Por: Mario Ruiz Redondo
La pregunta es obligada para la gran mayoría de los más de cinco millones de chiapanecos, afectados por los bloqueos carreteros en la entidad, que lo mismo impidieron el tránsito humano, sea de automovilistas o de pasajeros de autobuses, que de transportes de alimentos, sin dejar de considerar ambulancias que trasladaban enfermos:
¿Dónde, el Estado de Derecho que rige a Chiapas y a México?
De nuevo, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), quebrantaron con toda impunidad los derechos de terceros y con ello el orden jurídico establecido en el país por la Carta Magna.
Durante tres días, los chiapanecos nos convertimos en rehenes de la intolerancia y del abuso de una minoría de la población, que ha impuesto la ley de la selva en una entidad donde del lunes 5 de noviembre hasta la noche del miércoles 7, las autoridades de los tres niveles de gobierno, dejaron que el caos prevaleciera en toda la geografía del estado más pobre del país.
A un mes de que asuma la gubernatura de la entidad Rutilio Escandón Cadenas, el desorden imperó por enésima vez, pero ahora con mayores actitudes radicales, al sitiar no solamente los accesos de las principales ciudades del estado e intersecciones claves, sino de todas las comunidades de los 123 municipios, haciendo prácticamente imposible la comunicación terrestre y con ello generando la cancelación de las visitas de miles de turistas nacionales y extranjeros.
Paro general del sistema educativo oficial, para enarbolar demandas de pago de salarios retenidos por los gobiernos federal y estatal, hasta por cuatro años, a profesores interinos, anteponiendo el esquema establecido por los líderes, de un proceder arbitrario y fuera de la ley al afectar a terceros, para exigir el cumplimiento de la aplicación de recursos presupuestados, que hasta ahora, argumentan, no se sabe dónde se encuentran o qué fin tuvieron.
Sospechosa conducta de las partes en conflicto, al no negociar la solución y dejar que, a propósito, reventara sin importar el daño colateral a la población y a los de por sí pocos sectores productivos de Chiapas, y especialmente al sistema de comercialización con Centroamérica, al quedar varados miles de contenedores de carga en la autopista Arriaga-Suchiate y de igual forma del lado de Guatemala.
Esta vez, los mismos conductores de los pesados vehículos, en forma de protesta contra los paristas, decidieron atravesar sus unidades sobre las carreteras, para inmovilizar permanentemente todo tipo de vehículo.
Acumulación de ilícitos sobre la marcha, que la autoridad no considera, no obstante haberse violado en principio, el derecho constitucional al libre tránsito, convirtiéndose así los maestros de la CNTE y SNTE en dictadores intocables.
Reacomodo de la estrategia beligerante en función de los tiempos, pues esta vez no hubo de aguardar el final del ciclo escolar, ya que la prisa se daría ante el fin de la temporada sexenal federal y estatal.
Coyuntura para la distracción, financiada por oscuros intereses, en la vorágine de las fechas de los cambios inminentes, el 1 y 8 de diciembre, en las que lo mismo se responsabilizaría desde la perspectiva local de salida por la tangente, al Gobierno de la República y directamente al secretario de Educación, Otto Granados Roldán.
El juego discursivo de siempre para justificar la incapacidad de respuesta, ya que de entrada, por suscitarse aquí esta situación adversa, quienes tienen la principal obligación de atenderla, son las autoridades estatales, que han postergado injustificadamente el cumplimiento de pagos salariales a maestros que se han desempeñado con carácter temporal en las aulas.
Por lo observado en los años recientes, se ha olvidado que existe un pacto federal que obliga a la realización de esfuerzos conjuntos para evitar que los conflictos se generen y finalmente broten con tintes extremos como los registrados en la vasta geografía chiapaneca.
¿Dónde entonces la cooperación de la Secretaría de Educación estatal, que en un juego de palabras de su titular Eduardo Campos Martínez, niega que la administración saliente tenga adeudos, mientras los líderes paristas afirman que el gobierno de la entidad debe a sus agremiados alrededor de 900 millones de pesos y el federal 400 millones de pesos?
¿Por qué ambas instancias han dejado transcurrir cuatro largos años para finalmente atender correctamente a quienes reclaman haber sido responsables en el cumplimiento de la encomienda educativa, a cambio de un salario que fue presupuestado anualmente para su aplicación?
Anuncio demasiado ambiguo en horas de la noche de este miércoles 7, de que los dirigentes de la CNTE-SNTE, habían pactado con el gobierno estatal, levantar el paro y cesar los bloqueos carreteros, sin precisar a sus agremiados ni a la sociedad chiapaneca los acuerdos concretos en la solución de su pliego petitorio, que serían atendidos en una mesa de diálogo.
La respuesta en el aire y con ello la preocupación por el riesgo, en consecuencia, de una reactivación nuevamente del problema, considerando que al Gobierno de la República le quedan apenas 22 días para concluir su período sexenal, mientras que al de Chiapas 30. La duda se acentúa entre la población, tomando en cuenta que resultará por demás difícil cumplir en tan breve tiempo, lo que no se resolvió en cuatro años.
Más aún, cuando hasta ahora, resulta todo un misterio el paradero de tan importantes cantidades de dinero, que en teoría debieron haberse aplicado a favor de los compromisos establecidos con los educadores chiapanecos.
Y es que los apurados en que se les pague antes de que se vayan los funcionarios de Hacienda del gobierno estatal, son los proveedores de servicios, que siguen sin encontrar solución alguna a su exigencia de cumplimiento de compromisos.
La respuesta común que siguen teniendo en las ventanillas del piso cuatro de la Torre Chiapas, es, de que no hay dinero para saldar las cuentas acumuladas de miles de millones de pesos, provocando desesperación entre los empresarios.
Se trata de hombres y mujeres de negocios pequeños y medianos, que confiaron en la palabra de autoridades de alto rango, que prometieron prontos pagos, siempre y cuando los interesados financiaran la obra pública o venta de insumos de diferente índole a las dependencias gubernamentales.
Fin de un sexenio trágico para buen número de ellos, sobre todo de la industria de la construcción, que recurrieron al crédito bancario privado, y que ante los grandes retrasos de cumplimiento de compromisos, han sido acosados por estas instituciones, llevándolos a la aplicación de medidas como el de hipotecar sus casas o vender finalmente sus patrimonios, para cumplir, y al no tener más que ofrecer, se sabe que algunos han fallecido infartados por todos los rumbos del estado.
Panorama nada alentador en materia de importantes pendientes económicos que heredará la siguiente administración, que incluye el pago de los intereses por más de dos mil millones de pesos de los 20 mil millones de pesos heredados por Juan Sabines Guerrero, que se ignora el monto del pago de deuda de capital en los últimos seis años, además de una cantidad similar que no se retribuyó a proveedores que siguen esperando aún su cumplimiento.
Sector empresarial en crisis que se complica todavía más con el extremismo de las acciones extremistas del movimiento magisterial, que mantiene firme su bandera de exigir la cancelación de la Reforma Educativa del Primer Mandatario Enrique Peña Nieta, comprometida en campaña y fase de transición por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Clima de zozobra y de malestar de toda la población chiapaneca, sometida a los intereses de una minoría, la de los maestros de la CNTE y del SNTE, que independientemente de sus demandas laborales, incurrieron nuevamente en delitos de orden federal y estatal, sin que, como ha sucedido en ocasiones anteriores, el tono gubernamental complaciente se manifestaría de nuevo, permitiendo abiertamente la violación del Estado de Derecho.
Tampoco se escucharían las advertencias de que no se pagarían los días no trabajados, ni que se les despediría por ausentismo de las aulas, “porque nadie estará por encima del orden jurídico, el cual se aplicará caiga quien caiga”.
A diferencia de otras ocasiones similares, no se informaría cuántos planteles se mantuvieron inactivos, así como del número de profesores faltistas, complementado con el porcentaje de aquellos que si están cumpliendo con la obligación para la que fueron contratados por las Secretarías de Educación correspondientes.
Mejor la fiesta en paz para evitar la beligerancia radical que enturbie la salida del político mexiquense de Atlacomulco, y el arribo del tabasqueño de Macuspana, cargando a cuestas un baúl de promesas en las que por cierto los maestros disidentes son prioridad, aunque éstos vislumbran que su futuro no será el mismo ante el hasta ahora inminente retorno de la “líder moral” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la chiapaneca Elba Esther Gordillo Morales.
Amanecer de jueves 8 de noviembre en una Frontera Sur de México, donde el sector empresarial agrícola está demasiado molesto por las pérdidas provocadas por los bloqueos carreteros, que impidieron el desplazamiento de productos como el plátano, no únicamente al centro de la república, sino a otras entidades, incluyendo la exportación a Estados Unidos.
En Tapachula, la exigencia desde el mismo día del inicio del movimiento de obstrucción de los maestros, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en las Regiones Costa, Sierra y Frontera Sur, de un ¡ya basta! y del restablecimiento del Estado de Derecho en Chiapas, en voz de su dirigente José Antonio Toriello Elorza, mientras reiteraba su convicción y la de sus
agremiados, de que México es un país de leyes y que lo único que hace falta es hacerles valer y cumplir por parte de los gobiernos estatal y federal.
La imagen turística de Chiapas en el mundo, ha vuelto a ser afectada severamente por el radicalismo de líderes y profesores, por un lado y por el otro, de quienes desde la perspectiva del poder gubernamental, con su insensibilidad han contribuido a la creación de un episodio más del quebranto del orden constitucional.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.
