Jorge Meléndez Preciado
La foto de Luis Castillo lo dice todo. La señora María Isela Valdez, de rodillas, el presidente, Andrés Manuel López Obrador tratando de levantarla y Alfonso Durazo, encargado de la Seguridad Pública, anonadado (La Jornada, 25 de junio).
Ella clama por que encuentren a su hijo. El mandatario no sabe realmente qué hacer. Y quien supuestamente cuida a la población está petrificado. Y es que la desaparición de personas es algo que los diferentes gobiernos no han podido evitar ni parar. Todos los días el número aumenta y de no ser por las madres, los familiares, los ciudadanos que se organizan y van en búsqueda de sus familiares o amigos la autoridad es realmente ineficiente.
Cuando se inició el sexenio hubo Foros de Paz en varios estados. De forma inopinada se interrumpieron. Ahora al parecer se volverán a reiniciar, ya que existe el compromiso de López Obrador de realizarlos cada 90 días. Algo necesario para que se presenten los avances y cómo van corrigiéndose los problemas. Incluso se ha dicho que hubo, como en muchos asuntos prioritarios, un recorte al presupuesto inicial. Aunque el ejecutivo aseguró que no ha sido así y que se pondrá todo lo necesario para resolver una cuestión nodal en la vida mexicana.
Sentenció López Obrador: “Hay 72 asunto prioritarios en el gobierno y el número uno es el problema de la inseguridad y sobre todo, el de los desaparecidos”. Frente a dicho problema no me esconderé, a pesar que viene de tiempos atrás.
En tanto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, anotó que se destinarán 420 millones de pesos al Servicio Médico Forense, algo importantísimo ya que muchos colectivos encuentran restos humanos y lejos de avanzar en su identificación, en muchas ocasiones se entrampan ya que no hay quienes puedan ubicar con precisión de quiénes son las osamentas.
Karla Quintana, de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tiene una tarea colosal. En los últimos tiempos se han encontrado 207 sitios de inhumaciones clandestinas, en estados como Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Colima y Zacatecas. Se descubrieron 426 fosas clandestinas, en dicho estados más Guerrero y Sonora. Y se pudieron localizar 551 cuerpos en cinco entidades.
Se sabe que hay cuando menos 40 mil desaparecidos, pero la cifra puede ser muy pequeña si tenemos noticia que las denuncias no se hacen porque no se confía en la autoridad, se recela de las fuerzas armadas, se forman cuadrillas para intentar localizar a los que no se vuelven a saber de ellos. Todo sucede en el país que es una fosa clandestina.
A 57 meses del caso de los muchachos de Ayotzinapa, sus familiares se plantaron frente a la Fiscalía General y exigieron que se ponga realmente atención en este asunto, ya que hasta ahora, dijeron, no se ven los esfuerzos de fondo que debe haber por el gobierno de la Cuarta Transformación.
Y justamente días antes, se divulgó un video en el cual Carlos Canto Salgado, uno de los involucrados en dicho problema, era torturado para que dijera lo que sabía. Uno de los agresores fue Carlos Arrieta, director de la Policía Federal Ministerial con Jesús Murillo Karam, y hasta hace poco subdirector de la Policía Michoacana en el gobierno de Silvano Aureoles, quien lo defendió, no obstante que el malandrín había renunciado. Pero no se le ha detenido para que se investiguen sus fechorías y se obtengan nuevas evidencias.
La señora Delia Salgado, señaló que la CNDH jugó un papel decepcionante, ante dicho acontecimiento. Dijo que está dispuesta a perdonar si se libera a su hijo (Aristegui, 24 de junio).
La CNDH dijo que pedirá nuevas investigaciones. Aunque Témoris Greko (Youtube, 25 de junio), señaló que la agrupación no ha realizado bien su trabajo, ya que en el informe presentado antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, la agrupación decía que habían existido ocho torturados, siendo que en realidad fueron 34. Entre ellos el mencionado Canto, del cual ya había relatado su tormento, la maestra Anabel Hernández.
Para Jan Jarab, Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, el multicitado suceso de Carlos, muestra que entre las autoridades de nuestro país existe un cobijo amplio a la impunidad y a la violación de las personas.
En el terreno económico, la encargada del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos- Fajart, apuntó una desaparición de impuestos de cuando menos 354 mil millones de pesos por facturas falsas.
México, el país de los desaparecidos.
@jamelendez44
