Mouris Salloum George*
Lo que en este tema subyace, es el artículo 39 de la Constitución.
Raúl Cervantes Ahumada, profesor emérito de la UNAM y maestro de 59 generaciones de abogados, escribió que el Estado mexicano cruza por una tendencia de la inconstitucionalidad a la anticonstitucionalidad.
La síntesis indica que en México existe desapego al Estado de Derecho, conforme la Carta fundamental.
En el conflicto, que tiene como centro de gravedad la Ley de Remuneraciones, está en juego la clásica división de poderes. Los tres de la Unión han entrado en tensión.
El 39 establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
En ejercicio de esa soberanía, en julio el pueblo delegó los poderes Ejecutivo y Legislativo a una misma fuerza política. El Judicial no pasa por ese filtro.
La fuerza mayoritaria en el Congreso aprobó la ahora imugnada ley. En su contra, el Tribunal Constitucional ha sido requerido a revocar ese mandato.
Un órgano del Poder Judicial, Electoral, calificó los resultados de julio. Esto es, refrendó la voluntad popular.
Hoy, la legitimidad de los poderes Legislativo y Ejecutivo, está siendo puesta en entredicho.
Suspendido aquel ordenamiento, al pleno de la Corte corresponde ir al fondo de la Litis.
En tanto se produce el veredicto definitivo, lo que vemos en escena es un colosal desafío que pone a prueba la racionalidad del poder. No es cuestión de poca monta.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
