Jorge Meléndez Preciado
Más víctimas, investigaciones cero y violencia en aumento
Siguen cayendo periodistas sin la menor preocupación de las autoridades. Ahora fue en Baja California, donde ultimaron a Luciano Rivera, el noveno compañero que es asesinado este año. Trabajaba en la Cadena de Noticias Rosarito y en El Dictamen. Obviamente, hay reclamos porque se aclare el terrible acto.
Pero sabemos que no será así. Legisladores anunciaron que hace un mes, Ricardo Sánchez Pérez, encargado en la PGR por la libertad de expresión, quedó de entregar un documento acerca de las acciones realizadas y su plan de trabajo y simplemente ignoró a los diputados. Era lógico, este señor que tomó posesión de su cargo hace meses, se había comprometido con organizaciones de periodistas a trabajar conjuntamente con ellas, pero su palabra quedó flotando en el aire.
El 31 de julio, al cumplirse dos años de la masacre en la colonia Narvarte, donde se efectuaron los homicidios de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Mile Virginia, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete se clausuró parcial y simbólicamente la Procuraduría General de Justicia de la CdMx ya que hasta el momento las investigaciones han sido fallidas y no llevan a un castigo de los culpables, no obstante que hay tres detenidos: Daniel Gutiérrez, José Torres y Omar Martínez, quienes pueden salir libres ya que no hay solidez en las pruebas en su contra, únicamente los dichos de ellos, algunos que, según dicen los implicados, fueron arrancados mediante torturas.
Decimos que la clausura de la Procuraduría capitalina fue parcial, ya que los guaruras se opusieron a que los activistas, entre los que se encontraban compañeros y familiares de Rubén, pudieran cerrar una de las puertas. No obstante que se trataba de una acción ciudadana pacífica, la repuesta, como siempre, fue la prepotencia.
El ex procurador, Rodolfo Ríos Garza, había señalado al principio de la averiguación citada: “los hechos que sucedieron no tienen nada que ver con su actividad periodística”, en el caso de Rubén (Proceso, numero 2126), y asimismo que el acoso a Nadia Vera, la cual igualmente tuvo que salir de Veracruz, no provenía del gobierno de Javier Duarte. Es decir, se vio el multihomicidio como un asunto de narcotráfico, ya que una de las víctimas, Mile Virginia, era colombiana. Algo que resultó totalmente manipulado. Pero esa versión propalada por varios informativos, al decir de fotógrafos de Veracruz, era sesgada y revictimizó a los que perdieron la vida.
No fue sino hasta que la Comisión de Derechos Humanos del entonces DF, emitió una recomendación el 21 de junio, señalando entre otras cuestiones que: “Las actuaciones ministeriales, a la fecha, carecen de una investigación adecuada, diligente, integral, oportuna, eficaz y exhaustiva”; además, que se violaron muchas normas y se alteró la escena del crimen, o sea, un auténtico cochinero. Ello trajo la renuncia de Ríos Garza (24 de julio 2017). Pero en su lugar quedó Edmundo Garrido Osorio, su hombre de confianza y quien inició la malísima indagación.
Como siempre, las autoridades dijeron que resolverían el caso “lo antes posible” (Miguel Ángel Mancera). Que se reunirían periódicamente con los abogados y los familiares de las víctimas, lo cual no ha ocurrido, ni siquiera el día del plantón en la Procuraduría.
Ahora se sabe que una de las presumibles líneas de investigación es muy posible. Y es que tanto Nidia como Rubén dijeron que los perseguían desde Veracruz y señalaron al entonces responsable de la SSP de la entidad, Arturo Bermúdez (hoy encarcelado por varios delitos en Jalapa). Este tenía seis empresas de seguridad en la Ciudad de México, una de las cuales está ubicada a menos de diez minutos del departamento en el cual se llevó a cabo la matanza, según informó el portal Aristegui Noticias.
En el acto del 31 de julio de este año, uno de los oradores señaló que si en verdad llega a ser candidato a la presidencia de la República el ex procurador capitalino y actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, los periodistas que asistan a sus actos deben recordarle, siempre, que prometió resolver un caso que conmueve a la sociedad y no lo hizo.
Ya hemos dicho que la mayoría de la población de esta urbe mayúscula siente que el problema mayor que vivimos es la inseguridad y el crimen. Además, que la violencia ha crecido como nunca en los últimos 20 años, por lo que asuntos como el de Tláhuac no son tan novedosos, ya que antes el cártel de Unión Tepito ha realizado masacres contra grupos rivales, como el caso de Heaven.
Tiene razón el colega Álvaro Delgado (El Heraldo, 1 de agosto), si en realidad se quiere detener la violencia debería atacarse de frente y no utilizarla como un arma propagandística contra adversarios políticos, como ahora parece que ocurre.
@jamelendez44
