Mouris Salloum George
Obispo cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, diputado priista José Francisco Ruiz Massieu…
Desde 1993, en Guadalajara, Jalisco, se sembró la sospecha de crímenes de Estado. La espesa urdimbre política es la envoltura de las verdades históricas que pretenden implantarse a título de fe.
En diciembre de 2004, en un paraje colindante entre el Distrito Federal y el estado de México, se encontró el cadáver de Enrique Salinas de Gortari.
Intento de extorsión o tortura para arrancarle información
El entonces procurador general de Justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, dio la versión púbica de que, en las primeras líneas de investigación, había indicios de que la víctima fue a buscar a los homicidas. La hipótesis más fuerte es que la reunión tuvo que ver con un intento de extorsión, o una extorsión ya en proceso, por personas que tenían información que podía dañar a Salinas de Gortari.
Reiteró el procurador: Tal vez la intención de los homicidas no era el asesinato -por el uso de la bolsa de plástico para asfixiarlo. Eso se hace cuando se quiere prolongar la agonía para hacer sufrir a la personas o para obtener de ella informes o la aceptación de lo que se le está exigiendo. (La sintaxis es del declarante.)
Cinco años después, Navarrete apareció como diputado al Congreso de la Unión. En 2012 fue nombrado por el ex gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, secretario de Trabajo y Previsión Social. En los últimos meses del sexenio, despachó como secretario de Gobernación.
Información comprometedora, al casillero de Seguridad Nacional
¿Quién mató a Enrique Salinas de Gortari? Este tipo de asuntos es complejo y generalmente son reservados en el casillero de Seguridad Nacional. Los móviles reales de los crímenes se pierden en la noche de los tiempos.
Ya está en México, extraditado por España, el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, al amparo de su calidad de testigo protegido, rango que se da a quien está en posesión de información comprometedora, sujeta a la más hermética secrecía ministerial.
Algunos sedicentes líderes de opinión aventuran en torno a las bombas de tiempo de mecha corta que pueden estallar en cualquier momento por las revelaciones que puedan surgir en las indagatorias y las diligencias de rigor.
Hasta ayer, los fiscales de la causa informaron que Lozoya Austin no había rendido aún declaración ministerial; lo que no obsta para que las especulaciones mediáticas sigan a la orden del día.
El punto es este: El indiciado no es remitido todavía a ningún reclusorio: Del aeropuerto donde fue recibido, fue llevado a un hospital privado, donde hasta hoy permanece.
¿Está cabalmente protegida la integridad personal del detenido?
Si la potencial información y su entrega a la autoridad ministerial “estremecerá al mundo político”, porque eventualmente involucre a prominentes ex miembros del Poder Ejecutivo, a altos dirigentes de partidos políticos y a ex legisladores o legisladores en funciones, ¿a título de qué se le conserva en instalaciones hospitalarias particulares que carecen de las más elementales medidas de seguridad que garanticen la integridad personal del detenido?
Son cosas que nuestra imaginación no alcanza a capturar. Grave cuestión.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
