CHIHUAHUA.— En medio de una persistente confrontación política con la administración federal, la gobernadora Maru Campos emitió un enérgico videomensaje en sus redes sociales en el que acusó al Gobierno de la República de destruir la confianza de los inversionistas extranjeros y vulnerar el Estado de Derecho al cobijar a funcionarios vinculados con la delincuencia organizada.
Impacto comercial y la “primera factura” económica
La mandataria estatal afirmó que la falta de certeza jurídica e impunidad institucional en el país ya comenzó a cobrar dividendos negativos para la economía nacional. Sostuvo que la reciente decisión de Estados Unidos de no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de forma regular, sometiendo en su lugar a México a un esquema de revisión anual, obedece a la desconfianza hacia las instituciones mexicanas.
Además, Maru Campos resaltó el anuncio de la armadora automotriz Toyota, la cual trasladará parte de su producción de la planta de Tijuana hacia el estado de Texas.
“Ya llegó la primera factura. El capital huye de donde el Estado de derecho se negocia. Han decidido proteger a Rubén Rocha Moya por encima de la seguridad de los mexicanos; esa decisión envía un mensaje de impunidad que deteriora la certeza jurídica, provocando que México pierda competitividad, inversión y empleo”, sentenció la gobernadora.
Señalamientos contra la FGR y el pacto de impunidad
La gobernadora cuestionó las declaraciones de la Fiscalía General de la República (FGR), institución que previamente informó no contar con los elementos probatorios suficientes para proceder penalmente en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a pesar de los señalamientos públicos emitidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Para la titular del Ejecutivo chihuahuense, esta postura representa una protección política directa hacia los cuadros de Morena. Por ello, exigió de forma pública al Gobierno federal que “recapacite, actúe, rompa el pacto de complicidad” y obligue a los señalados a rendir cuentas ante los tribunales.
Los cuestionamientos de Maru Campos se enmarca en un choque político de varios meses con la federación. El distanciamiento se profundizó tras un operativo de seguridad en la Sierra Tarahumara donde fallecieron dos policías mexicanos y dos agentes de inteligencia estadounidenses. Dicho suceso motivó a que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara la legalidad de la presencia de agencias extranjeras en territorio chihuahuense y exigiera explicaciones a la administración estatal.
Como parte de esa indagatoria, la FGR citó a comparecer a la propia Maru Campos en mayo pasado en la Ciudad de México. Tras la diligencia —en la que impugnó el citatorio bajo el argumento de su protección constitucional como gobernadora—, la mandataria estatal acusó a la federación de intentar fabricarle un caso penal para intimidarla, contrastando el rigor de la investigación en su contra con la inacción y la “protección diplomática” otorgada a las autoridades de Sinaloa.
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AM.MX/dsc
