Por Mouris Salloum George*
Transcurrió ya un año de que la correlación de fuerzas partidistas en México registró una modificación radical en la composición de los dos poderes de la Unión pasados por proceso electoral y no se observa, más que en la operación política y meros destellos en la acción legislativa, un cambio real del viejo régimen.
Después de un año de remesones externos e internos, dos de los partidos históricos, el PRI y el PRD, no entran aún en serio a las tareas de reconstrucción y un tercero, el PAN, acaba de perder dos estados estratégicos para la buena marcha de la República.
Ha pasado un año y estamos a once meses de que el Instituto Nacional Electoral empiece a liberar nuevas franquicias a agrupaciones que han solicitado registro como partidos políticos nacionales.
Acusan absolutismo presidencial, pero temen enfrentarlo
Los gobernadores de la mayoría de los estados, sin exclusión de siglas, parecen pasmados y sólo reaccionan como reflejo a las señales que se desprenden desde Palacio Nacional. No asumen iniciativas propias ni en aquellas entidades bajo grado de observación de su deuda pública o en las que ya han sido declarados en insolvencia financiera.
Si las formaciones derrotadas en julio de 2018 se gratifican sólo en la acusación de que se está restituyendo el absolutismo presidencial, ¿a qué se debe entonces que hasta ahora no se debata una Reforma política de largo aliento que restaure a fondo el sistema de partidos, que se pretendió fortalecer en la reforma del 77-78?
Ese imperativo no es menor, si la idea del orden constitucional no puede ponerse en acción fragmentariamente, en retazos casuales dictados por el instinto mediático que se agota en el mero protagonismo personal.
En la agenda de estos días, aunque también en busca de efectismo en la opinión pública, está la prometida iniciativa del Presidente López Obrador de exponer su investidura a consulta popular recurrente en las elecciones intermedias de diputados federales en 2021.
Son, precisamente las minorías parlamentarias en el Congreso de la Unión que están a la caza de gazapos del inquilino de Palacio Nacional, las que más trabas ponen a ese propósito.
Lo hacen, por franco temor electoral, pero invocan razones de orden constitucional o legal en las que fincan supuestos de falta de equidad democrática en los procesos del 21, que incluyen el cambio en 14 gubernaturas, cuyos titulares serán factótum en las elecciones presidenciales de 2024.
Es llegada la hora de la democracia participativa
Lo que resulte legislativamente de ese asunto específico -en cuya respuesta el jefe del Ejecutivo acaba de proponer la fecha alternativa del 21 de marzo del 21-, se sedimentará quizá hasta el periodo ordinario de sesiones que se inicia el 1 de septiembre próximo.
Lo que no se puede pasar de lado es que, en la torpe discusión de origen más que nada glandular, lo que está en juego es el derecho ciudadano a la revocación de mandato de quienes traicionan la voluntad de los votantes y la confianza que en ellos depositaron.
No es cuestión de poca monta: La revocación de mandato se inserta en el ejercicio de la democracia directa. Los que se oponen a la consulta popular lo que defienden en el fondo es la democracia representativa, en la que medran los empedernidos bellacos. No se vale.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
