MÉRIDA, YUCATÁN.-En un abrir y cerrar de ojos, el gobierno del Estado adoptó como su consentida a la empresa Selim S.A. de C.V., y le regaló éste año 20 millones de pesos a través de dos contratos: uno por servicios de vigilancia en escuelas del Estado y otro por la limpieza hospitalaria de distintos nosocomios de Yucatán.
Y es que luego, de que en los primeros años como empresa constituida apenas había logrado contratos que escasamente superaban el millón de pesos en el sector educativo de Yucatán, la empresa cuya apoderada legal es la empresaria culinaria Gabriela Romero Bolio, este año obtuvo dos millonarios contratos en el ámbito educativo y de la salud. Pero uno por vigilancia y otro por limpieza.
De acuerdo con Sol Yucatán, la socialité yucateca esta vez sí supo por dónde buscarle. Habiendo inaugurado el restaurante Cienfuegos propiedad de su familia, el mes de febrero de 2020, tal vez nunca imaginaron la parálisis que sufriría el sector gastronómico ante las medidas de restricción tomadas para el combate contra la propagación del virus SARS Cov2 a partir del mes de abril.
Con ayuda de su hermano Francisco Romero Bolio, amigo cercano del Gobernador y del presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, rápidamente consiguieron la ayuda del gobernante para reactivar la empresa Selim S.A. de C.V., misma que no obtenía contratos importantes desde el año 2013.
Empresa constituida el 29 de septiembre de 2008 con Folio Mercantil Electrónico 47654, por quien sería su esposo, Alejandro Javier De Pedro Dingler, en sociedad con Juan Enrique De la Cámara Thomas y Armando Bolio Sansores; anunciaba un objeto social enfocado en el asesoramiento y la prestación de servicios de seguridad, vigilancia, prevención, protección, mantenimiento menor en inmuebles, mantenimiento de limpieza en general, mensajería, desinfección patógena, fumigación, en toda clase de edificios, oficinas, hospitales, aeropuertos y centros terminales.
Hasta ahí todo parecía normal y por tratarse de la conformación de una empresa más, de las tantas operan en el país y que buscan celebrar contratos con entidades estatales y federales.
Sin embargo, en 2019 un grupo de ejidatarios provenientes de Motul, Ixil, Seyé, Samahil, Muxupip, Lepán, Chocholá, Hunucmá, Yaxcopoil, Conkal, Dzemul, Motul, Canicab, San Ignacio, Texán, Celestún y Conkal, se congregaron en la ciudad de Mérida, donde efectuaron diversas manifestaciones y tomaron las oficinas de la Procuraduría Agraria, para denunciar arbitrariedades de autoridades de esa dependencia federal, en un caso de despojo de tierras.
Los manifestantes señalaron como responsables a un grupo de personas encabezados por Alfonso Pereira Palomo (+), Rafael Acosta Solís y Juan Enrique De la Cámara Thomas, entre otros; todos ellos identificados por organizaciones como Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, como integrantes de la llamada mafia inmobiliaria o mafia agraria de Yucatán.
Meses atrás, en diciembre de 2018, ejidatarios de Seyé, Muxupip y de la comisaría de Cholul, habían revelado que entre los nombrados y otros más, como el dirigente de la Canacintra, Juan Manuel Ponce Díaz, Juan Manuel Ponce García, Alejandro García Gamboa y Rita Farjat; habían operado en contubernio con visitadores de la Procuraduría Agraria y el mismo procurador agrario Omar Corzo Olán, al validar falsas asambleas que nombraba como ejidatarios a los usurpadores.
Por su parte Armando Bolio Sansores, quien desde la concepción de la empresa se había caracterizado por ser el representante legal de la misma, en sociedad con Alejandro De Pedro Dingler, fungen también como representantes en Yucatán de la empresa norteamericana Línea Peninsular, Inc., que realiza de dos a tres viajes semanales entre Panamá City; Florida, USA y Progreso, Yucatán.
Lo que refleja la posterior sociedad con Juan Enrique De la Cámara Thomas, a quien conocen en instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API) Progreso, pues éste no era ajeno a la administración pública, al desempeñarse por muchos años como director de la Terminal de Contenedores de Yucatán.
Posteriormente, ante los múltiples señalamientos como integrante de la Mafia Agraria de De la Cámara Thomas, para el 18 de febrero de 2021, se llevó a cabo una Asamblea para sustituir al representante de la empresa, nombrando a Gabriela Romero Bolio.
Hasta entonces, la empresa solo tenía registrada ante “Quién es Quién”, un contrato celebrado en 2013 por 939 mil 357 pesos, otorgado por la misma API de Progreso, donde prácticamente trabajaban los tres socios.
Una semana después del cambio de representación legal de Selim S.A. de C.V., el 26 de febrero de 2021, la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey), de Loreto Noemí Villanueva Trujillo, le adjudicó de manera directa el contrato AD25-2021-02/C.1, por 9 millones 463 mil 922.36 pesos, por la “prestación del servicio de vigilancia mediante un mínimo de 24 elementos en 16 inmuebles de la dependencia estatal ubicados en Mérida, Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Motul, Peto, Tekax, Ticul, Tizimín, Valladolid y Yaxcabá”, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021.
Sin embargo, la adjudicación se dio de forma irregular, pues de acuerdo al acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Segey -celebrado un día antes-; el órgano autorizaba la contratación sin necesidad de licitación o invitación a tres proveedores, bajo el argumento de que no existían más proveedores idóneos. Al revisar una lista al respecto publicada cada año por la Secretaría de Seguridad Pública del estado, resulta que en la entidad operan de manera regular 88 empresas de seguridad.
Los responsables de la adjudicación directa habrían sido los representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Gabriela Margarita Collí Acosta, y de la Secretaría de la Contraloría General, Carlos Alexanders Tepichin Frías, bajo las órdenes de Mauricio Vila Dosal; pues los tiempos del proceso revelan un acuerdo pactado con anterioridad, dado que la renovación del permiso de Selim S.A. de C.V., para operar como empresa de seguridad se dio el 24 de febrero, un día antes que el Comité autorizara la adjudicación directa y al día siguiente se firmara el contrato.
Por si fuera poca la suma “regalada” por 9 millones 463 mil 922 pesos, un mes después, el 26 de marzo de 2021, se le otorgó un acuerdo más por 9 millones 791 mil 756.80 pesos mediante la licitación pública No. LA-931007985-E6-2021, para la adjudicación del contrato abierto relativo a la prestación del “Servicio de Limpieza” para los Servicios de Salud de Yucatán (SSY).
No cabe duda que este año le sacaron jugo a la dualidad del objeto de su sociedad.
Esta vez los mandados por Vila Dosal para autorizar la adjudicación de un segundo contrato con apenas un mes de diferencia por otra suma cercana a los 9.8 millones de pesos; fueron: el subdirector de recursos materiales de los SSY, Claudio Antonio Rosales Aznar; el jefe de departamento de licitaciones de los SSY, Ramón Alcocer Mezquita y, el responsable de Recursos Materiales del Hospital General de Valladolid, Miguel Ángel Domínguez Pérez.
En un acto de “fallo” en el cual no se dio conocimiento de las otras empresas que pudieran haber participado en la convocatoria de licitación publicada el día 9 de marzo, solo se dio fe de la adjudicación de un sublote de 12 servicios a Selim S.A. de C.V., “por cumplir con todos los documentos solicitados, y haber solventado la propuesta económica y cuadro comparativo de precios, con una vigencia del primero de abril al 31 de diciembre de 2021.
De esta manera, la propuesta máxima presentada antes del IVA por 9 millones 791 mil 756.80 pesos para servicios de limpieza en hospitales, vendría a sumarse a los 9 millones 463 mil 922 pesos otorgados previamente por el servicio de vigilancia en escuelas; vendría a representar el regalazo que Mauricio Vila Dosal hizo a Gabriela Romero Bolio, por el orden de los 19 millones 255 mil 678 pesos.
AM.MX/fm
