Fernando Irala
Menos de tres días transcurrieron desde que fue conocida la solicitud de la justicia estadounidense de detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa y una decena de figuras relacionadas, a las que se acusa de tener nexos y pactos con el crimen organizado, para que Rubén Rocha Moya pidiera licencia a su cargo.
El caso ha tenido el efecto de una bomba de fragmentación que ha pegado en el aparato de gobierno mexicano, como una onda expansiva que apenas ha comenzado.
En los primeros momentos, la reacción de los actores políticos, empezando por la Presidenta de la República, fue instintiva. De la observación inicial de que no se aportan pruebas en el pedimento, se pasó al discurso que les ha funcionado en la relación con el gobierno de Washington. Se habló de soberanía, de unidad nacional, de dignidad.
Pero luego de ello la primera mandataria arribó a Palenque, un lugar simbólico que debió haber evitado para no hacer evidente la crisis y el desconcierto, y lo que ocurrió a continuación fue la repetición de viejas prácticas de la política mexicana. El mandatario sinaloense y el alcalde de Culiacán anunciaron simultáneamente sus solicitudes de licencia, que fueron aprobadas en las siguientes horas en las instancias correspondientes.
Ahí, por supuesto, no termina la pesadilla. No nos referimos a la historia personal de los funcionarios acusados y ahora defenestrados, sino a la que enfrenta el gobierno mexicano en su relación con Estados Unidos.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en realidad desde mucho antes, en los aparatos de justicia y seguridad del país vecino se ha enfatizado la acusación de que en México el crimen organizado no sólo controla territorios, sino que ha capturado a su servicio a diversos niveles e instancias gubernamentales.
Las advertencias han sido muchas, pero esta vez se ha procedido con un instrumento sin precedente contra personajes del gobierno en funciones. Y los antecedentes del tema se convierten en elementos de presión adicional. Los medios han recordado como en tres ocasiones recientes, se ha entregado a las autoridades del vecino país a un medio centenar de reos de manera más que expedita, pasando sobre las leyes de extradición vigentes y anteponiendo la Ley de Seguridad Nacional. Esta vez en cambio se hace una lectura en extremo rigorista del convenio respectivo, y donde éste dice que debe haber pruebas suficientes del lado mexicano se han exigido pruebas contundentes, y aunque el articulado precisa requisitos simples para la detención provisional, ahora se señala la falta del expediente completo, para lo cual hay plazos y previsiones muy claros.
Todo lo cual ha llevado a que se perciba más bien una intención apenas disimulada de obstruir el proceso, darle largas y proteger a los acusados.
No es para menos, pues se ha filtrado que existen varios casos más que la justicia norteamericana tiene armados contra otros gobernadores, alcaldes y funcionarios diversos, involucrados con los criminales.
Ceder ahora conlleva para el régimen de la 4T riesgos apenas imaginables. No ceder, implica elevar lo que hasta ahora ha sido una tensión que se ha ido sorteando en el día a día con la Casa Blanca, a un choque frontal de consecuencias también imprevisibles.
Hemos llegado a un punto de no retorno y, como se decía en la antigua Roma, “alea jacta est”, la suerte está echada.
