Por Mouris Salloum George
La educación superior de calidad y una cobertura mayor e incluyente han sido un reclamo histórico de la izquierda mexicana. Durante los 30 años de gobiernos neoliberales se dio preferencia a las opciones privadas en demérito de la enseñanza pública gratuita, ésta por obligación constitucional.
En esa época, los avances fueron pírricos; logrando en total apenas un 29% de cobertura para la edad 19-22. Igualmente, los recursos aumentaron, aunque siguieron siendo inferiores a lo recomendado por la UNESCO y la OCDE.
Por tales razones fue bienvenida la propuesta del entonces candidato y ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, de construir nuevas opciones, bajo un proyecto que denominó Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ). “Su proyecto”, no necesariamente el que necesita y demanda el país.
AMLO prometió construir 100 de esas universidades. Sin embargo, gran sorpresa: en su cuarto informe de gobierno mencionó que lleva 145 instituciones UBBJ y que faltan otras decenas.
La coordinadora del sistema UBBJ, Raquel Sosa, dio a conocer que las nuevas universidades atienden a 64 mil jóvenes; que están por inaugurar otras 55 en los próximos meses, y que el sistema ha recibió financiamiento por cuatro mil millones de pesos.
Quienes se ocupan de la materia saben que México tiene miles de instituciones de nivel superior y posgrado. No sobra decir que algunas de éstas –públicas y privadas-, a pesar de las adversidades sistemáticas –el regateo de presupuesto-, se ubican entre las mejores a nivel internacional.
Las universidades de AMLO, con sus características –gratuitas, que no requieren examen de ingreso, y con becas estudiantiles- llegaron a enriquecer la oferta académica y, sobre todo, a atender el grave problema de exclusión a los aspirantes.
Sin embargo, hay que hacer notar que el proyecto presidencial –muy laudatorio bajo el enfoque señalado- está descuidando la calidad del nivel superior. Así lo demuestran recientes protestas estudiantiles: las UBBJ carecen de instalaciones adecuadas, de profesores de alto nivel, de talleres y laboratorios bien equipados; asimismo, de falta de convenios para realizar servicio social y prácticas profesionales.
Es urgente que AMLO atienda el reclamo: no solo se trata de hacer proyectos –quizás con fines electorales, aunque se vale-, sino de asegurarles calidad y sostenibilidad en el largo plazo. Este pudiera ser el gran proyecto social del presidente, que trascienda su gestión, solo si corrige las deficiencias.