CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores del Partido del Trabajo presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de la República, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, un informe sobre el avance y atención de las denuncias realizadas por violencia sexual contra mujeres y niñas.
La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña hicieron un llamado para dar seguimiento oportuno y eficaz a dichas denuncias, con el objetivo de garantizar justicia a las víctimas y combatir la impunidad.
Además, pidieron que se fortalezcan los cursos especializados en materia de derechos de las víctimas, juzgar con perspectiva de género, así como sensibilizar al personal sobre el tema de violencia sexual para garantizar el derecho humano a la justicia.
En este sentido, solicitaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos colabore con la Fiscalía General de la República, y con sus homólogas en las 32 entidades federativas, para cumplir con este objetivo.
Los legisladores explicaron que existe un amplio desconocimiento por parte de los operadores del sistema de justicia penal, personas fiscales y juzgadoras en materia de los derechos de las víctimas de delitos sexuales.
Aunado al desconocimiento, se suma la falta de sensibilidad, los escasos apoyos y recursos económicos asignados a instancias encargadas de atender y sancionar este tipo de conductas.
“Pese a los avances en la materia, la violencia sexual sigue presente en el acontecer cotidiano de millones de mexicanas que sufren, en uno o más ámbitos de su vida, las consecuencias de este tipo de violencia, por lo que ya es tiempo de revertir la situación”.
Bañuelos de la Torre, Lucero Olivas y Padilla Peña señalaron que en nuestro país las cifras oficiales sobre violencia sexual mostraron un incremento de 68 por ciento a nivel nacional, al pasar de 12 mil 619 casos en 2020 a 21 mil 189 en 2021 a nivel nacional.
Sin embargo, acotaron, se tiene que tomar en cuenta que en México, 99.7 por ciento de los delitos sexuales no son denunciados o investigados.
“A pesar de los esfuerzos gubernamentales, existe aún un amplio desconocimiento por parte de las y los operadores del sistema de justicia penal, así como por parte de personas fiscales y juzgadoras en materia de los derechos de las víctimas de delitos sexuales, lo que deriva en violencia institucional que vulnera derechos humanos”, destacaron los senadores en el punto de acuerdo que fue turnado a la Primera Comisión de la Permanente.
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