Luis Alberto García / Moscú
*RuNet reforzaría la capacidad de censura en Internet.
*La Federación Rusa intenta crear una barrera cibernética que la aislaría.
*Eso le permitiría controlar la información y desconectar el país del sistema global.
*Ya hubo una manifestación en contra de esa iniciativa el 10 de marzo de 2019.
*Alarma en las organizaciones defensoras de los derechos civiles.
*El Kremlin pasa a la ofensiva con ese programa geoestratégico.
Rusia avanza hacia la construcción de una “Cortina de Hierro” o “Telón de Acero” digital con el objetivo de hacer frente a las amenazas cibernéticas, en respuesta a la estrategia de ciberseguridad qua tan paranoica y afanosamente ha buscado Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
A ello obedece que el Parlamento ruso haya dado el visto bueno a la legislación para la creación de un “Internet soberano”, polémico proyecto que supone no solo erigir una red doméstica que pueda funcionar de manera autónoma, sino que también permitirá a las autoridades filtrar la información externa a esa red y bloquear el contenido que considere indeseable o peligroso.
El plan es crear la infraestructura para, en caso de ataque cibernético, desplegar las murallas digitales y desenchufarse del Internet global para quedarse dentro de un ecosistema ruso, y si otros países intentan aislarla, Rusia se aislará primero, plantean.
La ley para establecer RuNet, como han llamado a la Internet soberana rusa, ha alarmado a las organizaciones de derechos civiles, que sostienen que tras el argumento de prevenir pirateos o ataques digitales algo se esconde.
Aseguran que se trata de la intención de reforzar el control de la Red y de limitar las libertades en el ciberespacio en un país de más de 144 millones de habitantes, y en el que el 76% de la población tiene acceso a Internet.
“El paquete legislativo supone la creación de un cortafuegos ruso global de censura y es una amenaza para los usuarios”, critica Artión Kozluk, director del centro para la libertad en la Red Roskomsvoboda.
El abogado y activista compara la nueva ley con la conocida como cibermuralla china, con la que el gobierno del gigante asiático controla la Red y bloquea el acceso a cientos de webs y aplicaciones, como Twitter, Facebook o YouTube.
Según la nueva ley rusa, que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2019 —aunque progresivamente con distintos pasos técnicos— las empresas de telecomunicaciones tendrán que implantar “medios técnicos” para redirigir todo el tráfico de Internet de Rusia a través de unos puntos de intercambio que administrará o aprobará el organismo de las telecomunicaciones ruso, Roskomnazor.
Esta agencia inspeccionará el tráfico y podrá bloquear contenido prohibido, según recoge la ley, además de tener el control sobre la información.
Rusia ya bloquea aplicaciones de mensajería como Telegram, la red social profesional LinkedIn o el canal de vídeos “Daily Motion”, aunque la primera ha sorteado la prohibición a través de una maniobra técnica y sigue estando disponible.
Las empresas responsables de estas webs se negaron a almacenar la información de sus usuarios en Rusia por temor a que el gobierno de Vladímir Putin les requiriese esa información, por ejemplo, para perseguir opositores; pero fueron vetados.
La administración rusa ha amenazado ahora con hacer lo mismo a Facebook o Twitter, aunque de momento solo les ha impuesto mínimas sanciones económicas, sin embargo, el proyecto de ley aprobado se suma a otras medidas de la misma corriente: ya entró en vigor la ley que permite multar o bloquear a los medios digitales que difundan “noticias falsas”.
“Esta es un arma bastante seria. Aunque espero que, como las armas nucleares que tienen varios países, la ley estará inactiva. Y su existencia alentará a todas las compañías rusas, incluidas aquellas en jurisdicción no rusa, a cumplir las leyes de Rusia”, afirmó Alexander Zharov, jefe del Roskomnadzor.
Quedan dudas técnicas de cómo se logrará poner en marcha el ambicioso proyecto, y a la ley aprobada por amplia mayoría —307 parlamentarios a favor y 68 en contra— le queda ahora solo el trámite del Consejo Federal y la firma del presidente Putin; pero la norma ha contado con el respaldo del Kremlin.
Señalada por la OTAN, Estados Unidos y sus aliados occidentales como responsable de potentes y diversos ataques cibernéticos, Rusia ha decidido pasar a la ofensiva con este nuevo programa geoestratégico.
El proyecto de ley busca hacer frente al “carácter agresivo” de la estrategia sobre ciberseguridad estadounidense, y es que en enero de 2018, Washington golpeó a Moscú con sanciones por su participación en la fabricación y diseminación de fake news durante la campaña electoral de 2016 que dio la victoria a Donald Trump, y por lo que consideró una serie orquestada de ciberataques contra sectores clave de la economía.
Estados Unidos, Reino Unido, Holanda o Ucrania llevan años alertando de que Rusia ha atacado organismos estatales, infraestructuras críticas, empresas y particulares, acusando al Kremlin de emplear hackers para infectar millones de ordenadores en todo el mundo en preparación de lo que han definido como “una ofensiva futura”.
El proyecto de Internet soberana rusa establece que el país eurasiático construirá su propia versión del sistema de direcciones de red (conocido como DNS) para que RuNet pueda funcionar si se le corta el acceso a los servidores situados fuera de Rusia.
Así, podría operar sin problemas de forma autónoma, con lo cual el Kremlin tratará a toda costa de mantener el intercambio de datos entre usuarios de Internet en Rusia dentro de sus fronteras, punto criticado por las organizaciones de derechos civiles, que alertan de que los usuarios críticos pueden volverse vulnerables.
El gobierno de Rusia tiene como objetivo reducir la cantidad de tráfico que se enruta a través de servidores exteriores del 50% actual al 10% en 2024, y la creación y puesta en marcha de RuNet no será barata.
Costará unos 430 millones de dólares, que saldrán de una partida adicional del programa federal de seguridad: de esos fondos, unos 288 millones irán a sufragar nuevos sistemas tecnológicos que garanticen la seguridad de la nueva Red rusa.
El alto costo del proyecto, respaldado por el gobierno de Vladímir Putin, ha suscitado las reticencias del Tribunal de Cuentas y las críticas de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, quienes alertan que el plan es demasiado complejo y que la calidad de la conexión a Internet se podría ver afectada.
