CIDH llamó a suspender “Quién es quién en las mentiras”; AMLO rechaza llamado

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CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó quitar de su conferencia matutina la sección ”Quién es quién en las mentiras”, tal y como lo sugirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que consideró a este bloque contribuye al aumento de la violencia contra periodistas.

Durante la Mañanera de este miércoles, desde Palacio Nacional, el mandatario federal criticó que la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que pertenece la CIDH, actúe de manera ”injerencista” y ”al servicio de los grupos de intereses creados”, por lo que no tiene ninguna autoridad moral ni política. 

”Yo le recomiendo que desaparezca la OEA, que no sirve para nada o sea, ¿sirve para algo la OEA? ¿Saben ustedes que haya hecho algo bueno la OEA? Lo único que ha hecho es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina, nada más eso, entonces no tiene ninguna autoridad ni autoridad moral, ni autoridad política”.

En el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, especialistas denunciaron la difusión de un discurso estigmatizante contra las y los periodistas desde el Gobierno de México, específicamente desde la sección “Quién es quién en las mentiras”.

Al considerar que la sección contraviene estándares interamericanos sobre libertad de expresión, la CIDH exhortó al gobierno a suprimirla. “La Relatoría llama al Estado a suspender esta práctica”, pues solo incrementa la hostilidad contra quienes ejercen la labor periodística. 

⇒ De acuerdo con la CIDH, el discurso estigmatizante de los funcionarios públicos dificulta los esfuerzos para combatir la violencia hacia periodistas, incrementa la hostilidad y los riesgos de la labor informativa, y fomenta un contexto de autocensura para reportar sobre asuntos de relevancia pública.

Aunque el gobierno de México ha dicho que esa sección se basa en los artículos 6 y 7 de la Constitución, los cuales establecen el derecho de la ciudadanía a “estar debidamente informada” sobre las acciones gubernamentales, la Relatoría Especial considera que este ejercicio no contribuye al debate público.

Al contrario, “tiene el potencial de incrementar los riesgos inherentes a la labor periodística, especialmente en un contexto de escalada de violencia contra personas comunicadoras”. Pues se califica el trabajo de la prensa como “mentiras”, “noticias falsas” o “conservadores”.

El organismo reconoció la importancia de combatir las noticias falsas; pero, subrayó, realizar un chequeo gubernamental de los contenidos periodísticos y etiquetar a los medios y periodistas pone en riesgo las garantías para la libertad de expresión y la institucionalidad democrática en México.

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Redacción/dsc
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