Rajak. B. Kadjieff / Moscú
*Inna Besújova, investigadora de la Universidad Lomonósov.
*Las responsabilidades de Vladímir Putin y Alexander Lukashenko.
*Violaciones flagrantes e inocultables a la legalidad internacional.
*Cualquier tipo de colaboración con la UE es inviable.
*Se cometió un acto de guerra que no debe quedar impune.
Inna Besújova es profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Estatal Mijaíl Lomonósov de Moscú, y tiene numerosos artículos críticos al régimen de Vladímir Putin publicados en el extranjero, entre otros uno referido en profundidad a Bielorrusia.
Con firmeza y determinación inusuales, que sus colegas académicos llaman “valor intelectual y civil”, la maestra Besújova inicia con una introducción contextual: “Hay que partir de que, en la realidad dentro del reino de las necesidades, Bielorrusia mantiene un Tratado de Unión con Rusia desde 1999”.
Tal hecho -añade- parece haber consumado una fusión de los dos Estados manteniendo una 2ficción de estructura institucional independiente, pues desde la ratificación de ese tratado hubo periodos en los que Alexander Lukashenko intentó tímidamente diseñar una política exterior de carácter que llamamos multivectorial”.
Es decir -dice la académica moscovita- que ampliase sus potenciales socios más allá de su total dependencia económica, energética, financiera y militar de Rusia; pero a partir del inicio del gobierno de Vladímir Putin, y en particular después de la anexión de Crimea y de la consolidación de su intervencionismo en Ucrania en marzo de 2014 en los distritos orientales de la península, esa ausencia de autonomía se acentuó.
La reacción inicial del gobierno bielorruso -deja en claro Inna Besújova- no se tradujo en el apoyo al Kremlin sino, más bien, por la precipitada búsqueda de potenciales socios comerciales y aliados que compensasen el desequilibrio de las relaciones bilaterales asimétricas mantenidas con Rusia.
“En ese momento aparecieron las posibilidades con China, con Estados Unidos y con la Unión Europea (UE), con la que mantenía varios instrumentos de cooperación abiertos; sin embargo, es inviable cualquier colaboración con esa entidad continental y multinacional”, afirma Besújova.
Las características autoritarias y personalistas del régimen de Alexander Lukashenko se acentuaron tras las elecciones de 2015, y la condicionalidad establecida por la Unión Europea (UE) en torno a los principios democráticos y en materia de derechos humanos no funcionan.
¿Por qué? Porque Bielorrusia no pertenece al Consejo de Europa ni, por tanto, a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo cual hizo inviable cualquier tipo de colaboración.
Durante el mandato presidencial de Lukashenko entre 2015 y 2020, se acentuaron las presiones de Vladímir Putin para profundizar en las estructuras políticas y militares que favoreciesen la integración de las instituciones de ambas repúblicas en virtud del Tratado de Unión de 1999.
No obstante, los recelos de Lukashenko al respecto se centraban en la posibilidad –más que probable– de que Putin liderase como presidente único ambos Estados dada la limitación constitucional de renovar su mandato presidencial en Rusia en el año 2024.
Sin embargo, para Inna Besújova, su margen de maniobra era reducido por la dependencia intrínseca de Bielorrusia respecto de Moscú, y desde esas elecciones presidenciales en Bielorrusia de 2020, Putin ha fagocitado paulatina y silenciosamente a esta república.
Hay que advertir que las fuerzas armadas rusas y bielorrusas han participado en numerosos ejercicios militares conjuntos (ZAPAD, entre otros), preparando la agresión que finalmente han perpetrado contra Ucrania.
“Ya no era necesario articular otro tipo de colaboraciones derivadas de la membresía en las organizaciones regionales lideradas por Moscú, como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), similares a las que hemos asistido recientemente en Kazajistán”, comenta la profesora.
Para ella, el control instrumental de Bielorrusia ha mostrado algunos perfiles evidentes en episodios como la utilización de los refugiados –trasladados a la frontera entre Bielorrusia y Polonia desde diversos Estados– como arma geopolítica o, por ejemplo, en episodios inéditos como el de piratería aérea de Estado.
En definitiva y para concluir, “estamos asistiendo a una violación flagrante de la legalidad internacional y de su núcleo normativo superior: las normas de ius cogens que son de eficacia hacia todos y para todos (erga omnes)”.
En fin, son ilícitos internacionales de especial gravedad -crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y agresión-, “y a pesar de que Bielorrusia y Rusia no pertenecen a la Corte Penal Internacional porque Putin no ratificó el Estatuto de Roma de 1998”.
Con un añadido, según Inna Besújova: El presidente de la Federación Rusa revocó su firma en 2016, y no olvidemos que él como directo agresor desde el Kremlin, y Lukashenko, como cooperador necesario desde Minsk, son los máximos responsables de agresión que no debería de quedar impune”.
