo de administración fungía Luis Ramírez Corzo, quien fue director de Pemex entre 2004 y 2006.
En junio pasado, la empresa Oro Negro fue declarada en quiebra, de acuerdo a una sentencia emitida por el juzgado segundo de distrito en materia penal. Inició sus operaciones en septiembre de 2015 con Pemex, su único cliente, a fin de proveerle plataformas petroleras para actividades de exploración y producción en aguas someras y profundas. Operaba en forma permanente en el Golfo de México y contaba con maquinaria para hacer perforaciones en los campos que le eran asignados.
De acuerdo con sus cifras, contaba con 44 mil millones de dólares para operaciones y sus contratos con Pemex llegaron a ser hasta de mil 500 millones de dólares. Las autoridades judiciales tienen cinco líneas de investigación en su contra por desvíos de recursos en perjuicio de sus inversionistas y de las administradoras de fondos para el retiro, las cuales invirtieron para capitalizar a esas empresas, las cuales firmaron contratos con Pemex cuando Emilio Lozoya era su director.
OCEANOGRAFÍA: MANUEL Y JORGE BRIBIESCA SAHAGÚN
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al abogado Juan Collado revelan en 2014, año en que la empresa Oceanografía (Osa) defraudó a Banamex con más de 5 mil millones de pesos, Caja Libertad “servía para lavar dinero de Martín Díaz Álvarez”, identificado como socio y prestanombres de Amado Yáñez Osuna, propietario de la naviera. Curiosamente y contra las políticas seguidas y aplicadas por ese banco no hicieron los reclamos ni hubo embargos, nada, como si quienes suponemos dieron el aval tuvieran tal poder como para detener cualquier acción. De ese “desfalco” por cinco mil millones de pesos –monto de financiamiento otorgado a Oceanografía- procesaron ¡al cajero! Y bastaron documentos presentados fotocopiados como prueba. Eso sí, el Juez Rubén Darío Noguera le otorgó la libertad a Amado Yañez porque resultaron falsas ¡166! imputaciones. Por cierto el cajero laboraba en la sucursal 144 de Banamex en Campeche.
Como se recordará, Oceanografía fue una de las empresas más beneficiadas durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Durante el 2014, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados investigó a los hijos de Marta Sahagún y estableció que entre 2000 y 2006 Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, junto con su tío Guillermo Sahagún, gestionaron contratos de Pemex a favor de Oceanografía por 5 mil 929 millones de pesos. Si nos percatamos de la cifra, siempre más de 5 mil millones de pesos, el entramado delictivo da para ahondar en las investigaciones.
La orden de aprehensión contra Collado Mocelo, indica que Sergio Hugo Bustamante –quien formó parte del consejo de administración de Caja Libertad- declaró a la FGR: “en 2014 me consta Libertad servía para lavar dinero de una persona de nombre Martín Díaz Álvarez, quien era director general de la empresa inmobiliaria Dixie, y a través de ella se hacían movimientos financieros los cuales también involucraban a una empresa llamada Oceanografía, propiedad del señor Amado Yáñez, persona con la que José Rico Rico (ex director del consejo de administración de Caja Libertad) tenía negocios involucrando a otros personajes”. Según esa declaración, Rico Rico “vendió el equipo de Gallos Blancos a Amado Yáñez en 8 millones de dólares, quien los repartió con Juan Collado.
Según el expediente de la investigación, los directivos de Caja Libertad, en combinación con Yáñez Osuna, adquirieron irregularmente el equipo de futbol de primera división Gallos Blancos de Querétaro; el abogado recién detenido también obtuvo dinero de esa transacción.
Al inicio del sexenio de Fox, Oceanografía estaba quebrada, había evadido impuestos y existían antecedentes de colusión con funcionarios públicos. Cinco años después era la principal proveedora de Pemex, destaca la investigación de los diputados federales. Esa indagatoria también incluyó el historial hacendario de Oceanografía, que en 2000 debía 21 millones 130 mil pesos al Servicio de Administración Tributaria, pero a partir de 2001 se ordenó cancelar el embargo que aplicaría la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a información publicada en La Jornada en 2014.
En el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se le otorgaron a Oceanografía, por medio de Pemex, contratos cuya vigencia fue de 2008 a 2010. La petrolera comprometió el pago de 191 millones 392 mil dólares por diversos servicios, entre ellos flete de lanchas rápidas para transporte de personal y barcos abastecedores de nueva generación.
BIG BOLA CONTRA LA RED CRIMINAL
Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio son propietarios de los casinos Big Bola y cuentan con orden de aprehensión por el fraude cometido a Banamex y a Pemex en Oceanografía. Setenta y cinco por ciento de las acciones de Oceanografía son de los hermanos Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna. También tienen acciones Martín Díaz Álvarez y los hermanos Javier y Óscar Rodríguez Borgio, aunque el porcentaje no esta claramente definido.
En diciembre de 2013, Citigroup detectó varias operaciones crediticias fraudulentas cometidas por su filial Banamex, a favor de la empresa petrolera Oceanografía. El 28 de febrero de 2l014, la PGR informó que Oceanografía había defraudado a Banamex con un crédito a corto plazo por 585 millones de dólares, usando como garantía pagos que esperaba de Pemex, sustentados en documentos de cuentas por cobrar con firmas falsificadas.
Por esos fraudes detectados, la PGR tenía abiertos 44 procesos judiciales por delitos que van desde el lavado de dinero, falsificación de documentos, robo y compra-venta de gasolina, fraude fiscal y delincuencia organizada, entre otros, los cuales fueron retomados por la Fiscalía General de la República.
Amado Yáñez Osuna, presidente de Oceanografía, fue detenido en Acapulco el 20 de octubre de 2014 y, en su declaración, incriminó a su principal operador financiero, Martín Díaz Álvarez, también presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, quien llegó a manejar las firmas gracias a las influencias de su tío Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda; del despacho de abogados y destacados cuadros del PAN, Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia; y de los hijastros del ex presidente Vicente Fox, los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún.
Los hermanos Sahagún, especialistas en tráfico de influencias, cabildearon las licitaciones de Pemex a favor de Oceanografía, mientras que al ex secretario de Hacienda se le atribuye que, como consejero de Banamex, recomendó para presidente del Grupo Financiero a Javier Arrigunaba (operador del Fobaproa), quien habría facilitado los créditos para Martín Díaz Álvarez, sin ser escrupuloso en el procedimiento. Javier Arrigunaga fue cesado por el caso Oceanografía.
En la indagatoria UEIORPIFAM/AP/115/2014, Yáñez Osuna acusó a sus ex socios Rodríguez Borgio, quienes se asegura se desprendieron de sus gasolineras (acusadas de comprar y distribuir combustible robado) para entrarle al negocio de Oceanografía, aunque han mantenido sus casas de juego Big Bola.
En la orden de aprehensión librada contra el abogado Juan Collado y cuatro personas más, el denunciante Sergio Hugo Bustamante Figueroa, refirió con nombre y apellido a quienes forman parte de la organización por la que la empresa Libertad Servicios Financieros S.A de C.V.S.F.P., conocida como Caja Libertad, fue utilizada para blanquear recursos ilícitos provenientes de fraudes, evasión de impuestos y negocios simulados.
Sergio Bustamante identifica como líderes de la organización a Javier Rodríguez Borgio, conocido como El Zar de los Casinos; a José Antonio Rico Rico, ex director de Caja Libertad, y al abogado Juan Ramón Collado Mocelo. Como operadores y quienes se benefician económicamente, señaló a Jesús Beltrán González, encargado de crear empresas fantasma, seleccionar compañías existentes para “procesar” recursos económicos y enviarlos a los líderes de la organización, Jaime Ortiz y Martín Díaz Álvarez, sobrino de Francisco Gil Díaz.
DE LOS PASILLOS
Al referirse a la sentencia dictada a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los recursos que eventualmente le sean confiscados al ex jefe del Cártel de Sinaloa pertenecen a México y anticipó buscará recuperarlos. El titular del Ejecutivo federal recordó en el pasado los gobiernos de México dejaban pasar la demanda de recursos cuando eran confiscados a políticos mexicanos detenidos en Estados Unidos. Aunque lo anterior no fue expresado con la misma intensidad con la cual se mostró conmovido por la situación personal del sinaloense. En tanto, mientras EU busca de una y mil formas hacerse de la fortuna de Guzmán Loera, en Los Pinos rematan “chacharitas”. La pieza más cara apenas alcanza los 100 mil dólares, cifra ridícula hasta para ser comparado con el valor de las joyas de una diva del cine mexicano como María Félix…
Por el homicidio y secuestro de Norberto Ronquillo suma la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) cuatro detenidos. La madrugada de este jueves se llevó a cabo la detención de dos personas que se suman a los dos detenidos y vinculados a proceso por el crimen del estudiante, reportó Ernestina Godoy, quien estuvo acompañado por Rodrigo de la Riva Robles, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales; y Omar García Harfuch, titular de la Policía de Investigación. De la Riva recordó los secuestrados pedían la cantidad de 5 millones de pesos para la liberación de la víctima, aún cuando la familia declinó la ayuda de la dependencia.
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