CARACAS, VENEZUELA, 31 de marzo (AlmomentoMX).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha consumado la toma de la Asamblea Nacional al asumir sus “competencias parlamentarias”, escudándose en la situación de desacato que él mismo decretó.
La Sala Constitucional de la máxima instancia judicial de la revolución emitió hace unas horas su sentencia número 156, que declara la “omisión inconstitucional parlamentaria”.
De acuerdo con el diario venezolano El Nacional, de esta forma, siete magistrados nombrados a dedo por el chavismo sustituyen a los 167 diputados elegidos en las elecciones de diciembre de 2015.
El Supremo ha emitido más de medio centenar de sentencias contra el Parlamento y la oposición hasta llegar a su última decisión, hecha pública durante la noche.
Durante 15 meses, la Asamblea Nacional ha vivido bajo el asedio del chavismo: el Gobierno se negaba a ejecutar sus leyes, el Supremo las ilegalizaba, los radicales les amedrentaban en las inmediaciones del Palacio Legislativo, el Estado no traspasaba fondos económicos para su mantenimiento y los diputados no recibían sus sueldos. En este tiempo, el chavismo en la calle ensayaba un grito de guerra: “¡Y va a caer, y va a caer, esta Asamblea va a caer!”.
“Golpe de Estado” y “dictadura”. Así reaccionaron diputados y dirigentes de la oposición tras conocer una sentencia, la 156, que sucede en menos de 48 horas a la 155, que acusaba de traidores a la patria a los parlamentarios opositores, les arrebataba la inmunidad parlamentaria y concedía a Nicolás Maduro superpoderes para legislar e incluso para forzar su encarcelamiento.
Por su parte, el coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, condenó la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y aseguró que el máximo tribunal del país “decretó formalmente la dictadura”.
“Denunciamos ante el mundo la consumación de un golpe de estado en Venezuela tras la disolución del Parlamento”, escribió López a través de su cuenta en Twitter.
El líder opositor insistió que Venezuela está viviendo “momentos definitivos” y que se debe elegir si se está a favor de la democracia o de la dictadura.
“Venezolanos, la lucha para derrotar a la dictadura y recuperar nuestra libertad y democracia debemos darla en todos los terrenos”.
También solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) aplique la Carta Democrática y al Mercado Común del Sur (Mercosur) la revisión de cláusulas y protocolos democráticos.
“Los gobiernos de los países del continente deberán responder ante sus pueblos y la historia por sus posturas ante la dictadura venezolana”, calificó López.
El preso político hizo llamado a la calle para desconocer la dictadura a través de voto popular para que “rescataremos nuestra libertad y democracia”.
Mientras tanto, en Nueva York, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, se reunió este viernes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para pedir que los Estados miembros apliquen la Carta Democrática a Venezuela.
Capriles viajó de Colombia, donde estuvo este jueves para promover el envío de alimentos y medicinas a Venezuela, a Washington para abordar con Almagro la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las facultades de la Asamblea Nacional.
Se espera que Capriles hable con la prensa para explicar el resultado de la reunión.
Almagro solicitó formalmente a la Presidencia del Consejo Permanente del organismo que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
El secretario general pide que se consideren sus informes críticos sobre Venezuela (del pasado 30 de mayo y del 14 de marzo), “así como los efectos sobre el orden constitucional democrático de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela”, según la solicitud, firmada hoy, a la que tuvo acceso EFE.
Ahora está en manos de la Presidencia de turno del Consejo decidir si se convoca esa reunión y cuándo, una responsabilidad que hoy tiene Belice pero a partir de mañana será de Bolivia, gran aliado de Venezuela y que se opone a que haya sesiones sobre el país sin el beneplácito de su gobierno.
No obstante, la Presidencia del Consejo es un puesto de carácter protocolario que cambia cada tres meses y, de haber los votos, no podría negarse a que se celebrara la reunión, aunque sí podría intentar retrasar los procesos con mecanismos formales, según explicaron a EFE fuentes diplomáticas.
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