CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- La realidad de las mujeres que denuncian algún tipo de violencia en México es alarmante. En nuestro país, un feminicida, o un agresor por violencia familiar o sexual, tarda de dos a cinco años en recibir una sentencia. Además, durante todo ese tiempo, las víctimas y sus familiares son citadas entre 10 a 20 audiencias para carearse con los agresores.
El dato lo presentan las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) en su último informe: ¿Una sentencia es sinónimo de justicia?, cómo se vive un proceso judicial en México para víctimas de violencia sexual y violencia feminicida. En el informe se documentaron violaciones a la legalidad y a los derechos de las víctimas en los procesos penales.
El informe da un dato contundente: en México, el 90 por ciento de los delitos cometidos en contra de las mujeres permanecen en la impunidad.
Además, acusaron que “cuando se logra sentenciar a feminicidas, violadores y abusadores, las víctimas deben de recorrer un largo camino que inicia cuando deciden denunciarlo. Cuando son ellas las acusadas, los procesos se vuelven estigmatizastes, así es la violencia institucional”.
El largo camino para la justicia
En la investigación, el IMDHD analizó 19 casos. En ellos, corroboraron la lentitud del proceso penal en contra de los agresores de mujeres.
El análisis de los casos va desde la presentación de la denuncia, hasta que se obtiene una sentencia condenatoria. Sin embargo, explicaron que también contemplaron el tiempo de los amparos que los tribunales tienen que analizar, y que puede alargar el proceso penal hasta dos o tres años más.
La organización de derechos humanos acompañó a mujeres durante siete años en su búsqueda de justicia y reparación del daño. En este proceso, el IMDHD documentó 19 experiencias de mujeres víctimas de violencia dentro de los procesos penales que fueron resueltos de 2022 a 2023.
Los casos corresponden a carpetas de investigación por los delitos de violencia familiar, violencia sexual, feminicidio, tentativa de feminicidio, desaparición forzada, despojo, homicidio y una denuncia por daño moral.
En la investigación, además, se observaron las malas prácticas de las fiscalías y el Poder Judicial, quienes resolvieron las sentencias sin imponer las penas máximas
¿Justicia? Las sentencias a agresores tienen una tendencia a la mínima
El informe también da cuenta de los patrones discriminatorios en contra de las mujeres que denuncian. Patrones que se encuentran arraigados dentro del sistema judicial e impiden el acceso a la justicia para las mujeres.
Un ejemplo, cuenta la defensora Verónica Garzón, pasa en la Ciudad de México, donde el informe revela una tendencia en la que las juzgadoras responsables de sentenciar a los agresores siempre recurren a las penas mínimas para sancionar delitos de violencia sexual y violencia familiar.
“Resulta preocupante por dos razones: en primer lugar, las autoridades jurisdiccionales no están aplicando los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos para analizar el contexto de los casos e identificar la forma en que las conductas afectan la vida de las mujeres y niñas. En segundo lugar, estas argumentaciones se presentaron principalmente en dos casos, uno es el de Rihana, y otro el de una adolescente de 12 años».
En ambos casos, cuenta Garzón, «las juezas no identificaron, en atención al interés superior de las niñas, los impactos diferenciados que la violencia tiene sobre ellas, en comparación con mujeres adultas”.
El caso de Rihana ocurrió en 2017, cuando ella tenía siete años. La menor fue violentada sexualmente por el hermano de la entonces pareja de Erika, su mamá. La agresión la denunció la madre ante el ministerio público, sin embargo, después de denunciar, su ex pareja y su familia la agredieron, por lo que Erika también interpuso una denuncia por los delitos de violencia familiar, lesiones y despojo.
La ex pareja y su familia echaron de la casa a Erika y a Rihana. Ni siquiera les permitieron que recuperaran sus pertenencias. Durante meses, ambas vivieron en un coche.
A pesar de que se demostró que hubo violencia sexual en contra de la menor, la jueza que conoció el caso determinó que la conducta del agresor no ameritaba el grado máximo de culpabilidad, por lo que decidió sentenciarlo a pena mínima.
El Tribunal de Alzada compartió el mismo argumento cuando Erika interpuso un recurso de apelación contra la reducción de la sentencia del agresor. En ese caso, el Tribunal resolvió que era inoperante argumentar que el daño a la menor había sido máximo.
“Sólo por tratarse de una persona menor de edad, y por ser mujer, toda vez que el mismo se torna discriminatorio para el resto de las personas en caso de no considerarse de tal magnitud” explicó Verónica Garzón.
Falta de análisis y desinterés, las causas de sentencias que no significan justicia
El informe cuestiona que se reduzcan las condenas a los agresores para que estén menos años en prisión.
Los argumentos que presentan las autoridades judiciales siempre arguyen la falta de razonamientos jurídicos, pero en realidad las autoridades no realizan análisis exhaustivos de los casos, ni aplican los estándares internacionales de protección en materia de derechos humanos.
Esto representa uno de los principales obstáculos para que las mujeres acceden a la justicia, además de la dilación de los procesos penales y el tiempo que las autoridades judiciales se tardan en resolver las sentencias.
En promedio, el IMDHD calcula que los procesos penales tardan cuatro años en resolverse, pero hay casos en los que se prolongan hasta ocho años. «Ninguno», concluye el informe «duró menos de dos años, contados a partir de la presentación de la denuncia. En el caso de los juicios orales, la duración osciló entre los dos y siete meses”.
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