WASHINGTON, D.C.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión de 13 empresas y cuatro personas, entre ellas el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., en su lista de sanciones financieras.
Esto debido a su presunta participación en un esquema de fraudes con tiempos compartidos operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta, Jalisco, y zonas aledañas.
¿En qué consisten las sanciones de EU a empresas de Puerto Vallarta?
De acuerdo con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), Ibarra Díaz, presunto empresario, ha trabajado durante más de dos décadas en la venta y administración de tiempos compartidos, principalmente en Puerto Vallarta y región norte de Nayarit.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses afirman que, en paralelo, ha operado en coordinación con miembros del CJNG para defraudar principalmente a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad.
La sanción también incluye a Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro.
Estos previamente señalados como operadores del CJNG en la región, con funciones que van desde la coordinación de asesinatos hasta la dirección del esquema fraudulento.
Las 13 empresas vinculadas en la designación son:
Akali Realtors
Centro Mediador De La Costa
Corporativo Integral De La Costa
Corporativo Costa Norte
Sunmex Travel, TTR Go
Inmobiliaria Integral Del Puerto
KVY Bucerias
Servicios Inmobiliarios Ibadi
Fishing Are Us
Santamaria Cruise
Laminado Profesional Automotriz Elte
Consultorías Profesionales Almida
La medida implica la congelación de activos que las personas y entidades posean en territorio estadounidense, así como la prohibición a cualquier ciudadano o empresa de Estados Unidos de realizar transacciones con ellas.
¿En qué consistían los fraudes de tiempo compartido en Puerto Vallarta?
Según el comunicado, el esquema consiste en que operadores contactan a propietarios de tiempos compartidos, haciéndose pasar por abogados, intermediarios o representantes de empresas estadounidenses que supuestamente desean comprar o rentar sus propiedades.
Les ofrecen ganancias atractivas y, para concretar el trato, solicitan pagos anticipados por concepto de honorarios o impuestos. Sin embargo, el pago prometido nunca llega.
En muchos casos, las víctimas son revictimizadas mediante nuevos engaños:
Supuestos bufetes legales o funcionarios falsos, incluso haciéndose pasar por representantes de la OFAC, les exigen pagos adicionales con la promesa de recuperar el dinero perdido o evitar supuestos problemas legales.
Desde julio de 2024, las autoridades estadounidenses han detectado más de 250 reportes de actividades sospechosas y mil 300 transacciones relacionadas, por un total de 23.1 millones de dólares.
El promedio por víctima asciende a 28 mil 912 dólares, equivalente a más de medio millón de pesos.
El FBI estima que entre 2019 y 2023, al menos 6 mil personas han sido defraudadas, con pérdidas que rondan los 300 millones de dólares, aunque advierte que la cifra real podría ser mayor debido a la falta de denuncias.
Autoridades de EU recomiendan a propietarios de tiempos compartidos en México desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad y verificar cuidadosamente cualquier propuesta de compra o renta.
AM.MX/fm
