Por Mouris Salloum George
Como lo sabe la opinión pública, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó seis denuncias formales ante la FGR contra Romero Deschamps, cacique petrolero durante 26 años y algunos más, acusándolo por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, fraude con divisas y crimen organizado dentro de Pemex, el caso nunca procedió.
A pesar de los centenares de denuncias de trabajadores petroleros que localizaron voluminosas cuentas de Romero en paraísos fiscales, depositadas gracias a contratos off shore certificados en la notaría del esposo de una empoderada, todo se estrelló frente a un muro infranqueable.
Por toda respuesta, ante reiteradas preguntas de los reporteros de prensa, el insobornable fiscal Gertz Manero siempre contestaba que las denuncias de referencia no procedían ” porque tenían que estar certificadas”, aunque se tratara de delitos graves que requerían investigación de oficio. Aunque fueran atentados contra la soberanía nacional. Insólito.
Ahora, con sus derechos laborales a salvo, Romero Deschamps se retira voluntariamente de las nóminas de Pemex, pero este retiro no es definitivo. La ley laboral, tutelar por antonomasia, señala que si el trabajador fue obligado a presentar su renuncia, y lo acredita, no procede. En cualquier momento podrá regresar, y ser electo líder de nuevo, como es el caso que nos ocupa.
Romero Deschamps encabeza una lista de delincuentes que comprueban plenamente el fracaso de la justicia selectiva y el triunfo de la impunidad inmune, más deletérea que la corrupción misma. Confirma que los procuradores de justicia jamás supieron qué es un delito que se persigue de oficio.
Sólo a un aprendiz o a un diletante se le ocurriría pensar o proponer que en casos de delitos graves que ofenden el interés superior de la nación, las querellas de parte requieren ratificación, como lo ha determinado la Fiscalía General de la República.
Ha sido un dislate mayor que implica una grave ofensa al sentido común y al país en general. Las querellas sobre ese tipo de delitos que ofenden la dignidad de la República deben ser seguidas de oficio, independientemente de que sean ratificadas o no, aunque otros jueces huizacheros hayan concedido amparos al delincuente.
Es el caso que hasta la fecha, Romero Deschamps no ha podido ser declarado el principal responsable del robo diario de un millón de barriles de crudo en tierra firme, aguas someras y altamar en el Golfo de Campeche, así como de encabezar pandillas de huachicoleros.
En un estado de Derecho el caso no está cerrado, porque a pesar de lo que opinen los delincuentes de cuello blanco que administran la impartición de la justicia, los delitos contra el interés superior de la Nación no prescriben jamás.
Ningún caso de este jaez puede ser olvidado, ni recurriendo al viejo expediente del perdón y olvido. No cabe la especie tratándose de casos que ofenden el sentido común del interés supremo del país.
No se trata de errores de apreciación ni de proyección, sino de errores – contradictio in adjecto le llamaban desde la antigüedad - que se encuentran operando frente a las narices. Son errores de fondo que implican grandes ofensas a la justicia y a la estructura constitucional del país.
Aunque hayan sido perdonados a cambio de grandes sumas. A pesar del poder que haya tenido quien lo absolvió.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
