Francisco Gómez Maza
Yo te aseguro que yo no fui
Pégale, pégale, que ella fue
Cosas veredes, amigo Sancho. El vocero del Poder Ejecutivo no ha abierto la boca, ante las revelaciones del portal digital del periódico electrónico, Animal Político, y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que descubrieron, en las auditorías de las cuentas públicas 2013 y 2014, graves presuntos delitos de corrupción, por lo menos, si no es que de despojo, robo, asalto, atraco de parte de altos funcionarios de la estructura gubernamental en perjuicio del Erario, de lo cual el medio digital dio cuenta este martes 5 de septiembre.
Hasta el momento de redactar este despacho, el Ejecutivo federal no había salido a dar la cara ante las revelaciones del “desfalco” por el equivalente en pesos de 192 millones de dólares, “desaparecidos” mediante contratos sin garantía, en los cuales fueron intermediarias cuando menos ocho destacadas instituciones de educación superior.
Simplemente el dinero, miles de millones, se esfumó entre empresas contratistas, proveedoras, de fantasía, fantasmagóricas, inexistentes, a través de subcontrataciones de por lo menos 8 universidades públicas, entre las que destaca la Universidad Autónoma del Estado de México.
Y aún hay más, como decía Raúl Velasco, aquel presentador de la televisión que inventaba personalidades de la actuación: La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorros y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema.
Los apoyos, de acuerdo con el reporte periodístico, debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que sólo se entregó el 7% de las despensas que, supuestamente, se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres. Únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.
Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias. ¿Y el dinero? “No ta”, como dicen los bebés de dos añitos. Desapareció. Pero tiene que estar, ab ovum, por supuesto. Y el gobierno tiene que responder a estas acusaciones, sustentadas en el trabajo que incansablemente realiza la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
El medio digital reveló que algunas de las universidades y dependencias del gobierno federal, que celebraron contratos para desviar miles de millones de pesos, respondieron a través de cartas a lo revelado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI). Unos aseguran que los contratos fueron firmados legalmente; otros niegan ser sujetos de investigación y los que tienen observaciones de la ASF aseguran estar trabajando para aclarar lo sucedido.
Lo cierto es que #LaEstafaMaestra reveló que el gobierno federal, a través de 11 dependencias, celebró contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y, de este dinero, no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. Olímpicamente se los embolsaron. No se puede pensar en otra posibilidad. Esto no es más que corrupción institucional, estructural, sistémica. No se trata sólo de un político, sino de toda la estructura, en una praxis generalizada y motivada por la filosofía de la corrupción, en la cual lo más natural, normal, moral, es el robo, el meter las manos en la caja del Erario y extrañarse de que, ante los ciudadanos, esas acciones sean calificadas de actos de corrupción. De la impunidad hemos pasado al cinismo como virtud. Ante esto, por poner un caso ejemplar, Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador der Veracruz, es una santa paloma, santa paloma que presuntamente está en la cárcel para ser castigada por la justicia.
Sólo para su información, querido lector. Va un ejemplo. No podemos incluir más información, porque este espacio de Análisis a Fondo no es el indicado. Es sólo un breve, brevísimo, reporte analítico diario. Los periódicos sindicados a esta columna sólo “aguantan”, cuando mucho, un texto der 600 palabras (Y hasta aquí llevamos 700):
La Universidad del Estado de México – revela el reporte periodístico de Animal Político- asegura que no cuenta con ninguna queja, sanción o procedimiento administrativo en alguna instancia. Falso. La ASF reporta haber presentado una denuncia de hechos, “debido a que se realizaron pagos injustificados, durante los ejercicios 2013 y 2014, con recursos provenientes de convenios de coordinación”.
La Universidad del Estado de México asegura que atiende, de manera puntual, las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, después de los señalamientos, hace dos años, aún no termina con el desahogo de las pruebas y las observaciones. La universidad tiene 46 acciones en seguimiento por las Auditorías Forenses practicadas en la revisión de la Cuenta Pública de 2013 y 2014. Algunas incluso por probable daño a la Hacienda Pública Federal por 129 millones de pesos, por pagos injustificados a una empresa y a 27 personas físicas que realizaron el mismo servicio, como lo indica la acción 14-4-99015-12-0207-06-001.
También afirma (la Universidad) que no ha sido partícipe de ninguna estafa o fraude, pero sólo durante la revisión de las cuentas públicas de 2013 y 2014, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad constataron que contrató a una empresa fantasma y al menos ocho más, que no cumplen con los requisitos mínimos legales para constituirse como empresas.
Los ciudadanos, por principio de cuentas, esperan una aclaración verdadera a las conclusiones de la ASF. Y como todos los involucrados en este desaguisado son altos funcionarios de la administración federal, se espera que el poder ejecutivo dé la cara.
Grave lo que afirma el The New York Times en su edición digital de este miércoles 6 de septiembre: “Una investigación periodística, publicada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reveló un esquema usado por el gobierno para desviar fondos públicos a través de universidades y de una red de empresas fantasma.”
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