viernes, abril 19, 2024

ESTADO DE LOS ESTADOS: Habrá otro round AMLO-gobernadores

Lilia Arellano

“La traición supone una cobardía y una
depravación detestable”: Barón de Holbach

Habrá otro round AMLO-gobernadores
Cabal, de delincuente a honesto empresario
Caso Guevara:de denunciantes a cómplices
Lozoya , de malhechor a operador electoral
Muy difícil mantenerse con vida durante 4T
FRENAAA, toma las calles en 21 entidades

Ciudad de México, 27 de julio de 2020.- Indiscutiblemente existe una transformación. Ahora aceptar o catalogarla de benéfica, de tener rumbo, de ir directo al establecimiento del Estado de Derecho, es otro cantar, uno no tarareado siquiera por los integrantes de un grupo, con todo y su comandante, cuyo objetivo es hacerla, para el país, por cuarta ocasión. Observemos solamente tres ejemplos: de un día para otro quien fuera catalogado como uno de los empresarios delincuentes del salinato, Carlos Cabal Peniche, es ahora accionista de Interjet, línea aérea propiedad de una de las familias ligadas al poder presidencial y con “abolengo”. En tanto para Emilio Lozoya se teje toda una red de protección e impunidad a cambio de información todavía no comprobada y mucho menos sustentada a la que, inclusive, le han dado todos los elementos para obtener los señalados la libertad inmediata y quedar el caso en un escándalo mediàtico favorable al próximo proceso electoral, a los denunciantes de Ana Gabriela Guevara los detienen, acusan, inclusive hay un desaparecido. El último nos lleva a la mención de ex legisladores, hoy gobernadores, en un afán de total control, de absoluta injerencia en entidades obviamente en poder de partidos disque opositores, obviamente con la intención de paralizarlos ante el proceso del 2021.

Paisanos al fin, Carlos Efraín de Jesús Cabal Peniche, no tuvo empacho en involucrarse con Andrés Manuel López Obrador, sabedor éste de ser el empresario consentido de Salinas de Gortari, el ejemplo de los jòvenes visionarios había sido de los beneficiados con miles de miles de millones de pesos através del célebre Fobaproa, Fondo por cierto ni siquiera mencionado, durante los últimos dos años, desde el término de la campaña electoral del 2018. Desde el foro de la mañanera se niega exista relación alguna con Cabal, sin embargo la sociedad con la línea área a la cual le invirtió 150 millones de dolares, los liga a través del miembro del grupo de consejeros empresariales de la presidencia, Miguel Alemán Magnani. Es imposible para “el presidente que lo sabe todo”, ignorar los 89 contratos entregados a Hidrosina, de la cual también es socio junto con Paul Karam, cinco mil 511 millones de pesos. ¿Tampoco le informaron a López participa en la licitación para colocar más de 8 mil cajeros de su banco popular?

Con un historial en el cual se acumulan los fraudes hasta alcanzar los 700 millones de dólares; habiendo confesado aportaciones para las campañas presidenciales de Colosio, Zedillo y Madrazo con cantidades que van de los 20 a los cinco millones de dólares; sin tomar en consideración el fraude bancario por lo que se le mantuvo preso ocho años en Australia, hoy aparece cubierto con el manto tendido por los asesores presidenciales, porque no se trata solamente de Alemán, también están los Hank y la relación con sus bancos. Cabal Peniche tiene bienes inmuebles en Cancún, Quintana Roo, participa en sociedades hoteleras através de la Compañía Operadora de Hoteles y Moreles Nacional. Contaba con decenas de expendios de billetes de Lotería administrados por Lotería Instantánea del Sureste. Así, los delincuentes de ayer, con la 4ª T, lograron convertirse en los asesores y socios de los capitalistas de ayer y de siempre.

Obtener un contrato por 16 y medio millones de pesos, llevó a los empresarios Jesús Chaín y Rafael Sánchez Cano, propietario y apoderado, respectivamente, de la empresas Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, a acudir a una cita concertada por la exalcaldesa veracruzana Armida Ramírez Corral, quien se desempeñaba como “operadora” de Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade. En conocido hotel de Paseo de la Reforma, en la CDMX, no solamente se presentó la Guevara sino también el subdirector general de la Conade, se supo de la decisión de declarar desierta la licitación original y se le otorgó a CIMCSA, el contrato al tiempo de exigirle la entrega del 15 por ciento del valor de la asignación. Los empresarios presentaron la denuncia y fueron atacados por 18 sicarios. Una segunda acusación se dio por la intentona de cohecho: les ofrecieron 10 millones de pesos a cambio de retirar las denuncias.

Una enorme diferencia es vista en este caso ante la situación que atraviesa un denunciante o supuesto colaborador, o “sapo”, o ciudadano colaborador, o “chivato”, señalado por la recepción de sobornos y malos manejos dentro de Pemex y a quien se le brindan protección e impunidad y los empresarios que interpusieron una denuncia contra una de las preferidas por López Obrador, Ana Gabriela Guevara. Detuvieron a los empresarios porque en la investigación realizada resulta que fueron cómplices de la ex alcaldesa de Xalapa Armida Ramírez Corral y que, a través de un tercero desaparecido de nombre Edgar Álvarez, a quien debían entregarle los 2.5 millones de pesos pactados como porcentaje por la obtención del contrato por 16.5 millones de pesos asignado para dotar de alimentos a los deportistas, se comprobaba un delito ¡contra Ana Gabriela!. Pasaron así de denunciantes de cohecho, de corrupción, a cómplices y delincuentes a quienes les fue impuesta prisión preventiva oficiosa por un año.

GOBERNADORES EXHIBIDOS POR LOZOYA

El circo mediático generado en torno al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, personaje al que López Obrador le apuesta para garantizar ganar el proceso electoral del próximo año, tiende a traerle más complicaciones que soluciones al tabasqueño. No son solamente las violaciones a leyes y procesos vistas desde el principio y hasta hoy, mismas fácilmente utilizables por todos aquellos que sean señalados por el ahora “testigo protegido”, sino por las repercusiones políticas convertidas en nuevos pleitos y enfrentamientos entre el Ejecutivo Federal y los gobernadores. En las listas de legisladores quienes supuestamente recibieron sobornos a cambio de su voto a favor de la reforma energética están los nombres de varios mandatarios: Omar Fayad de Hidalgo, José Rosas Aispuro de Durango, Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas, quienes por entonces ocupaban una curul. Han incluído al Pacto por México y en ese acuerdo el apellido Murat sobresale, así se suma a la lista de mandatarios estatales al de Oaxaca, justo la tierra anfitriona de López Obrador durante el fin de semana.

Emilio Lozoya no pisó la cárcel y esta cómodamente atendido en primera clase dentro un hospital privado. Sigue sin ser presentado ante un juez –advierten pueden pasar hasta 90 días para cubrir esta diligencia- pero sus presuntas declaraciones fueron ampliamente filtradas a la prensa y difundidas profusamente, para golpear a los adversarios políticos. Lo primero destacado son los “moches”, en 2013 para el aval a la reforma energética, que alcanzaron un monto de 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas estructurales del Pacto por México. De ese monto, según Lozoya, 6.8 millones fueron para Ricardo Anaya, quien era presidente de la Cámara de Diputados cuando se discutió la reforma energética, del 2013 a marzo de 2014.

Para amarrar la aprobación de esa reforma se contó con la operación de Emilio Lozoya, director general de Pemex; Luis Videgaray, secretario de Hacienda,; y Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, quienes negociaron con los panistas Juan Bueno Torio y Rubén Camarillo, así como el senador Salvador Vega Casillas. Del lado del PRI, operaron Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía de San Lázaro, y Ricardo Aldana, tesorero del sindicato petrolero, a quien también se le señaló en el Pemexgate. Junto a ellos, hombro con hombro, trabajó Carlos Romero Deschamps, entonces líder del sindicato petrolero, otro corrupto impune hasta el momento.

El golpe mediático fue certero. Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN-PRD-MC, reaccionó y rechazó que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo haya sobornado con casi 7 millones de pesos para aprobar la reforma energética y aseguró que lo hizo “con enorme convicción”. Atribuyó la difusión de la información de los sobornos de Lozoya para golpearlo, en el contexto del proceso electoral que está por iniciar. También refutó esas acusaciones Ernesto Cordero, ex presidente del Senado y ex coordinador de la bancada panista en esa cámara. Jorge Luis Lavalle, rechazó los dichos del “supuesto” testimonio de Lozoya, publicado por el diario Reforma.

Falta la versión de los gobernadores.

LOZOYA DELATA A SUS CÓMPLICES DEL PRI

Emilio Lozoya reveló que la empresa brasileña Odebrecht pagó cuatro millones de dólares que fueron usados para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en 2012, utilizados para el pago de consultores extranjeros en materia electoral, contratados por el entonces coordinador de la campaña, Luis Videgaray. De acuerdo a la información del delator, ya cuando Peña Nieto era presidente, la empresa brasileña desembolsó seis millones de dólares para beneficiarse con contratos y para que dispusiera de una parte para sobornar legisladores y garantizar la aprobación de la reforma energética en 2014. El operador en el Senado fue David Penchyna, entonces presidente de la Comisión de Energía. Y el “sapo” Lozoya dio detalles: narró que por instrucciones de Videgaray, acudió a entrevistarse con Luis Alberto Meneses Weylli, entonces director de Odebrecht en México, en la panadería El Globo de Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec. Ahí, Weylli se comprometió a entregar cuatro millones de dólares, de los cuales depositó tres millones 150 mil dólares en la off shore Latina America Asia Capital Holding LTD, cuenta vinculada con Lozoya en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Odebrecht. Lozoya dijo que de ese movimiento informó a Videgaray y al propio presidente Enrique Peña Nieto.

Así, los dos golpes mediáticos pegaron en la línea de flotación, tanto de priístas como de panistas, en el rudo juego político previo al inicio de las elecciones de 2021. La justicia, la aplicación del Estado de Derecho el castigo a un corrupto confeso como lo es Emilio Lozoya pasa a segundo termino, cuando a López Obrador lo que le urgen son votos, y cuando su popularidad ha caído a menos del 40 por ciento.

DE LOS PASILLOS

Miembros del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) salieron a las calles a manifestarse desde sus automóviles, exigiendo la salida del tabasqueño de la Presidencia de la República. Las consignas fueron: Salud y Empleo para todos ¡Ya!; Seguridad y Justicia para todos ¡Desde hoy!; Medicamentos para niños con cáncer ¡Ya!; Apoyos al campo mexicano ¡No + dinero a Centroamérica!; Apoyos económicos para conservar empleos; No destruyas más al país, DEBES RENUNCIAR; Tu transformación es destrucción, ¡Renuncia ya!; Apoyo total al sector salud. No más muertes por Covid; No más mujeres violentadas sin justicia. Las manifestaciones se realizaron en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, y algunas ciudades de EU…

Vivir en la Cuarta Transformación no es fácil, cuando la muerte tiene permiso presidencial. De acuerdo con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), en 20 estados del país se detectó un exceso de mortalidad de 55 por ciento en comparación con los fallecimientos registrados de 2015 a 2018, el incrementarse en 71 mil 315 las muertes por todas las causas, incluido el Covid-19. De la semana epidemiológica de 12 a la 26 (15 de marzo a 27 de junio), indicó Ruy López Ridaura, director general del Cenaprece, en los 20 estados estudiados las muertes esperadas eran 130 mil 763, pero las observadas fueron 202 mil 77. Lo que incluye fallecimientos por todas las causas, ente ellas las directamente asociadas al nuevo coronavirus.

¿Qué se pretende hacer con la administración de aduanas y puertos? El nombramiento de Rosa Icela Rodríguez, ex secretaria de gobierno en la CDMX cuya formación se dio dentro de la comunicación, abre una serie de interrogantes. ¿De donde sacará conocimientos y experiencia sobre la supervisión y el establecimiento de la política portuaria así como el trámite de las concesiones, permisos y autorizaciones? ¿ sobre todo lo relacionado a la autorización o construcción de obras portuarias, marítimas y de dragado y el establecimiento de las bases de regulación tarifaria y de precios?. ¿Y de coordinar la regulación e instrumentación de las políticas diseñadas para promover la suficiencia y seguridad del transporte marítimo y el fomento a la Marina Mercante para apoyar la competitividad del comercio interior y exterior del país?. Buena suerte a México con estos nombramientos y la militarización de puertos y aduanas…

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