Por: Mario Ruiz Redondo
A pesar de que México está clasificado como uno de los 10 países del mundo que sufre anualmente pérdidas cuantiosas de patrimonios y vidas, como consecuencia de fenómenos naturales, este martes 6 de octubre, la mayoría de la Cámara de Diputados, representada por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aprobó la iniciativa Presidencial para desaparecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), así como otros 108 Fideicomisos.
Una decisión, que desde antes de ser sometida a votación, recibiría el rechazo de la mayoría de la sociedad nacional, por la gran importancia que este organismo federal ha representado a partir de 1996, al ser creado por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, para atender las permanentes contingencias que desde siempre se han generado en el país, con la finalidad de apoyar a las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, en apego a los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia.
Con recursos disponibles en 2020, de tres mil 800 millones de pesos para atender de inmediato emergencias provocadas principalmente por terremotos y huracanes, se dispondría su cancelación precisamente horas antes de que el poderoso fenómeno de la naturaleza “Delta”, tocara tierra este miércoles 7 de octubre, en los límites de Quintana Roo y Yucatán, con un nivel de peligrosidad 4, causando severos daños a la Región turística más importante de México.
En nada influyó en los diputados morenistas, la desgracia que enfrentan más de 600 mil habitantes de los 17 municipios de Tabasco, inundados en sus viviendas, cultivos y ganado, con elevadas pérdidas económicas, debido a las torrenciales lluvias provocadas días antes, por la tormenta Gama, que mantiene en estado de desastre un buen número de municipios del norte de Chiapas, donde los deslaves de carreteras y caminos vecinales, han incomunicado a la población.
El argumento principal para su desaparición, esgrimido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es en el sentido de que el Fonden era manejado de manera discrecional por funcionarios públicos. “Hay elementos suficientes para sostener que era una ‘caja chica’, bueno ni tan chica, para funcionarios que compraban de todo, aprovechando que había una emergencia, sin licitar miles de millones de pesos”.
Una situación que en principio se torna por demás compleja para la atención de decenas de miles de damnificados en los cinco estados del Sureste, considerando también a Campeche, donde los daños son también muy significativos, y que en conjunto requieren de atención inmediata.
Con su determinación de cancelación del Fonden, los legisladores de MORENA, es de suponer que los recursos disponibles quedan ‘congelados’, por lo que existe incertidumbre de la forma en que los gobiernos estatales atenderán a la población damnificada, toda vez que de acuerdo a la normatividad en Fondo cubría en principio la mitad del financiamiento y en caso necesario, la Secretaría de Gobernación, solicitará a la Secretaría de Hacienda una ampliación suficiente.
La normatividad para su funcionamiento, establece que su principal objetivo es atender las consecuencias derivadas de los eventos naturales, mismo que, debido a su magnitud, superen las capacidades financieras de los estados, dependencias u organismos paraestatales.
Está previsto, que los recursos del Fonden son empleados para la adquisición de diversos materiales, en pro de la población afectada: ropa, medicamentos, alimentos. También es empleado para la reconstrucción de los hogares y reparar la infraestructura.
Se precisa que para que este dinero pueda ser otorgado a las entidades, el Gobierno estatal o dependencias federales pueden solicitar una ‘declaratoria de desastre’ o ‘declaratoria de emergencia’ según sea el caso, con lo que Segob dará facilidad para obtener los recursos. En el primer caso, Gobernación libera los recursos para reconstruir la infraestructura y reparar los servicios de las zonas dañadas, además de comprometerse «a cubrir totalmente los costos de reconstrucción en el estado o participar hasta con un 50 por ciento, dependiendo del tipo de infraestructura a reparar.
En lo concerniente a la segunda opción, la instancia federal destinará los fondos para dar prioridad a la salvaguarda en materia de salud a la población afectada, con la adquisición de alimentos, medicinas y artículos de higiene personal. El estado que lo solicite solo recibirá la ayuda en especie, no en efectivo.
Sin embargo, en diversas ocasiones, “dada la prisa por atender de inmediato la contingencia”, como bien lo indica en su iniciativa el Presidente López Obrador, se han suscitado grandes y graves irregularidades que en ningún momento fueron sancionados.
Una de ellas ocurriría hace precisamente 15 años, cuando el 4 de octubre de 2015, la Región Soconusco de Chiapas, con Tapachula a la cabeza, fue devastada por el huracán ‘Stan”, con saldo conservador de más de cinco mil muertos y destrucción de miles de casas construidas en las riberas oriente y poniente del río Coatán.
Por aquellos días, el columnista laboraba como director adjunto de Organización Editorial Mexicana y tenía bajo su mando la Dirección del periódico Diario del Sur, en cuyas páginas quedaría impresa la tragedia más grande de los tiempos modernos sufrida por los habitantes de la Frontera Sur, al desbordarse los caudales de los ríos que a su paso derrumbarían los puentes e incomunicarían a la Frontera Sur del resto de la república.
El reporte oficial del número de muertos dado por el entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, no iba más allá de de los 86, a los que se sumaban “algunos desaparecidos”, mientras que la realidad echaba por tierra su mitomanía, al contabilizar la población hasta 10 mil los fallecidos y centenas de desaparecidos, al ser arrastrados por las poderosas corrientes de los afluentes.
Afectación total de las redes de internet y telefónicas, que no me impidieron la oportunidad de difundir al mundo, vía la conexión permanente de Diario del Sur, al satélite mexicano, de imágenes y textos del drama que en ese momento y en los días siguientes se enfrentó en Tapachula y los municipios fronterizos, donde en cuestión de horas las compras de pánico acabaron con la existencia y reserva de alimentos en los centros de abasto, lo mismo que en las estaciones de combustibles.
Pronta aplicación del Plan DNIII del Ejercito Mexicano, al mando del jefe del 4º Regimiento de Caballería Motorizada, coronel Vicente Antonio Hernández Sánchez, actualmente general y comandante de la XXXI Zona Militar con sede en Tapachula, además del Plan Marina, bajo la batuta del vicealmirante Roberto Gómez Carranza, que permitió evitar un mayor número de víctimas al rescatar a sobrevivientes y atender a los damnificados en los albergues creados ex profeso.
Emergencia que sería aprovechada por el Presidente Vicente Fox Quesada, para solicitar la autorización de la Cámara de Diputados, para destinar a Chiapas recursos adicionales al Fonden, equivalentes a 20 mil millones de pesos, que serían malversados con la complicidad de Pablo Salazar Mendiguchía, que ampliaría a 41 los “municipios afectados”.
Con la bandera de “la Reconstrucción de Chiapas”, fluirían de inmediato los dineros, que darían comienzo a toda una estrategia de reparto de los presupuestos, en los que tendrían prioridad las empresas constructoras creadas sobre la marcha, de los hermanos Bribiesca Sahagún, los hijos de la ‘primera dama Marta Sahagún, con la bendición de su esposo el Primer Mandatario.
Ocurriría entonces que mucha de la obra pública programada en el papel, no se realizaría, pero si se facturaría y se pagaría a los entenados del Presidente Fox Quesada, a los que lo mismo se adjudicaron, caminos, puentes de la autopista y vecinales, escuelas, centros de salud, obras de drenaje, agua potable, que nunca construirían, mientras que Salazar Mendiguchía hacía de las suyas al crear sus propias constructoras, a las que destinaba obras de gran valor.
En su momento, sería todo un escándalo que motivaría una ‘investigación” de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que por consigna del Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se guardaría en la sección de archivos intocables, en tanto en Chiapas, el Congreso local haría lo mismo.
Sin duda, que la corrupción que imperó en los niveles federal y estatal en Chiapas, luego de los daños del huracán “Stan”, es uno de los ejemplos más evidentes de cómo se han realizado meganegocios en nombre de la causa de los damnificados en México. Pero lo más grave, es que ni antes y ni ahora, se haya pretendido ir a fondo para castigar con todo el peso de la ley a los responsables, antes de tomar decisiones simplistas como la de desaparecer un organismo que se requiere para atender los requerimientos de una nación considerada de alto riesgo en el mundo, por sus desastres naturales.
Al margen de todas componendas, las Fuerzas Armadas han participado como pilares básicos en la aplicación de la ayuda federal a los habitantes del país afectados por fenómenos meteorológicos y sismológicos.
Incluso, su intervención es anterior al establecimiento en 1996, del Fondo de Desastres Naturales, el Plan DN-III-E del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, fue elaborado y aplicado a partir de 1966, como consecuencia del desbordamiento del Río Pánuco, dirigido para proteger a la población ante los fenómenos meteorológicos y sismológicos.
La Secretaría de Marina, asumiría en principio, luego de su ceración en la década de los años 40, una tarea semejante a la del Ejército, pero en el ámbito de las actividades pesqueras, al incrementarse el número de
accidentes que requirieron su intervención para la preservación de la vida de las tripulaciones de los barcos en riesgo.
Según los registros de la Armada, las primeras acciones de auxilio se darían en 1959, en las inmediaciones del Puerto de Manzanillo, Colima, y posteriormente en Tampico, Tamaulipas, en 1966. Tanto Ejército como Marina, serían de suma importancia en la ayuda brindada a la población civil de la ciudad de México, damnificada por el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que dio paso a la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).
Pero sería hasta el mes de julio de 2001, cuando el alto mando de la Armada, constituye el Plan Marina, que vendría a sumarse al Plan DN-III-E, que permitiría el establecimiento de un frente común coordinado de las Fuerzas Armadas, para auxiliar a la sociedad nacional, en caso de desastre.
Hoy, los primeros reportes de los daños acumulados por la Tormenta Gamma y el Huracán Delta, en el Sureste mexicano, son por demás preocupantes por el daño a la infraestructura de Cancún y otros sitios de la Región de Caribe en la colindancia de Quintana Roo y Yucatán, además de las severas afectaciones en Campeche, Tabasco y Chiapas.
Una cuantificación pronta, que superará con creces los tres mil 800 millones de pesos programados para el ejercicio del año que casi termina, por lo que es de suponer que parte importante de los recursos han sido ejercidos.
Realidad nacional adicional, de un México, donde la gran mayoría de sus dos mil 467 municipios, carece o mantiene sin actualizar de un Atlas de Seguridad obligatorio, que permitiría llevar a cabo acciones preventivas, encaminadas a la salvaguarda de vidas y patrimonios que pudieran estar en riesgo, debido en mucho a la falta de un Plan de Desarrollo Urbano, que evite, por ejemplo, que miles de personas invadan los cauces de los ríos o que se asienten en terrenos de alta peligrosidad, como lo sigue advirtiendo el geofísico chiapaneco Marco Antonio Penagos Villar, presidente del Instituto de Especialistas en Geofísica, Geología y Mineralogía, sin que hasta ahora nadie haga caso, como una voz en el desierto.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013, Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.
