Roberto Fuentes Vivar
Parte 5 y última/ el cártel de Grupos Financieros
El G20 mexicano maneja 54 billones 818 mil mdp
Cuando Carlos Salinas de Gortari tomó posesión como presidente de la República, luego de las oscuras elecciones de 1988, una de sus primeras medidas fue dar sustento jurídico a un nuevo sistema financiero, legalizando la defraudación del crack de 1987 y dotando a las casas de bolsa, a través de modificaciones a la ley de Grupos Financiero, para que pudieran adquirir los bancos. Hoy esos grupos manejan 54 billones 818 mil millones de pesos en cuentas de orden.
Su secretario de Hacienda, Pero Aspe, a posteriori, escribió textualmente: “Con el fin de estimular la competencia entre los intermediarios, propiciar la adopción de tecnología y servicios modernos y explorar nuevos campos de operación, se establecieron las bases de un sistema financiero acorde con las tendencias de globalización de los mercados mediante cambios en el marco jurídico de los intermediarios. Se expidieron las leyes de Instituciones de Crédito y para Regular las Agrupaciones Financieras y se reformaron los artículos 28 y 123 constitucionales con el fin de restablecer e l régimen mixto en la propiedad de las instituciones de crédito. La nueva figura jurídica de los grupos financieros abrió la posibilidad de asociación entre diversas entidades dedicadas a esa clase de actividades por medio de una sociedad controladora. La integración de dichos grupos facilita la evolución hacia la banca universal y una atención integral al usuario, con lo que se abaten los costos de intermediación. Asimismo, se adoptaron disposiciones jurídicas para propiciar prácticas financieras sanas. En particular, los nuevos ordenamientos establecen una separación patrimonial entre el financiamiento y la producción, evitando así la formación de grupos financiero-industriales que concentren el ingreso y provoquen el uso ineficiente de los recursos”.
Muchas de esas reforma, que facilitaron que las casas de bolsa adquirieran los bancos y que los grupos financieros concentraran sociedades de crédito (bancos), casas bursátiles, aseguradoras, arrendadoras, casas de factoraje y posteriormente las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), se publicaron en el diario oficial del 23 de enero de 1991, en pleno proceso de privatización bancaria.
Como se explica en la segunda parte de este trabajo, 14 de las 18 instituciones bancarias que privatizó el gobierno fueron adquiridas por los propietarios de las casas de bolsa que defraudaron a casi un millón de ahorradores, si se toman en cuenta los datos de quien era el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores en el momento del crack, Manuel Somoza, en el sentido de que en 1987 había un millón 250 mil inversionistas y solo quedaron 250 mil.
Luego del proceso de venta de los principales bancos a instituciones extranjeras y de que se crearon otros (como el de Antonio del Valle, quie era propietario de la casa de Bolsa Prime, adquirió Banco Internacional, luego lo vendió a HSBC, para después crear Grupo Financiero Ve Por Más, además de poseer empresas energéticas), al cierre de 2021 había 20 Grupos Financieros.
Controlan tres veces el PIB nacional
De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, el Producto Interno Bruto de México en 2021 fue, a precios constantes (de 2013, que se utilizan para medir la diferencia año con año), de 17.8 billones de pesos y a precios corrientes o de mercado se situó en 24.9 billones de pesos.
Los 20 Grupos Financieros que existen en México manejan cuentas de orden por 54.8 billones de pesos, cifras que significa tres veces el valor del PIB medido en precios constantes o más de dos veces el mismo producto interno bruto, calculado en precios de mercado. Es decir que controlan más del doble del valor total de la economía nacional.
Pero no solo eso, estos grupos financieros, que (repito) se conformaron en buena parte del dinero que les fue defraudado a los ahorradores en el lunes negro de 1987, tienen bienes en custodia (según los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) por 16 billones 840 mil millones de pesos, es decir más del 90 por ciento del PIB del país.
Además tienen activos, en la suma de controladoras y subsidiarias, por 12 billones 837 mil millones de pesos, cifra equivalente a más del 60 por ciento del PIB medido en precios constantes.
Pues este grupo de 20, quizá el verdadero G-20 de México, en 2021 obtuvo utilidades por 387 mil 549 millones de pesos, es decir alrededor dos por ciento del PIB -ya sea medido a precios constantes o corrientes-, que fueron distribuidos entre los 220 mil inversionistas que participan en las casas de bolsa.
Esto significa que, en promedio, cada uno de los inversionistas bursátiles recibió el año pasado un millón 761 mil pesos, nada más por las ganancias de los Grupos Financieros. Si estas utilidades se hubieran repartido entre un millón 250 mil inversionistas que había antes del crack, le habrían tocado a cada uno 310 mil pesos y existiría una mayor distribución de la riqueza.
Al respecto, recuerdo una tesis la gran Borola Tacuche de Burrón, el personaje creado por el maestro Gabriel Vargas: después del crack y cuando el Gobierno Federal y el Banco de México adoptaron la medida para quitarle tres ceros al peso, la dama de la caricatura decía que era una maniobra para que se mantener, con muy pocos miembros, al club de los millonarios.
Del club al cártel de banqueros
Pero ni modo, así como se achicó el club de los millonarios y el número de inversionistas bursátiles no ha crecido en 35 años, se fortaleció el cártel de los Grupos Financieros que además de obtener grandes utilidades se colude para lucrar con los valores del gobierno de México.
El 25 de enero de 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica decidió sancionar a bancos y personas físicas que establecieron acuerdos ilegales en el mercado secundario de intermediación de valores de deuda gubernamental, grupo que incluso internacionalmente se conoció como el cártel bancario.
La Comisión encontró evidencia de que siete bancos y 11 traders (operadores bursátiles y de diversos mercados) pactaron 142 acuerdos ilegales para vender o comprar a precios convenidos los papeles de deuda gubernamental de México. O se coludieron para no comercializar ni adquirir estos bonos del Gobierno Federal.
Este tipo de conducta afectó algunas operaciones del mercado secundario de valores gubernamentales entre 2010 y 2013 y causaron daño estimado al mercado por 29 millones de pesos. Por eso impuso multas por un total de 35 millones 75 mil pesos a los responsables.
Las sanciones fueron para Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan y a once operadores del mercado, de acuerdo con el expediente IO-006-2016, que detalla cómo se pusieron de acuerdo en más de un centenar de ocasiones para lucrar con los valores del gobierno.
La investigación comenzó el 19 de abril de 2017 y se centró en que los intermediarios financieros se pusieron de acuerdo para afectar la demanda de los valores y si se intercambiaban información para imponer sus precios. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda apoyaron a la Comisión de Competencia para llegar a una sentencia cuatro años después, cuando los encontraron culpables.
Pero lo peor es que fue el mismo gobierno, en colusión con los banqueros, fue el que propició el nacimiento de este cartel en la primera década de este siglo, al invitar a un grupo pequeño de instituciones financieras a conformar un mercado exclusivo en el que solo ellos podrían comprar bonos directamente del Gobierno mexicano para posteriormente revenderlos por una utilidad. A este grupo se les llamó “formadores de mercado” y obtuvieron muchos beneficios, mientras que el gobierno obtenía dinero de los inversionistas. En ese pequeño grupo estaban los defraudadores del lunes negro de 1987.
El caso de manipulación de precios puso precisamente en tela de juicio el papel de los intermediarios que operaron en forma similar a lo que sucedió en el crack bursátil, pero al cártel le impusieron multas y los bancos y casas de bolsa crearon su propio código de conducta. En ese momento, 2021, se decía en círculos financieros que, a pesar de las sanciones, la propia Cofece apoyó al cártel que sigue operando, como en el crack de 1987.
Dice el filósofo del metro: la estructura, como el dinosaurio, sigue ahí.
Tianguis
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