Aletia Molina
De gira por Baja California, el fin de semana pasado Andrés Manuel López Obrador recibió las primeras noticias sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al 2019, su primer año de gobierno. Pero un dato lo puso fúrico: el costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, que se estimó en 331 mil 996 millones de pesos, tres veces más de lo anunciado por su administración.
El Presidente giró instrucciones a su Consejería Jurídica y a la Secretaría de Hacienda para que contrastaran la información. Las llamadas a la ASF confirmaron la sospecha: hubo errores en el cálculo del costo de la cancelación, aunque no fueron deliberados. Sin embargo, este solo descuido terminó ensuciando todo el informe, que reveló anomalías por 44 mil millones de pesos del gobierno de López Obrador, un monto superior, nada más por 14 mil millones a las irregularidades detectadas en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
La ASF en una institución nacional impulsora del manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos, y promotora de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los poderes de la Unión y los entes públicos federales, como elementos inherentes de la democracia y el Estado de derecho al que aspiramos los mexicanos.
Es decir, la ASF es un órgano con autonomía técnica y de gestión, que ejerce un escrutinio institucional que es fundamento del Estado de derecho, de la democracia y de la división de poderes.
De un total de mil 358 auditorías entregadas en la Cámara de Diputados, se presentó el Informe General de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año de la administración del presidente López Obrador, en donde se hicieron observaciones por 67 mil 498 millones de pesos, de los cuales hay casos verdaderamente escandalosos como el gasto en la cancelación del aeropuerto de Texcoco y las omisiones encontradas en el aeropuerto de Santa Lucia.
Este es el precio de una decisión inconstitucional en la cual hay un daño patrimonial a la nación y que, por supuesto, se tendrá que dar parte a las autoridades judiciales de ello, para proceder en consecuencia.
Pero el asunto no para ahí, porque hay que sumar que en el “aeropuerto más grande y moderno del mundo”, como llama AMLO a Santa Lucía, lleva gastado en su construcción más de 82 mil millones de pesos, de los cuales, en buena parte de su ejercicio, se encontraron inconsistencias financieras, de planeación y administración que ponen en riesgo la entrada en funcionamiento previsto para el próximo año.
Ante el Informe de la Cuenta Pública 2019, el presidente López Obrador dijo que él tiene otros datos, desde luego no los mostró, y agregó que la información dada a conocer por la ASF es exagerada y está mal.
Las evasivas del presidente López Obrador ante el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública para 2019, no eximen a su gobierno de atender los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, que evidenció la discrecionalidad, la opacidad y el clientelismo con el que se manejaron los recursos públicos durante su primer año de administración.
El Presidente pretende ignorar que la fiscalización de la cuenta pública es una de las funciones exclusivas de la Cámara de Diputados que se ejerce a través de la ASF, con objeto de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si ésta se ajustó a las disposiciones normativas aplicables y constatar la consecución de los objetivos de los programas de gobierno.
Estamos ante dos versiones de un hecho real: por un lado, el reporte de la ASF, sustentado en las auditorías aplicadas y, por otro, la del presidente que solo la soporta en sus dichos.
Y en medio, el dinero público que, de acuerdo a las observaciones hechas por la ASF, se hizo de forma poco escrupulosa y alejada de los ordenamientos legales que existen en la materia, por decirlo de forma decente.
Los cuatroteros asumen que el equipo de David Colmenares no sabe de sumas y restas, que les urge un ábaco, se atrevieron a cuestionar al Presidente y “alguien” lo va a pagar muy caro.
Los auditados tienen la garantía de alegar lo que a derecho corresponda y entregarán sus números y serán, aunque lloren, berreen y pataleen igualmente auditados.
Igual tienen razón… o igual en la Auditoría Superior están equivocados.
Esto es fácil son matemáticas, no política… Aunque para estas fechas en 2022 será otra cosa.
O comprueban que la ASF no sabe cómo usar una calculadora o… están fritos.
@AletiaMolina
