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Por Mouris Salloum George*

 

Resulta doloroso, cada día 26 del mes, ver el doliente peregrinar de los padres guerrerenses clamando por la aparición de Los 43 de Ayotzinapa sin ver, después de cuatro años, una luz en el túnel.

Más indignante aún, observar, un día sí, y otros también, la legión de esposas, madres o hermanas descombrar y desbrozar  inmensos territorios rurales, hallando miles de restos humanos en fosas y cementerios clandestinos, sin tener peritajes forenses que muestren el ADN para identificar a las víctimas.

Aquello de dar cristiana sepultura a un ser querido, es anhelo imposible de satisfacer en el México de nuestros días.

Todavía, hasta hoy, es difícil saber cuántos tráileres ruedan por la Republica, cuántos cadáveres transportan  y a quién pertenece la carga macabra. No hay paz en las calles, ni tranquilidad en las conciencias.

Obligación de Estado: Dar la “más amplia protección a las personas”

En el país y el sexenio de los records y “máximos históricos”, los que ayer se anunciaron son superados por los que se reportan hoy. Los guarismos nada dicen ya del drama humano.

Dice el artículo Primero de la Constitución que, en materia de Derechos Humanos, se favorecerá en todo tiempo a las personas con la protección más amplia: Un deber del Estado mexicano. ¿Y cuántas cosas no promete nuestra Carta fundamental? Estamos como en el siglo 18: Se acata pero no se cumple.

Indicadores de homicidios: 26 por ciento más en un año

Marca de la casa, ayer el Instituto Nacional de Geografía y Estadística apareció en escena para seguir contando -cuanto nos gusta cuentear- los crímenes que son el amargo pan de cada día.

Empecemos por subrayar un dato: 70 por ciento de los homicidios se comete en México con arma de fuego. Pero nos presentamos en Nueva York ante la Asamblea General de la ONU a suplicar que cese el tráfico de armas.

Como si las palabras fueran a conmover a los usufructuarios de la industria del armamento que, a cada nuevo atentado y  clamor social en los Estados Unidos, encuentran la resistencia en El Capitolio y de la Casa Blanca que, en el caso de ataque a centros escolares recomiendan, desde la residencia presidencial, el límite del absurdo: Que los maestros vayan empistolados a las aulas.

Volvamos al INEGI: Su reporte reconoce que, entre 2016 y 2017, el número de homicidios se disparó en un 26 por ciento, para colocar los números absolutos en 31 mil 174. Es pertinente acotar el dato: Se contabilizan aquellos que fueron denunciados en una agencia ministerial y se hace la distinción entre los homicidios dolosos y los culposos. Éstos se remiten a otro casillero. Son muertos de superficie. ¿Y los de las fosas y los cementerios clandestinos?

Los estados líderes en tan odiosa competencia son, por orden nominado por el Instituto, Colima, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa.

Siete de cada 10 mexicanos no se sienten seguros

En esa clasificación cabe un deslinde: Se cuenta por cada mil habitantes. Lo que deja fuera de ese orden a las metrópolis más pobladas en las que, obviamente, la proporción entre población e índice de delito se distorsiona. ¿Se puede medir igual la densidad demográfica de Colima versus estado de México o la Ciudad de México?

La observación vale porque, si se trata de jerarquizar prioridades para combatir el crimen violento, la asignación de recursos públicos, tanto presupuestales como en desplazamiento de personal y equipamiento, también disloca la racionalidad en la solución del problema.

En última lectura, tenemos el dato de que ya somos 125 millones de mexicanos. Las periódicas encuestas sobre la materia indican que 70 por ciento de la población encuestada confiesa que no se siente segura en el lugar en que tiene su domicilio familiar o laboral. Quiere decir que 87  millones de compatriotas perciben riesgos para su vida y su patrimonio. Esta es la verdad monda y lironda

*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.

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