MIGUEL ÁNGEL FERRER
En el gobierno de la Cuarta Transformación existe plena conciencia de la necesidad de derogar las leyes que dan sustento al mecanismo de subcontratación de obreros y empleados, el llamado outsourcing.
Como bien se sabe el outsourcing es fruto de la contrarreforma laboral de Felipe Calderón. Una modificación a las leyes hasta entonces tutelares de los trabajadores.
El fin último de esa contrarreforma, como se ha visto desde entonces, es la reducción de la masa salarial y el consecuente incremento de las ganancias capitalistas. Este doble fenómeno explica el evidente y constante empobrecimiento de obreros y empleados y las no menos evidentes mayores utilidades de los empresarios.
Además, los trabajadores han perdido otros bienes materiales, como las prestaciones, digamos el aguinaldo, que les es escamoteado mediante subterfugios legales que son parte esencial del outsourcing. Y asimismo han perdido bienes inmateriales pero de gran valor como lo son la estabilidad en el empleo y la antigüedad con fines de pensión en edad avanzada.
Pero no sólo han sido los trabajadores quienes han perdido con el outsourcing. También ha salido lastimada la hacienda pública. El entramado legal de la subcontratación dificulta e impide la fiscalización tributaria, lo que posibilita la evasión fiscal, delito que alcanza miles de millones de pesos cada año.
Hay pues sobradas y poderosas razones legales, fiscales y éticas para echar abajo la contrarreforma laboral calderonista. Contra este justiciero propósito del gobierno obradorista se han levantado las voces más beligerantes de la derecha: cámaras, organizaciones y grupos de presión empresariales. Y a éstos se han sumado, lógicamente, los partidos del conservadurismo: PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
La batalla que viene será fragorosa. Sobre todo en el ámbito mediático. El conservadurismo cuenta con un poderoso arsenal en este campo. Pero a final de cuentas las luchas políticas se deciden en función de la correlación de fuerzas.
Y en estos momentos esa correlación es abrumadoramente favorable al obradorismo. Esto lo saben y lo entienden muy bien los dos bandos en pugna. La derecha utilizará sus acostumbrados recursos: amenazas y pronósticos de catástrofe económica.
Y el obradorismo le opondrá la justeza de su causa, acompañada por la fuerza política de su legítima mayoría en el Congreso, su enorme respaldo popular y la voluntad y el poder del Presidente de la República.
